Una tormenta perfecta dispara el precio de la luz
La escalada de precios de la electricidad en el mercado mayorista que estamos viviendo en este inicio del año no se traducirá en una subida proporcional en el recibo de la luz, pero sí lo empujará inexorablemente al alza en plena ola de frío. Urge completar la reforma del sistema eléctrico y avanzar lo antes posible hacia un sistema eléctrico 100% renovable.
¿Por qué esa urgencia? No solo para combatir la emergencia climática o para reducir la dependencia de fuentes de energía foráneas. Las energías limpias son las más baratas, debido a sus inferiores costes de producción. Y también por la manera en la que se forman los precios de la electricidad en España y cómo se computan. Es la china en el zapato.
Un 35% de la factura eléctrica de un hogar depende de lo que pase en el mercado mayorista, también llamado pool. El actual sistema de formación de precios se llama marginalista y pudo ser útil en un diseño inicial del sistema dominado por energías fósiles contaminantes, pero menos en un escenario de energías limpias.
En España se empezó a aplicar como un buen sistema que aseguraba que se realizaran inversiones muy cuantiosas, pongamos en las nucleares, porque ese esfuerzo se iba a compensar.
Controversia del sistema marginalista
El sistema es objeto de vivos debates. Sus críticos subrayan que es un sistema con tendencia a la inflación y a la volatilidad.
Para otros, el problema es su aplicación en un mercado donde hay empresas con una posición muy marcada de dominio, de modo que el grueso de la oferta y la demanda se sitúan bajo el mismo paraguas. Así, si hay empresas que generan electricidad que lanzan ofertas y esas mismas empresas tienen comercializadoras que las compran, no se puede maximizar más que una parte del negocio (la compra o la venta). Pero el grupo siempre gana. Y en un momento dado es difícil demostrar que las razones por las que una compañía no haya lanzado ofertas con tecnologías más baratas, y sí con otras más caras, se deba a razones que no sean puramente técnicas. Es decir, es más difícil demostrar eventuales intentos de manipulación.
El precio del kilovatio por hora (kWh) se ha incrementado un 35,8% en lo que llevamos de mes, según FACUA
El mercado español está en teoría liberalizado pero no acaba de funcionar bien. No sigue ni el modelo francés, que no marca una separación de actividades y donde persiste el dominio del Estado, ni el modelo holandés, donde el Estado se ha desvanecido y el mercado funciona con una separación tajante de actividades.
En buena parte de la UE funciona ese mismo sistema marginalista, pero mientras en España se negocia por esta vía dos tercios de la energía, en otros países solo se negocia ahí una tercera parte. Por lo que interesan otras fórmulas de fijación de precios, como acuerdos bilaterales con productores renovables con garantías de retribución estables, sobre todo mientras el mercado europeo no funcione totalmente integrado, donde cada país aporte la energía en la que es fuerte. Pongamos por caso, la potencia nuclear de Francia, la solar y eólica de España, los ciclos combinados de Italia, etcétera.
¿Pero cómo funciona ese mercado marginalista? El Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) organiza la formación del precio diario casando ofertas de compra de las comercializadoras y ofertas de venta de las productoras de electricidad. Otra cosa es el mercado de futuros, el OMIP, que crea precios de referencia a un plazo determinado.
La más cara marca el precio de todas
Existen distintas tecnologías con las que producir electricidad. Al margen del coste para el planeta de las emisiones de CO2, unas tienen mayores costes económicos de producción que otras y en algunos casos los costes iniciales de inversión están más amortizados que en otros. Pero en todos los casos, el juego de la oferta y la demanda marca los precios, a partir de las ofertas que se lanzan para cada hora del día siguiente.
