Armas ‘made in Spain’
Negocio al alza. España se ha convertido en un enorme exportador de material bélico. Parte de la producción, financiada con dinero público, acaba en países en conflicto.
Hay un sector de la economía española que apenas ha sufrido la crisis. Es la industria de la defensa, que no sólo ha logrado capear el temporal, sino que ha conseguido aumentar su facturación en los años más duros gracias a las exportaciones. Aviones, barcos, vehículos blindados y equipos electrónicos salen diariamente de las fábricas españolas con destino a todos los rincones del planeta, incluidas zonas en conflicto como Oriente Próximo.
Las ventas de material de defensa español en el exterior se han multiplicado por ocho en tan sólo una década, al pasar de 400 millones de euros en 2004 a 3.200 millones en 2014, según los datos que publica anualmente el Ministerio de Economía. España ocupa ya el séptimo lugar en la lista de exportadores del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, en sus siglas en inglés), el organismo que sigue más de cerca el comercio de armas en el mundo.
¿A qué obedece un incremento tan sustancial? Alberto Estévez, coordinador de la campaña Armas bajo control, lo achaca a la “voluntad decidida” de los gobiernos tanto del PP como del PSOE, pero precisa que ha sido en los últimos cuatro años cuando más se han intensificado los esfuerzos por conseguir contratos con terceros países, especialmente con Arabia Saudí. Con Pedro Morenés al frente del Ministerio de Defensa, el Ejecutivo ha puesto “toda la maquinaria del Estado” a funcionar con ese fin, explica Estévez, incluyendo la intervención en las negociaciones del propio rey Juan Carlos, bien conectado con las monarquías del golfo Pérsico. Para facilitar las transacciones, el Congreso de los Diputados aprobó una ley que autoriza al Gobierno a negociar directamente con otros gobiernos la venta de material bélico, una vía similar a la ya existente en Francia y Reino Unido.
Poco más de la mitad de las exportaciones españolas de armas tienen como destino otros países de la Unión Europea. Se trata, principalmente, de piezas de los proyectos conjuntos de fabricación de armas como el avión de transporte A400M, el caza EF-2000 Eurofighter y varias modalidades de misiles. Del resto destaca el alto porcentaje adquirido por países de Oriente Próximo, escenario de conflictos que han causado la muerte de centenares de miles de personas en los últimos años. Aunque no hay evidencias de que hayan llegado armas españolas a Siria, entre los compradores de material bélico español sí hay países que dan apoyo a alguna de las partes en la guerra civil de ese país.
¿Están las armas fabricadas en España ayudando a agravar la situación en zonas de conflicto? Las organizaciones no gubernamentales que han analizado la cuestión creen que sí. En un informe titulado Armas ‘Marca España’: Más vale prevenir que matar, Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam-Intermón denuncian que las exportaciones españolas pueden estar siendo utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos. El informe identifica diez operaciones especialmente preocupantes, entre las que cita la venta de aviones, bombas, misiles, munición y equipos electrónicos a países de la coalición encabezada por Arabia Saudí que lucha por el control de Yemen. Estas armas, sostienen sus autores, pueden haber sido utilizadas en bombardeos sobre objetivos civiles, entre ellos escuelas y hospitales, para cometer crímenes de guerra.
Poca transparencia
Alberto Estévez subraya que los controles sobre el destino de las exportaciones de material bélico español no han aumentado al mismo ritmo que las ventas, con el consiguiente riesgo de incumplimiento de las leyes internacionales que impiden la venta de armas a países en conflicto. Repetidas peticiones de información al respecto a las autoridades españolas han quedado sin respuesta, señala este experto: “Lo que nos preguntamos es: ¿dónde se están utilizando estas armas? ¿Por qué no se investiga?”.
Arabia Saudí es el segundo importador de armas del mundo, después de India, y uno de los principales destinos de las exportaciones españolas. Tan sólo en los años 2013 y 2014, España vendió a ese país material bélico por valor de 697 millones de euros. Alarmadas por esos datos, las organizaciones de derechos humanos han pedido una suspensión de todos los envíos a las partes implicadas en la guerra de Yemen, donde más de 3.000 personas han perdido la vida desde marzo del año pasado.
