Monopolios // El impacto invisible de la gran empresa
Las corporaciones con gran poder de mercado frenan los salarios de los trabajadores y provocan alzas de precios al dificultar la competencia.
Desde mayo del año pasado, Renfe tiene compañía en el transporte de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Con el reclamo de billetes a partir de nueve euros, la irrupción del operador de bajo coste Ouigo ha impulsado el número de trayectos en esa ruta el 20%. El tren le ha comido otro bocado al avión, más contaminante, ya que, en el ir y venir de una ciudad a la otra, el peso de este medio de transporte ha pasado del 63% al 78%. La filial de francesa SNCF ha anunciado, además, la contratación directa e indirecta de 1.300 personas, aunque el incremento de costes ligado a la escalada de la electricidad pone en riesgo su estrategia low cost, y las averías —alguna en sus trenes y alguna en la infraestructura de Adif, por la que circulan— no resultan de ninguna ayuda para forjarse una buena reputación.
La competencia también tiene otra cara: "Ouigo realiza prácticas muy agresivas socialmente en el mercado español, al emplear a trabajadoras y trabajadores ferroviarios con contratos muy por debajo de las condiciones laborales del convenio de Renfe", denuncian los sindicatos CGT y Cheminots en Francia y CC OO en España.
La secretaria general del sector ferroviario de Comisiones, Pepa Páez, habla de "dumping social generalizado, con diferencias de al menos el 30% en el salario, aprovechando que no existe un convenio colectivo para el sector". Los sindicatos lo reclaman, y más aún ante el anunciado aterrizaje de un tercer operador, esta vez privado: Ilsa, que circulará con la marca Irio en Barcelona, Valencia y Sevilla.
Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, comparece ante los medios tras
la multa a Google en 2019. Foto: Comisión Europea
Son debates que se producen cada vez que se rompe un monopolio, junto con la cobertura y la calidad de los servicios más allá de lo que resulte rentable. Y al margen de ámbitos como la sanidad y la educación con una cobertura universal garantizada —aunque haya actores privados—, los defensores de la política de la competencia tienen claro que poder elegir entre distintas empresas, si existe una agencia reguladora fuerte e independiente, conduce a diversidad de productos, innovación, bajadas de precios y más empleos. Un estudio de los académicos Philippon y Valleti reveló en Reino Unido que, al introducir mayor competencia, la cesta de la compra baja entre el 5% y el 10%, lo que se traduce en 290,8 euros de ahorro por hogar.
Freno a la inflación
"Competencia no significa desregulación, sino una buena regulación que garantice que las empresas operan en pie de igualdad. Y competencia significa menos inflación, ayuda a tirar de los precios hacia abajo, de modo que las rentas más bajas se benefician de ella", señala el economista Juan José Ganuza, director del Programa de Maestría Barcelona School of Economics (BSE) en Competencia y Regulación de Mercados e investigador de Funcas.
Uno de los sectores en el que la competencia ha bajado precios de forma más clara son las comunicaciones. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios han caído una media del 23% en las últimas dos décadas, mientras que el IPC ha subido el 50% en el mismo periodo. A veces, las guerras de precios se dejan tantas plumas que dan lugar a fusiones. La última en las telecos,la anunciada unión de Orange y MasMóvil.
La tecnología suele ir más deprisa que la regulación
80% de los cárteles o pactos de precios nunca se descubren
Los efectos en los precios no son inmediatos, pero se acaban notando. Ganuza lo ilustra con estas palabras: "Para la crisis de precios que vivimos hoy, la competencia no opera como un antibiótico, pero a largo plazo es un nutriente para la salud del que no se habla porque los beneficios son invisibles. Nadie exigía con pancartas más opciones en trenes o telefonía".
No han sido las pancartas. Las distintas liberalizaciones llevan sello de la Unión Europea, que ahora lidia con un reto mayor en materia de concentración: el poder de mercado que acumulan los gigantes tecnológicos, contra los que chocan las herramientas de competencia clásicas debido a las características de negocios como como Amazon, Facebook y Google. Si grandes inversores como Warren Buffett buscan invertir en empresas que se asemejen a castillos rodeados por un foso de ventajas competitivas, los nuevos gigantes utilizan la tecnología para ensanchar dicho foso, de modo que cada vez resulte más difícil para las pequeñas empresas darles alcance.
"La imagen del castillo de Buffett me gusta porque el foso es un indicador del poder de mercado. En el caso de este tipo de empresas, el valor aumenta a medida que lo hace el número de usuarios y clientes. Tener dos o tres plataformas que se dediquen a lo mismo es mucho más ineficiente que tener una, de modo que se genera una concentración excesiva", explica Jan Eeckhout, quien, con su libro The profit paradox, ha puesto de algún modo de moda la árida materia de la competencia. Por ejemplo, cuantas más personas conducen para Uber, más opciones para el usuario.