En un sistema marginalista son las últimas ofertas que se incorporan al sistema, las más caras, las que determinan el precio del kWh que se paga al resto. Así, con un día de antelación, se planifica la electricidad que será necesaria en el sistema para cubrir la demanda y el precio. Tras las nucleares, que tienen prioridad porque las centrales no pueden detener su funcionamiento, entran las energías limpias cuando se planifica la demanda, pero si la producción de renovables no basta para cubrirla (cosa que ha sucedido ahora), en el sistema se van añadiendo otras fuentes, hasta llegar al carbón, de capa caída, y al gas (los ciclos combinados generan electricidad quemando gas y en la práctica están funcionando de back up si fallan las renovables).
Y los precios del gas están por las nubes. Tras la punta del viernes, en el que el precio de entrega alcanzó la punta de 55,18 euros por MWh según datos del Mibgas, el precio se situó ayer en 41,31 euros MWh. Los expertos hablan de una reducción del suministro vía Argelia, que atiende a la demanda creciente de otros puntos del globo.
Y llegó la ola de frío
Los fallos y disfunciones del sistema están siempre ahí, pero emergen en momentos muy precisos. Y estamos en uno de esos momentos: una ola de frío, que tira de la demanda porque necesitamos calentar los hogares y, además, en plena crisis por la pandemia, con las consecuencias sociales que conlleva. Y el reto nos pilla, además y una vez más, con la asignatura pendiente de una rehabilitación masiva de edificios para mejorar su eficiencia energética.
Un 35% de la factura eléctrica de un hogar depende de lo que pase en el mercado mayorista
En realidad, se han dado distintos factores a la vez. El primero es obvio: hace mucho frío y la demanda sube, después de un año marcado por la pandemia y los confinamientos con la demanda por los suelos, sobre todo de empresas, circunstancia que había tirado hacia debajo de los precios. Y no solo en España, sino que la subida de la demanda ha sido global, especialmente en los países del hemisferio norte. En segundo lugar, la producción de renovables como la solar y la eólica, que son las más baratas, ha sido menor. Ha hecho menos sol y menos viento (o demasiado).
Precios del gas y el CO2
En paralelo, los precios internacionales del gas se han disparado. Y también han escalado los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), que es el precio que se paga por lanzar a la atmósfera el principal gas con efecto invernadero. Estaba muy bajo y ha superado los 34 euros por tonelada. La subida de estos derechos afecta directamente a las centrales de gas y, sobre todo, a las de carbón. La Unión Europea impulsa una Ley Climática y una transición ecológica que tensiona al alza precios para las asignaciones que se entregan a las industrias emisoras de CO2.
Con todo este cóctel, el viernes pasado, en el mercado se llegaron a pagar 114,89 euros por un MWh en algunos momentos, aunque el precio medio cerró a 94,99 euros, según el OMIE. Un precio récord desde el año 2013. El precio más elevado se había pagado en 2010 (145 euros MWh).
¿Cuánto ha aumentado el precio por KWh este año?
Para hoy lunes, el precio marginal a las 21 horas está previsto en 121,14 euros MW/h, con un cierre en 85,26. Según la organización de consumidores FACUA, el precio del kilovatio hora (kWh) se ha incrementado un 35,8% en lo que llevamos de mes. En los primeros 11 días del año, se ha situado en 18,20 céntimos (si se incluyen impuestos indirectos). En los primeros 11 días de 2020 se pagaban 13,40 céntimos. La organización reclama al Ejecutivo que actúe contra la especulación y cumpla con los acuerdos de la formación de la coalición para abaratar el recibo.
Ya en diciembre, el precio había subido (un 7,2%) por primera vez desde el mes de abril de 2019. La entidad dice que para un usuario medio la factura no ha superado los 80 euros desde diciembre de 2018, en Europa. Estas subidas se producen cuando, en el marco de la Unión Europea, España destaca como el quinto país con el precio más caro para los consumidores, por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda.
