El agua es un derecho
Hace tres años, la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Para asegurar un ejercicio más eficiente de este derecho algunos países han consagrado el carácter público del suministro del servicio de agua en su Constitución, como son los casos de Holanda y Uruguay.
La concepción del agua como un derecho humano y no como una simple mercancía es una idea cada vez más arraigada en las sociedades democráticas. Hace dos años los italianos paralizaron a través de un referéndum la iniciativa privatizadora promovida por Berlusconi. Ciudades tan importantes como París remunicipalizaron el servicio en 2010 logrando un mejor rendimiento que sus anteriores gestores privados Veolia y Suez. Los ciudadanos de Berlín han logrado un importante avance en el control del suministro tras una consulta que obligó a las empresas RWE y Suez a divulgar los contenidos de sus contratos con la ciudad, lo que propició un recorte de las tarifas. La gestión del suministro de agua está en manos públicas en un 85% en Estados Unidos, en el 100% de Japón y en la mayoría de ciudades europeas. Por el contrario, en España el 57% de la población está abastecido por empresas privadas. (Ver Tema del mes).
Este creciente movimiento ciudadano que defiende una gestión pública del agua es ignorado por la mayoría conservadora que hoy lleva las riendas de la Unión Europea. La reciente decisión de la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) de imponer a Grecia y Portugal la privatización de ciertos servicios de agua como condición del rescate financiero de estos países ha sido una buena prueba de ello. En el fondo de estas decisiones late el supuesto de que la gestión privada es más eficiente que la realidad no cesa de desmentir. La postura de la UE choca frontalmente con la legislación comunitaria, que establece que “los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros”.
París ha recuperado el control del agua y Berlín está en ello
A diferencia de Europa, en España la gestión privada es ya mayoritaria
Ante la amplitud de las protestas en Europa promovidas por los sindicatos y asociaciones ciudadanas contra el sesgo de las autoridades europeas, la Comisión se ha visto obligada a explicitar que el agua quedará excluida de la nueva regulación sobre concesiones. La correción ha sido un claro triunfo de los movimientos ciudadanos contra una iniciativa que daba alas a quienes sólo ven el agua como una fuente de negocio.
En España el debate sobre el carácter público o privado de la gestión del agua ha adquirido tintes más dramáticos por la agudización de la crisis económica, que ha debilitado el poder de las Administraciones frente a las compañías privadas, que detentan un poder hegemónico en el control de estos servicios. Esta realidad está alejando a España de la corriente europea que afianza los servicios públicos como mayor garantía del ejercicio de los derechos. Los ejemplos de Madrid y Barcelona son elocuentes.
En Cataluña la ofensiva privatizadora avanza por una doble vía. Por una parte, el Gobierno de la Generalitat, asfixiado financieramente, ha privatizado el consorcio Aïgues Ter-Llobregat, que abastece a cinco millones de personas en las conducciones de alta, por 1.000 millones de euros, lo que constituye la mayor privatización de la comunidad. La polémica decisión que otorgó la concesión a Acciona frente al influyente operador local Agbar, (76% propiedad de Suez y 24% La Caixa) se encuentra inmersa en un monumental lío judicial y administrativo por la multitud de oscuridades sobre la adjudicación. Un litigio no ajeno a las sospechas sobre el pago de comisiones.
En Barcelona la fiebre privatizadora alcanza también al servicio de baja, el que presta el suministro hasta los domicilios. La operación supondría consolidar y ampliar el servicio de Agbar en Barcelona, que ha sido un feudo secular de la compañía, aunque con un soporte legal que ha sido objeto de litigios. La estrategia de las autoridades locales pasa por la creación de una sociedad mixta entre la Autoridad Metropolitana de Barcelona y Agbar. El proyecto supondría blindar el servicio para Agbar por otros 35 años sin pasar por un concurso.
La iniciativa ha despertado un fuerte malestar entre numerosas asociaciones ciudadanas que han llevado el caso a la Fiscalía tras estimar que la operación generará un sobrecoste de 5.600 millones de euros.
En Madrid todo está dispuesto para privatizar el 49% del Canal de Isabel II, una estrategia promovida en 2008 por la presidenta Esperanza Aguirre y que fue combatida por el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que la consideraba ilegal. La crisis también ha cambiado el escenario en la comunidad madrileña y muchos municipios ven hoy en la privatización una fuente adicional de ingresos. La maniobra está por el momento paralizada gracias en buena parte a las movilizaciones y recursos interpuestos.
En America Latina, los Estados están recuperando el control del agua, tras la ofensiva privatizadora de épocas pasadas promovida por el Banco Mundial. En la última década unos 70 millones de personas lograron acceso a agua potable, pero en los territorios de gestión privada existen menos garantías de acceso al servicio, especialmente en las zonas rurales .
En todos los procesos privatizadores la falta de transparencia es la tónica habitual. El pulso entre defensores de derechos y cazadores de beneficios sigue abierto. Las movilizaciones ciudadanas han detenido importantes operaciones. La batalla sigue abierta y cada vez tiene más sentido darla.
