Pensiones: Una reforma bajo sospecha
Las prisas del Gobierno en aprobar una nueva ley de pensiones desatan un profundo malestar.
La subida de los precios angustia a los pensionistas. FOTO: EDU BAYER
Lo más inquietante de la nueva reforma (rebaja) de las pensiones públicas que prepara el Gobierno son las sospechosas prisas con las que se están realizando los trámites. El comité de 12 expertos creado por el Gobierno para definir el Factor de Sostenibilidad recibió el encargo el pasado 21 de abril y el 7 de junio ya estaba terminado el informe. Menos de dos meses para conseguir un sistema de pensiones que tenga capacidad certificada para “ hoy, mañana, pasado mañana y dentro de 30 o 40 años”.
Estas prisas han sido puestas de manifiesto por el único experto que ha rechazado el informe, el catedrático Santos Miguel Ruesga, propuesto por el PSOE, quien en su voto en contra ha señalado que “hay un exceso de alarmismo en torno a la evolución financiera del sistema, que no es debido solo a la coyuntura recesiva que estamos padeciendo, sino a que hay intereses espurios por medio”.
La propuesta de los expertos ha provocado una división interna en el seno de Comisiones Obreras, cuyo representante votó a favor. Los técnicos del Gabinete Interfederal han expresado su malestar cuestionando la imparcialidad de los miembros del comité. “No son expertos independientes, imparciales y objetivos”, afirman. Y añaden: “Son profesionales de parte interesada con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías de seguros”.
El texto del comité de expertos servirá de base para que el Gobierno elabore la propuesta que presente al pacto de Toledo. La reforma tiene que estar lista antes de que finalice el año.
La nueva reforma se ampara en la definición del Factor de Sostenibilidad, cuya creación estaba prevista para 2027 y su aplicación para 2032, según la reciente ley de 2011. Los expertos proponen adelantar su aplicación a 2014 y vuelven a insistir en los problemas derivados del creciente envejecimiento de la población, que fueron precisamente los que determinaron la reforma de hace dos años. Entonces se introdujeron tres importantes cambios: retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, incremento de los años de cotización de 35 a 37 años y aumentó de 15 a 25 años del período de cómputo de las prestaciones.
El Factor de Sostenibilidad que han elaborado los expertos tiene un doble componente. El Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), que busca que las condiciones de las pensiones sean iguales para todos. Supone que los futuros pensionistas van a vivir más y cobrar la pensión más años; a estos les pagarán menos cada mes. Esto significa un recorte creciente; por ejemplo, del 2% a los que se jubilen en 2017 y hasta del 20% a quienes lo hagan en 2051.
Se recortan las prestaciones a los actuales pensionistas
El Gobierno quiere favorecer las pensiones privadas
El otro componente, el Factor de Revalorización Anual (FRA), es más grave porque por primera vez una reforma recorta las prestaciones de los actuales pensionistas. Supone liquidar la revalorización de las pensiones según el IPC y determinar su cuantía de acuerdo con la evolución de los ingresos y los gastos del sistema.
La realidad es que el agravamiento actual del sistema no tiene nada que ver con las cuestiones demográficas, sino con la caída del empleo. En los dos años transcurridos no han variado las proyecciones de envejecimiento. Las dificultades se han creado por la impresionante pérdida del número de cotizantes, 1,4 millones en dos años. Pero esto es una situación coyuntural. Da la impresión de que el Gobierno no confía en sus propias estimaciones sobre la recuperación del empleo a partir de 2015.
Ante este panorama hay numerosas alternativas antes de aplicar un nuevo recorte, como el uso del fondo de reserva (63.000 millones de euros); aumentar las cotizaciones o incrementar la contribución del Estado.
La propuesta de los expertos ha recibido el apoyo del FMI y Moody’s, conocidos defensores de los sistemas privados. Casualmente, el Gobierno está preparando un paquete de medidas para favorecer las pensiones privadas con más deducciones fiscales. El problema es que la mayoría de los ciudadanos no pueden acceder a ellas por falta de recursos. Algunos juristas se preguntan si son constitucionales la vinculación de la pensión a la esperanza de vida y la eliminación de la revalorización automática según el IPC.