Las ONG denuncian, además, que en Arabia Saudí se cometen violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos desde hace décadas, y recuerdan que en los últimos dos años se ha aplastado sin piedad los intentos de la sociedad civil de propiciar cambios políticos y sociales. También expresan su inquietud por que el tipo de material exportado o autorizado para la exportación al vecino reino de Bahrein (armas pequeñas, municiones y vehículos) es precisamente del tipo empleado para reprimir la disidencia y restringir la libertad de expresión, asociación y reunión.
El Centro Delàs de Estudios para la Paz, una ONG con sede en Barcelona dedicada a la investigación sobre desarme, se muestra especialmente preocupado por el hecho de que España autorizase en 2014 exportaciones de material bélico a países embargados por la ONU y la Unión Europea. Es el caso de Irak, país al que el Gobierno español autorizó la venta de vehículos blindados y munición por valor de casi 100 millones de euros. El Ejecutivo asegura que las armas vendidas a Irak van dirigidas exclusivamente a combatir a Estado Islámico y que ha recibido por escrito todas las garantías de que la única institución que va a hacer uso de ese material es el Ministerio de Defensa iraquí.
El Centro Delàs sostiene: “Resulta evidente que el criterio geopolítico en la autorización a las exportaciones de armas se antepone al cumplimiento de la legalidad nacional e internacional y contraviene las leyes al exportar material militar o antidisturbios a un país embargado porque está en guerra”. Los responsables de la organización subrayan la aparente contradicción de que, al mismo tiempo, se hayan denegado exportaciones de material antidisturbios a Egipto y Venezuela aduciendo, como establece la ley, una situación de inestabilidad interna.
Otro caso que preocupa a las organizaciones no gubernamentales es el hecho de que munición española exportada a Camerún haya acabado en manos de las milicias Anti-Balaka en la República Centroafricana. El informe Armas ‘Marca España’ también expresa su inquietud por la exportación de municiones y repuestos de aeronaves a Colombia, ya que es imposible conocer si las unidades de las Fuerzas Armadas colombianas que usan las armas españolas están implicadas en violaciones de los derechos humanos.
Peso económico
Para los sucesivos gobiernos españoles, la apuesta por la exportación de material bélico tiene como objetivo la creación de puestos de trabajo y el refuerzo de un tejido industrial con un alto componente tecnológico. El peso exacto de la industria militar en la economía española es difícil de calcular, pues depende de la fuente consultada y de qué se entienda exactamente como material de defensa. Hay que tener en cuenta que muchas empresas del sector fabrican al mismo tiempo armas y otros productos que no son estrictamente de uso militar.
Según la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), patronal del ramo, en 2014 las empresas del sector facturaron 9.400 millones de euros, prácticamente el 1% del PIB español. De esa cifra, el 82% correspondió a exportaciones. El sector, según la misma fuente, da empleo directo a 50.000 personas.
España vendió a Arabia Saudí 697 millones en armas en 2013 y 2014
Uno de los casos que más preocupan son los bombardeos saudíes en Yemen
La deuda del Estado por la compra de material bélico ronda los 30.000 millones
Cuatro grandes empresas (Airbus, Navantia, Indra y General Dynamics/Santa Bárbara) representan más del 80% de la facturación de la industria militar española, y cada una disfruta de una situación casi de monopolio en sus respectivos subsectores. Con ellas coexisten unas 400 firmas de tamaño mediano o pequeño especializadas en todo tipo de actividades relacionadas con la defensa.
El negocio aeroespacial está dominado por Airbus. La compañía —propiedad del consorcio EADS, con capital alemán, español, francés y británico— es la más importante de la industria militar española en términos de facturación y empleo. Tras ella figuran los astilleros Navantia —propiedad al 100% del consorcio público Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)— e Indra, especializada en equipos electrónicos y de comunicaciones, también con participación del Estado. Santa Bárbara, filial de la multinacional estado-unidense General Dynamics, fabrica ve-hículos blindados como el tanque Leopard 2E y el carro de combate Pizarro, así como vehículos anfibios, armas, municiones y misiles.
