El maltrato a Grecia
Europa pagará caros los errores cometidos con Grecia. Desde que estalló la crisis griega en octubre de 2009, la política económica de Atenas ha sido dirigida esencialmente por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). Por tanto, la responsabilidad de la situación actual corresponde en buena parte a estos gestores.
El resultado de la gestión de la troika durante los últimos seis años no puede ser más desolador. Los salarios en el país se han reducido un 37%; las pensiones, hasta un 48%; el empleo público, un 30%; el consumo, un 33%. El ajuste ha sido tan salvaje que ha permitido reducir el déficit desde el 15,4% hasta el 3,5% entre 2009 y 2014. El coste ha sido elevadísimo. El producto interior bruto (PIB) ha caído un 27%, el paro se ha disparado hasta el 27% y el trabajo ilegal ha aumentado hasta el 34%.
La gestión de la crisis griega arranca de un grave error inicial en mayo de 2010, cuando la canciller alemana, Angela Merkel, antepuso a cualquier otra consideración la protección de los bancos que tan irresponsablemente habían prestado a Grecia. En lugar de aplicar una quita a los acreedores, la medida internacional aplicada en estos casos, se trasladó la deuda a los contribuyentes europeos; primero, a través de préstamos bilaterales de los Estados y después, mediante los fondos europeos creados para ello, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Philippe Legrain, ex asesor del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se pregunta: “¿Por qué las autoridades europeas fueron tan crueles y estúpidas?”. Legrain opina que fue “porque no les importaba el bienestar del pueblo griego, sino rescatar a los bancos franceses y alemanes”, y señala que “Merkel y otros políticos europeos no quieren admitir que cometieron un terrible error en 2010 y han mentido sobre ello”.
La realidad es que Grecia no pudo empezar una nueva vida liberada de la vieja deuda. Así, a pesar de los dos planes de rescate europeos, que han supuesto préstamos por un total de 230.000 millones de euros, la deuda pública griega no ha cesado de aumentar: desde el 114% del PIB en 2009 al 180% en la actualidad. Hay que hacer una precisión sobre el dinero prestado a Grecia. La mayor parte de estos préstamos nunca fueron para el país. Como ha señalado el profesor Stratos Ramoglou, “desde 2013, el 90% del dinero del rescate se destinó directamente a los bancos que habían hecho inversiones tóxicas comprando deuda griega”.
Es injustificable la negativa de Alemania, que en 1953 se benefició del Acuerdo de Londres, por el que se canceló el 50% de sus deudas contraídas antes de la guerra. Grecia, Irlanda y España figuran entre quienes le perdonaron la deuda. El perdón fue el punto de arranque del milagro económico alemán.
La imposibilidad de pagar la deuda griega ha sido argumentada por destacados economistas, incluidos algunos ex directivos del FMI. Así se han manifestado Paul de Grauwe, Alfredo Pastor, Marcel Fratzscher, Barry Eichengreen, y los premios Nobel de Economía Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Chris Pissarides.
Otro laureado con el Nobel, el profesor Amartya Sen, ha comparado la política de austeridad impuesta a Grecia por el Gobierno federal alemán con una medicina que contiene “una mezcla tóxica de antibiótico y matarratas”.
El pasado enero, el pueblo griego rechazó la continuación de esta despiadada política que ha producido un resultado económico desastroso. Durante sus escasos cinco meses de mandato, el nuevo Gobierno de Syriza encabezado por Alexis Tsipras —que contaba con un respaldo del 40% de los votos— ha tratado de alcanzar un acuerdo con las autoridades europeas que permitiera establecer un plan económico enfocado al crecimiento.
El ministro de Economía heleno, Yanis Varufakis, intentó llegar a un denominador común con los otros 18 ministros de Economía, con el Memorando de Entendimiento prevalente y el programa del Gobierno griego. La respuesta de las instituciones europeas fue una “combinación de austeridad e injusticia social”. Las medidas exigidas por la troika comprendían una subida del IVA (en el caso de los hoteles, del 6% al 23%) y desplazar las cargas del ajuste del mundo empresarial a los sectores más débiles. Se insistía en una nueva rebaja de las pensiones más modestas y se aplazaban cambios en la legislación favorables a los trabajadores.
El ajuste exigía un plan de austeridad en forma de superávit primarios (sin contar el pago de intereses) del 3,5% a medio plazo, inferior al fantasioso 4,5% propuesto inicialmente, calificado éste de punitivo por economistas del todo el mundo.
Otras medidas —como un duro calendario de desembolsos, la negativa a renegociar una quita de la deuda y un ultimátum de la troika a aceptar sus condiciones— forzaron al Gobierno griego a rechazar la oferta y proponer un referéndum para el 5 de julio a fin de que sean los ciudadanos quienes decidan si aprueban o rechazan la propuesta de la troika. Al cierre de esta edición, Atenas había optado por el no, con el apoyo de personalidades como el citado Krugman.
A partir de la convocatoria del referéndum, la crisis griega entró en una nueva fase que puso en tensión a toda la zona euro y preocupa al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La respuesta del Banco Central Europeo (BCE) a la convocatoria de referéndum fue otro golpe contra la pequeña República helena, al negar la concesión de dinero adicional para asegurar la liquidez de los bancos griegos. Atenas no tuvo otra opción que cerrar los bancos y limitó la salida del dinero a 60 euros diarios. Da la impresión de que el objetivo prioritario de la UE es hacer inviable cualquier alternativa a su doctrina.
