La Catalunya que ahuyenta a las empresas
Estos cuarenta años han sido los mejores de los últimos trescientos años de la historia de Catalunya”. Esto es lo que comenta entre sus próximos Santi Vila, consejero de Empresa y Conocimiento del Gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont. Esta no es una reflexión aislada en el campo nacionalista. Hace pocos días, el ex líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, escribía en las páginas de La Vanguardia que “el período de mayor progreso económico y social para todos y de mayor autogobierno de la historia de Catalunya llegó con la Constitución de 1978. ¿Por qué no ser capaces de renovar y adaptar el consenso que la hizo posible?”.
Las últimas estadísticas europeas confirman esta realidad. Catalunya tiene un PIB per cápita de 30.900 euros, el 107% de la media europea, claramente superior al de España, que es del 90%. El nivel de renta de Catalunya es similar al del Reino Unido, 108%, y superior al de todas las regiones de Francia, con la excepción de París.
Catalunya ha logrado mantener esta confortable posición a pesar de la profunda crisis de los últimos años porque cuenta con una sólida red de varios centenares de empresas muy modernas, muy bien equipadas tecnológicamente con una fuerte presencia en el resto de España y otros países. Como dijo Pasqual Maragall, lo que caracteriza el mundo actual es la interdependencia. Los empresarios catalanes han creado una economía moderna, abierta y sólo ven en las fronteras obstáculos para su desarrollo.
La espiral independentista acelerada por la Generalitat el pasado septiembre se ha generado al margen de esta realidad económica. El discurso independentista ha crecido con registros más ideológicos y ha vivido de espaldas a las exigencias y necesidades de la economía. Lo más inquietante es que este desinterés por los condicionantes económicos está teniendo una repercusión directa sobre el bienestar social y el empleo que en buena parte depende de que las empresas dispongan del clima más adecuado para su desarrollo en un entorno cada vez más competitivo. Un condicionante importante ha sido el fuerte endeudamiento exterior de la economía catalana y española, próximo al 240% del PIB, lo cual exige unas necesidades de refinanciación anual de unos 300.000 millones de euros. Los inversores internacionales no quieren correr ningún tipo de riesgo, inseguridad e incertidumbre (véase Una crisis agravada por la deuda).
Esta discordancia entre el discurso político y la realidad económica y social se ha puesto de manifiesto por la total incapacidad del Gobierno catalán y sus asesores económicos para afrontar la impresionante fuga de las mayores empresas catalanas. La única respuesta ha sido quitar relevancia al fenómeno indicando que el cambio de la sede social no tiene impacto económico real.
Pero la dura realidad es que casi 1.400 empresas, incluidos los dos grandes bancos, Caixabank y Sabadell, han optado por abandonar el país por falta de seguridad jurídica. Es el acontecimiento más grave que ha ocurrido y que muy pocos economistas habían siquiera vislumbrado. Vemos cómo tras el cambio de sede social, ha seguido el traslado del domicilio fiscal, de directivos, de reuniones de consejos de administración, de comisiones ejecutivas y de servicios jurídicos. La experiencia y las manifestaciones de las empresas muestran que la mayoría de estas compañías no volverán. Estos cambios tendrán un impacto muy importante en las futuras decisiones de inversión que privilegiarán los nuevos emplazamientos. Con todo, como señala el profesor Josep Oliver, el daño mayor es “la pérdida de reputación para el país”, que supone todo esto.
La economía moderna no entiende de fronteras. En un mundo abierto y globalizado cada vez tiene menos sentido hablar de economía catalana o española. Las empresas no se van a otro país. Se van a casas e instalaciones que tienen en otras comunidades. Huyen porque los gobernantes catalanes no les ofrecen seguridad y porque en otros territorios les reciben con los brazos abiertos, porque saben que estas decisiones se traducirán en riqueza y empleo.
El dramático fenómeno de la fuga de empresas con su impacto en el empleo debería haber sido motivo suficiente para que los impulsores del proceso independentista hubieran parado el balón. Ha sido impresionante la velocidad del contagio de la política a la economía y al clima social. Los indicadores disponibles apuntan una perspectiva muy negativa en sectores como el turismo y el consumo. La creación de empresas y la inversión ya se resienten. Y según las previsiones de organismos oficiales como la AIREF, ya se puede deducir que el año próximo se crearán 250.000 empleos menos de lo previsto. ¿Quién responderá de esto?
La tensión política en Catalunya tiene como responsables a los impulsores de la senda independentista por no haber considerado los riesgos o haberlos minimizado como unos costes de transición necesarios que se compensarán con creces con los beneficios a medio y largo plazo. Pero es bien conocido que ha habido un causante inicial, el PP, que ha contribuido a exacerbar el malestar con una cadena de incumplimientos especialmente en materia de inversiones públicas y reforma de la financiación autonómica. El PP esgrime continuamente la Constitución pero no participa en absoluto de su espíritu, que exige el consenso entre partidos y administraciones en los asuntos fundamentales. La política autoritaria de Rajoy es la principal responsable del aumento del sentimiento independentista. El hundimiento económico acabará afectando seriamente al conjunto de España y el presidente deberá dar explicaciones por ello.
FOTO PORTADA: ANDREA BOSCH
