Planes // 'Hoja de ruta' para salvar las pensiones

El Gobierno apuesta por traspasar al Estado gastos de la Seguridad Social, frenar la jubilación anticipada y aumentar los años de trabajo.

Tan solo unos días antes de que el Congreso de los Diputados interrumpiese su actividad por culpa del coronavirus, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones compareció ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para presentar la hoja de ruta del Gobierno en materia de pensiones. José Luis Escrivá advirtió de que el sistema comenzará a experimentar problemas a partir de 2025, cuando empiecen a jubilarse en masa los nacidos durante el baby boom de la década de 1960, pero quiso dejar claro de que es perfectamente viable si se efectúan ajustes y se eliminan incertidumbres.

Para acabar con el déficit de la Seguridad Social, Escrivá puso sobre la mesa tres grandes objetivos: traspasar al Estado gastos que no le son propios, poner límites a las jubilaciones anticipadas y acercar la edad de jubilación real a la legal. El plan es alcanzar antes de fin de año un consenso lo más amplio posible con los grupos políticos y los agentes sociales. A punto estuvo de haber acuerdo el año pasado, pero acabó descarrilando en vísperas de la convocatoria electoral de abril por desavenencias entre quienes hoy son socios de gobierno: PSOE y Unidas Podemos.

Hucha vacía

La tarea es urgente: la deuda de la Seguridad Social superó los 55.000 millones de euros en enero y a buen seguro que la crisis del coronavirus tendrá un impacto durísimo sobre el sistema por el previsible el aumento del desempleo y la consiguiente merma en las cotizaciones. Del fondo de reserva creado en el año 2000, que llegó a tener casi 67.000 millones de euros en 2011, prácticamente no queda nada.

En su comparecencia ante las Cortes, el ministro subrayó que el desajuste entre ingresos y gastos crea una incertidumbre muy perjudicial para el propio sistema, pues lleva a parte de la población a tomar "decisiones financieras inadecuadas para su ciclo vital", como acogerse a prejubilaciones anticipadas voluntarias. La desconfianza ante el futuro de sus pensiones, aseguró el ministro, está detrás del hecho de que el 85% de los autónomos opte por la cotización mínima, con la consecuente merma de ingresos para la Seguridad Social. Entre 2021 y 2045 se jubilarán 11 millones de españoles, casi el 50% más que los 7,7 millones que lo hicieron en el periodo 1995-2020. Escrivá está convencido de que el aumento del gasto que resulte de ese incremento en el número de pensionistas es "asequible". Según sus cálculos, si se mantiene el nivel actual de las prestaciones, el gasto en pensiones alcanzará en 2048 el 13,5% del producto interior bruto. Son 2,5 puntos porcentuales por encima del nivel actual y están en línea con lo que hoy gastan Francia (15%) o Alemania (13%). Para garantizar el nivel de bienestar de los pensionistas durante los próximos 25 años, afirmó el ministro, será imprescindible que la inmigración compense la baja natalidad entre los nacionales.

Sostiene Escrivá que la Seguridad Social tiene déficit porque ha venido haciéndose cargo de gastos que no le son propios. "El problema está en lo que se gasta, no en lo que se ingresa", afirmó en su comparecencia en el Congreso. ¿Cuáles son esos gastos "impropios"? Según él, las políticas activas de empleo y las bonificaciones, que, en su opinión, deberían traspasarse a los Presupuestos Generales del Estado. Si la Seguridad Social quedara liberada de dichos desembolsos, aseguró el ministro, su solvencia estaría asegurada y se acabaría con el déficit en un plazo de tres años, es decir, antes de que concluya la legislatura.

Poder adquisitivo

Escrivá cree posible mantener el poder adquisitivo de las pensiones y que España siga teniendo una de las tasas de reemplazo (porcentaje de la pensión con respecto al último salario recibido) más altas de Europa. Para conseguirlo, el ministro es partidario de poner en marcha incentivos para que la edad de jubilación real aumente en línea con las expectativas de vida y se acerque a la edad de jubilación legal, fijada actualmente en los 65 años y 10 meses y que subirá de manera gradual hasta los 67 años en 2027. Con el mismo objetivo, el Gobierno pretende desincentivar las jubilaciones anticipadas, que han aumentado significativamente entre 2014 y 2019.

Habrá menos incentivos fiscales para pensiones privadas

El Gobierno tiene también intención de reducir las desgravaciones fiscales a las aportaciones a planes de pensiones individuales para "desplazarlas" paulatinamente hacia los planes de pensiones de empresa acordados en la negociación colectiva. El ministro cree que los planes de pensiones de empresa benefician a las rentas medias y bajas y puso como ejemplo el País Vasco, donde el 50% de los trabajadores participan en ellos (el 10% en el total de España).

Escrivá, de 59 años, no está afiliado a ningún partido y presidió durante seis años la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), creada en 2013 a instancias de la UE para garantizar la sostenibilidad financiera del país. Su prestigio profesional va más allá de colores políticos y sus planes fueron bien recibidos en términos generales por los grupos de la oposición, que mostraron su disposición a llegar a un acuerdo antes de que concluya el año. Con permiso del coronavirus, claro está.