El trabajo del economista belga muestra las implicaciones de la concentración. "Existe una relación directa entre poder de mercado y el estancamiento de los salarios que estamos viendo", explica Eeckhout, profesor investigador de la Institución ICREA por la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
Impacto directo e indirecto
Explicado para no economistas: si la multinacional es muy grande, y no hay muchas alternativas donde buscar trabajo, puede pagar menos a su personal. Eso sería un efecto directo, que además arrastraría a la baja al resto del sector. Pero existe un impacto indirecto sobre la economía en su conjunto: incluso si pagan bien a su propio personal, si muchas empresas con poder de mercado en su sector pueden permitirse vender sus productos y/o servicios a un precio más elevado por falta de alternativas —es el caso de las elevadas comisiones de las plataformas donde se anuncian comercios— y, al poner precios más altos, se vende menos, se produce menos, luego trabaja menos gente.
La cuestión es que en el mundo hay cerca de 100 millones de empresas. Pero poco más de 500 de ellas acaparan entre el 30% y el 40% del producto interior bruto (PIB) mundial. "El sistema está roto, porque ese puñado de empresas incrementa su valor gracias a que no compiten. No tienen que bajar precios, y ello genera desigualdad y polarización", añade el profesor. Con el agravante, en el caso de las grandes tecnológicas, de que las personas usuarias tienen la percepción de que sus servicios son gratuitos o casi. El negocio basado en el tráfico de datos no es evidente.
Menos 'startups'
Algunos datos ilustran su tesis. En EE UU, el peso de los beneficios de las grandes empresas sobre la riqueza pasó del 2% al 14% entre 1981 y 2019. El índice Dow Jones ha aumentado a un ritmo del 7% anual y la productividad ha ido escalando, pero los salarios no han despegado. "El boom no se ha producido para el conjunto de empresas, sino que en el caso de las pequeñas y medianas (pymes), los beneficios se han mantenido o han bajado", apunta Eeckhout. La proporción de start-ups, piedra angular de la innovación, ha pasado en ese tiempo del 14% al 8%. Y el markup, o la relación entre el precio al que se venden los productos y el coste de producirlos, ha pasado del 20% al 60%, en un fenómeno que se da en todas las grandes economías.
"Como ciudadanos tenemos asumir la responsabilidad de hacer presión política para reducir la posición dominante de las grandes empresas. Antes, la innovación la aportaron las petroleras, las empresas ferroviarias, las eléctricas... Hoy son sectores regulados porque sabemos que, si no, tienden a ser monopolios", añade el autor de The Profit Paradox, que este octubre publica Taurus en España.
La tecnología va más deprisa que la regulación. Y que la justicia. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dio la razón al Ejecutivo de Bruselas en noviembre de 2021 en su batalla legal contra Google, y confirmó que, en los resultados de su motor de búsqueda, en los primeros puestos aparecía su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a los de la competencia. Sin embargo, la histórica multa de Bruselas (2.400 millones de euros) se había impuesto en 2017. Tras esos cuatro años largos, el paisaje es otro. Amazon se ha hecho un gigante.
El profesor Ganuza subraya el problema que suponen los largos plazos de los litigios, confía en el potencial de herramientas como los macrodatos (big data) al servicio de la competencia y augura el avance que supone la nueva regulación de mercados digitales (Digital Market Act) para que las grandes corporaciones no dejen sin opciones a las pequeñas. La nueva norma introduce la regulación ex ante,que significa introducir obligaciones y prohibiciones previas que hace falta cumplir, más allá de investigar y multar cuando se ha constatado ya el problema. También abre canales de diálogo con los implicados (véase ¿Es buena la estrategia de Bruselas contra los gigantes digitales?).
Controles antes y después
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Candi Fernández, ha mostrado su "gran preocupación" por el poder de mercado de las tecnológicas y la asimetría en información que tienen sobre sus usuarios y sobre los negocios que las usan. Fernández se ha pronunciado públicamente a favor de una combinación de regulación ex ante y regulación ex post.
6.657 millones de euros ahorro que suponen los cárteles destapados desde 2012
Markup: relación entre el precio al que se venden los productos y el coste de producirlos
Una de las claves de la competencia reside en que el dueño de cualquier red o plataforma permita el acceso a los entrantes, a un precio y con unas condiciones que no se lo impida. Es lo que hace, por ejemplo, Telefónica con su red. Es habitual que las empresas que reinaban en solitario muestren resistencia, lo que vuelve crucial la credibilidad del organismo que ejerce de policía. En España es la CNMC, fruto de la controvertida fusión, hace nueve años, de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y de los organismos específicos que supervisaban tanto la energía (CNE) como las telecomunicaciones (CMT). La CNC se consideraba un referente; las otras dos venían marcadas por sospechas de politización y de captura por parte de las empresas. Aun con multas poco disuasorias o insuficiente trasvase de competencias desde los ministerios—, la CNMC va avanzando. Uno de los asuntos que investiga son los "indicios racionales" de que Amazon y Apple han incurrido en prácticas contra la competencia. Fernández ha alertado, por otra parte, de que monitoriza cómo se están comportando los precios en las cerca de 12.000 gasolineras ante el descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno, engullido, se supone, por la persistente escalada del precio del petróleo.
Entre 2012 y 2020, la represión de prácticas anticompetitivas —incluye acabar con cárteles o pactos de precios— generó un ahorro en España de 6.657,5 millones de euros, según el organismo, que estima en 1.115 millones el correspondiente a 2020-2021, si se incluye el control ex ante. Normalmente, el sobreprecio que pactan las empresas ronda entre el 10% y el 20%. Y, sin embargo, la propia CNMC estima que el 80% de los pactos de precios nunca llega a destaparse.
