Agbar se perpetúa en Barcelona, hechos consumados

De facto: Nadie encontró nunca el contrato de concesión al grupo que abastece la ciudad desde el XIX, y que ahora intenta asentar y ampliar sus derechos por la vía de una nueva empresa

La torre Agbar La sede de la compañía Agbar, diseñada por Jean Nouvel, domina el skyline de Barcelona. FOTO: EDU BAYER

Nadie recuerda en Barcelona que el agua  no se la haya llevado a casa Aguas de Barcelona (Agbar). Hay que remontarse a 1867 y viajar a Lieja para encontrar a los inversores belgas y franceses que aportaron dinero a 99 años vista en desplegar infraestructuras de abastecimiento de agua en un nuevo barrio de Barcelona, el Eixample.  Agbar ahí sigue, 146 años después, enraizada más que nunca en la ciudad, pero con cimientos jurídicos discutidos. Está a punto de asentarse también legalmente, con la creación de una empresa mixta con la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB). La fiscalía estudia si hay caso.

La historia, como casi siempre, es larga y complicada.  Un par de pinceladas. El servicio pasó a órbita de los ayuntamientos (Estatuto Municipal de 1924). En los años cincuenta, la normativa de régimen local ordenaba que las concesiones de cualquier servicio público tuvieran un plazo máximo de 50 años. 

Agbar fue concatenando distintos convenios —destaca un acuerdo de 1966 que viene a ser un proyecto de adjudicación nunca consumado en un contrato— que la ataron a la ciudad y, con el tiempo, también a una veintena larga de municipios de su corona metropolitana, que en muchos casos cedieron sus competencias en agua a la corporación que gobernaba el área.  En 1983, la Corporación Metropolitana y Agbar firmaron un contrato en el que se preveía que la compañía privada transferiría a las autoridades una serie de instalaciones sobre el abastecimiento en alta, entre ellos una importante estación de tratamiento de agua potable en Sant Joan Despí, mientras que la concesión del servicio a los hogares de los siguientes 50 años sería para Agbar “cuando resultara procedente”.  

Nunca debió resultar procedente. No ocurrió. Una ley de 1990, otra de 2000 y un decreto de 2003 situaron dichas instalaciones en alta como “de interés” de la Generalitat,  no del área metropolitana (en todo caso, público). Sin embargo, hoy siguen en manos de Agbar y ahora está previsto que la empresa Suez y La Caixa los aporte a la sociedad mixta Agbar-AMB, bautizada Aigües de Barcelona, aunque sea en usufructo. El Departamento  de Territori o y Sostenibilidad que dirigía Lluís Recoder, a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA), se opuso a que Agbar cediera competencias que por ley supuestamente no le correspondían y, pese a un intento de pacto del consejero que relevó a Recoder, Santi Vila, el recurso sigue adelante. Agbar habla de expropiación.  

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La cuestión es que la empresa que hoy preside Ángel Simón siguió llevando el agua a los hogares, por la vía de convenios y acuerdos varios. El último convenio venció en 2011. “Es cierto que buscamos y rebuscamos en las épocas en las que nos tocó ocuparnos de ello y nunca pudimos encontrar un contrato de concesión”, afirma  un ex alto cargo del consistorio. “Lo que no significa que no lo hubiera alguna vez o que Agbar no tenga derechos”, añade. 

La vida siguió igual hasta que una modesta familia del barrio de Trinitat Vella de Barcelona no pudo afrontar una deuda de 6.500 euros por un escape de agua en el sótano de su casa. El caso acabó en manos de un juez, Eduardo Paricio, quien, al intentar cotejar las condiciones que le correspondía asumir a la compañía por contrato, se sorprendió de que nadie le entregara ningún papel. “No hay contrato de concesión”, concluyó Paricio, que en 2010 tildó las actuaciones de Agbar en Barcelona de “ilegítimas” y el precio que cobraba, de “ilegal”. Pero ni siquiera este fallo perturbó el oasis catalán. 

Lo que sí ha caldeado los ánimos ha sido el anuncio de la creación de una empresa mixta entre la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar, sobre la que la AMB no ha querido conversar con Alternativas Económicas hasta que esté operativa y que ha provocado las iras de los ecosocialistas de ICV y el rechazo de distintas entidades vecinales, ecologistas y sociales reunidas en la plataforma Aigua és Vida. Denuncian que no solo se ha firmado un contrato que blinda el servicio para Agbar 35 años más (50 años, a partir de 1997) cuando no está claro en qué condiciones la compañía está ofreciendo el servicio —sin someterse a concurso, con eventuales competidores—, sino que además  con la nueva sociedad amplía sus competencias a las que ahora ejerce la empresa pública EMSSA (que desaparecerá) en campos como el saneamiento. Aigua és Vida alerta de que los ciudadanos pagarán los sobrecostes de una operación que ha llevado al  Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) y a la Fiscalía. Estima que las famililas pagarán por el mismo servicio el 80% más (124,1 euros) al año, ya que el sobrecoste calculado suma 5.600 millones durante los 35 años y los abonados domésticos, 1,29 millones. Agbar desmiente este cálculo y dice que el nuevo régimen, que prevé un canon anual de 20 millones,  solo subirá la tarifa en un 7,4% de media. La AMB no se ha pronunciado oficialmente. 

En todo caso, si la sociedad se extingue antes de lo previsto, Agbar mantendrá sus derechos. Y no queda claro por qué se empieza a contar la concesión a partir de 1997, cuando se produce  la interconexión de una estación (Abrera). ¿Y entre 1983 y 1997? ¿Y el siglo anterior? En 2047, será Agbar, no la AMB, la que recupere los activos.

Tal vez sea una anécdota. Pero la Fundación Agbar pactó con el Consejo General del Poder Judicial un convenio sobre derecho del agua en España y financió la formación de jueces hace un par de años. En este marco, el mismo juez que había calificado de “ilegítima” la actividad de Agbar en Barcelona participó en un seminario sobre gestión del agua. Paricio también firmó como relator el libro que recoge las conclusiones de los debates, El precio del agua. El pasado marzo, fue uno de los magistrados que firmaron un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que se afirma que Agbar abastece de agua a Barcelona en baja con “títulos jurídicos válidos y suficientes”.

Irse de Agbar, entrar en Suez