España ha ignorado sus obligaciones
ANÁLISIS
Según la información recopilada por el Center for Economic and Social Rights (CESR) para el Examen Periódico Universal, 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social —tres millones más desde el primer impacto de la crisis en 2007. Ha aumentado el riego de desnutrición, mientras que la brecha de la desigualdad económica se ha ampliado más rápidamente que en otros países de Europa.
La reducción presupuestal en materia de igualdad y para combatir la violencia de género ha puesto en peligro la integridad física y la salud de las mujeres, al reducirse aproximadamente el 23% entre 2009 y 2015.
Aproximadamente 873,000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular han perdido la posibilidad de acceder a servicios de salud, con excepción de las urgencias, el embarazo y los niños y las niñas. El incremento del copago de los fármacos ha supuesto que una parte de la población española, en particular personas mayores y pensionistas, se haya visto obligada a prescindir de medicinas necesarias debido al costo de éstas.
Tal como muestra el análisis de CESR, existían alternativas fiscales más equitativas y respetuosas de los derechos humanos —como, por ejemplo, combatir el fraude fiscal—, que España está obligada a considerar según los estándares de derechos humanos internacionales. Sin embargo, el Gobierno español ha optado por ignorar sus obligaciones en virtud de las normas internacionales y las recomendaciones de varios organismos de derechos humanos, no solo de la ONU, sino también del Consejo de Europa.
Existían alternativas más equitativas
España debe aceptar las recomendaciones
Las estadísticas publicadas por CESR han servido como evidencia a partir de la cual, los países miembros de la ONU que han examinado a España, han emitido recomendaciones. España debe aceptar las emitidas por sus pares, y desarrollarlas a través de la revisión y corrección de sus actuales políticas en materia de sanidad, educación, vivienda, protección social y otros derechos humanos fundamentales. El cumplimiento con las directrices y recomendaciones de la ONU y de los organismos regionales de derechos humanos es una obligación legal del Estado español bajo los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
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