Una iniciativa popular para acabar con la pobreza

Periodista

La Mesa del Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad, el pasado 12 de marzo, aceptar a trámite la iniciativa legislativa popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía. A partir de ese momento, ha empezado el proceso de recogida de firmar para alcanzar las 50.000 necesarias para que esa iniciativa sea debatida en el Parlamento.

Esta Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha de ser una prestación económica que garantice a todos los ciudadanos unos ingresos por encima del umbral de la pobreza, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Catalunya. En el artículo 24.3 del Estatuto se dice que “las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.

La legislación vigente de la Generalitat ya recoge que los presupuestos anuales deben indicar la renta de suficiencia que determina, actualmente, el estado de necesidad en 664 euros mensuales, por doce pagas al año. Se contempla, además, una suma adicional resultante de multiplicar por 0,7 esa cantidad por el número de personas que viven en el núcleo familiar. Así, la RGC para un domicilio con dos personas sería de 1.129 euros al mes, y para uno de tres, 1.594.

La RGC se considera un derecho de todo ciudadano y ciudadana que tenga más de 18 años o esté emancipado antes de esa edad, que viva legalmente en Cataluña, acreditando doce meses de residencia continuada y con ingresos inferiores a la cantidad que establece esa renta .Conlleva la obligatoriedad de que su beneficiario tenga que aceptar una oferta de trabajo adecuada.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona Jordi Arcarons ha calculado que, con datos de 2012, la aplicación de la RGC supondría para la Generalitat un gasto de 1.871,8 millones de euros. El Gobierno catalán actual efectúa unos cálculos más al alza y sitúa ese gasto por encima de los 3.500 millones. Los impulsores de esta iniciativa legislativa popular creen que esa cantidad se puede obtener, con creces, con los siguientes ingresos:

. Reducción economía sumergida: 7.214 millones.
. Nuevo tipo de impuesto sobre sociedades: 2.607 millones.
. Impuesto de transacciones financieras: 935 millones.
. Impuesto sobre la riqueza: 636 millones.
. Restricciones al sistema de módulos y Sicav, aumento del tipo al ahorro y ganancias patrimoniales al general: 279 millones.
. Prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública: 262 millones.

Estas cantidades sumadas representan 6,4 veces lo requerido para la RGC, en cálculos de Jordi Arcarons, o 3,4 veces lo previsto por el Gobierno de Artur Mas.

Esta propuesta, ilusionante para una sociedad acostumbrada a las malas noticias y perspectivas económicas de los últimos tiempos, cuenta con un apoyo importante en el Parlamento que deberá discutirla. PSC, ERC, IC i EUiA la apoyan. Entres sus impulsores están los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, ATTAC-Acordem, la Red de Renta Básica, Justicia y Paz, la Asamblea de Trabajadores/as Parados/as de Catalunya y la Asamblea Social deCatalunya.

Es previsible que las 50.000 firmas se recojan con rapidez. Como también es previsible que los buitres de las finanzas, actuando a plena luz del día como lo hacen últimamente, se resistan a entregar a los ciudadanos esos 1.871,8 o 3.500 de millones. Sobre todo, teniendo en cuenta, que si Cataluña pone en marcha esta Renta Garantizada Ciudadana será difícil parar su expansión a Madrid, Atenas, Berlín o Nicosia.