La CNMC y las multas a las eléctricas
Cuando se dan episodios llamativos, todo el mundo mira hacia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque esta, de oficio, tiene entre sus tareas la vigilancia de estos precios. En el pasado, Endesa, Naturgy (antigua Gas Natural) e Iberdrola fueron multadas por la CNMC por alteraciones de precios. Las dos primeras, en 2016. La tercera, en 2015.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pedido vía twitter una investigación sobre eventuales "irregularidades", y está bien que lo subraye, pero lo importante, además de aclarar lo sucedido, es que el sistema de formación de precios no quede en manos de la especulación.
Quién se ve afectado por la subida
La tarifa regulada (técnicamente se llama Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, o PVPC), afecta a 11 millones de hogares que se mantienen en ella en lugar de negociar una tarifa determinada con las compañías eléctricas que comercializan el suministro. Y en especial, proteger a las familias con menores ingresos.
Si la persona consumidora se acoge a la tarifa regulada, una parte de la factura (un 35%) depende de esos vaivenes en el mercado mayorista. El 40% son peajes con los que el consumidor financia los costes regulados, por ejemplo de distribución. Y el 25% que queda corresponde al IVA y al impuesto de la electricidad.
La OCU advierte sobre el mercado libre
Otros 13 millones de hogares están en el mercado libre, y pactan determinadas tarifas con las empresas. A estas les interesa que los consumidores dejen la tarifa PVPC, que les renta menos, y pacten con ellas una tarifa. Según afirma la OCU en su web, al principio las empresas te aseguran un buen precio, pero "el truco muy sencillo de las compañías para exprimirte más es aprovechar la revisión anual de la tarifa para subir por las nubes el buen precio que tenías": ofrecen o bien descuentos potentes comparados con "tarifas pésimas", tarifas planas que nunca suponen "riesgos" para la compañía y "migajas de activar la discriminación horaria a escondidas".
2020, el recibo más bajo en 10 años
En todo caso el año 2020, el primero de la pandemia de covid-19, y con un parón de la actividad, implicó una bajada importante del recibo de la luz. Un 10,6% menos que el año anterior, según cálculos de FACUA. El precio medio del kWh fue de 12,14 céntimos de euro. El recibo acumulado durante el año para un usuario medio fue el más bajo en una década: 763,68 euros, siempre que se tenga una tarifa regulada, y considerando como usuario medio uno que consuma 366 kWh y tenga una potencia contratada de 4,4 kilovatios, de acuerdo con el cálculo de la organización de consumidores.
Novedades relativamente esperanzadoras
La próxima primavera se aplicarán los peajes que pagan las empresas por transportar y distribuir electricidad y gas natural, que ha fijado la CNMC, y que van en línea con una bajada de la factura de la luz.
En paralelo, se está cocinando en el Congreso la Ley de Cambio Climático, que prevé un mayor peso de la energía verde en el mix total. Son algunos aspectos esperanzadores de cara al futuro, a la espera de que se cree el llamado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que, según el Gobierno de Pedro Sánchez, posibilitará una reducción del recibo en un 13% en un lustro. Este fondo pagará los coses que van asociados al régimen retributivo de las energías renovables, la cogeneración y los residuos, que saldrán del recibo. Los costes, que ascienden a cerca de 6.000 millones de euros al año, se pagarán con aportaciones de petroleras, gasistas y comercializadoras; es decir, de todos los suministradores. Pero sobre todo, las petroleras.
Cambiar la regulación y batalla política
Estos cambios incidirán en la factura. Otra cosa es el precio de la electricidad. Cambiar la regulación es como mover un elefante controlado por algunos de los mayores poderes fácticos del país, y el Ejecutivo, y especialmente su socio Unidas Podemos, está en una posición complicada y llena de contradicciones, debido a sus ataques pasados a la inacción, e incluso "complicidad", del Gobierno ante lo que Pablo Iglesias llamó "codicia de las eléctricas" en 2017. Hoy, la oposición, empezando por PP, Ciudadanos y Vox, pero también formaciones como Bildu, se le echa encima y exige explicaciones y medidas.