Un buen número de empresas dedicadas a la producción de armas y otro material militar reciben ayudas del Estado por distintas vías. La incorporación de España a la OTAN, a mediados de la década de los ochenta, trajo consigo un aumento muy significativo de las inversiones en el sector, que dio un salto cualitativo a partir de 1996, con la llegada al poder del Partido Popular. Para canalizar las ayudas públicas, el Gobierno del PP crea los Programas Especiales de Armamento (PEA), un mecanismo mediante el cual el Ministerio de Industria concede créditos en concepto de I+D a las empresas militares a cero interés y a devolver en veinte años, y el Ministerio de Defensa paga a las empresas en el momento de la entrega de las armas descontándoles los préstamos recibidos.
Enorme deuda
Con el paso de los años, los créditos han adquirido enormes proporciones y la deuda asumida por el Ministerio de Defensa ha ido aumentando. El cálculo de esa deuda varía según quién ocupe el Gobierno, por lo que es imposible dar una cifra exacta del coste de los PEA. Pere Ortega, presidente del Centro Delàs de Estudios por la Paz, señala en su libro El lobby de la industria militar española (Icaria, 2015) que el coste de los PEA en el período 2002-2030 asciende a 29.479 millones de euros.
Ortega afirma que nadie sabe a ciencia cierta cómo acabará esa “burbuja armamentista” que ha aumentado considerablemente la deuda pública y, en su opinión, ha puesto al Ministerio de Defensa al borde del hundimiento financiero. La Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) reclama una investigación exhaustiva para averiguar esas obligaciones originadas en el Ministerio de Defensa por la compra de armamento.
Para justificar el apoyo público a la industria de defensa, a menudo se destaca su alto grado de desarrollo tecnológico y su papel de motor del crecimiento económico. Según la patronal del sector, las empresas del ramo invirtieron el año pasado el 10% de su facturación en I+D+i y son tres veces más productivas que la media nacional. Los críticos sostienen lo contrario: que el gasto militar frena el crecimiento de la economía productiva al generar endeudamiento público e impedir que bienes de capital y de equipo fluyan hacia la economía real.
Como tantos otros sectores de la economía española, la corrupción también ha sacudido a varias empresas de la industria armamentística. En 2014, la Audiencia Nacional destapó una presunta trama de corrupción en Defex, una compañía participada en el 51% por la SEPI dedicada a la exportación de armas. Se sospecha que altos cargos de la compañía española se repartieron millones de euros en comisiones ilegales con funcionarios de Angola. La Audiencia detectó que el país africano únicamente había recibido armas por valor de 50 millones de euros de un contrato por el que había pagado 153 millones. El resto del dinero fue supuestamente evadido por los participantes en la trama a través de Luxemburgo, Suiza y otros paraísos fiscales. El año pasado, la Audiencia amplió la investigación a los negocios de Defex en Arabia Saudí y Camerún.
Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón creen que ha llegado el momento de adoptar medidas para mejorar el sistema de control de las exportaciones de armas. Las ONG se quejan de que la información oficial, en muchas ocasiones, no permite saber con exactitud el tipo de producto exportado, especialmente, el usuario y el uso final. Por ello piden al Gobierno mejorar el análisis de riesgo de las ventas de armas en el exterior —responsabilidad de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)— y adoptar medidas para comprobar quién y para qué se usan esas armas. Si se aplican de forma coherente y de buena fe, sostienen las organizaciones, todas estas recomendaciones servirán para garantizar que en la legislatura que ahora comienza no se autoricen más transferencias de armas españolas que puedan ayudar a cometer atrocidades en otros países.
MORENÉS
Puertas que giran
La industria de la defensa no ha quedado al margen del fenómeno conocido como puertas giratorias. Son numerosos los altos cargos de gobiernos del PP y el PSOE y mandos militares que han trabajado o trabajan para empresas del sector.
El caso más llamativo es el de Pedro Morenés, ministro de Defensa del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha hecho el recorrido de ida y vuelta de la empresa privada a la Administración en varias ocasiones. Morenés fue secretario de Estado de Defensa en el primer Gobierno de José María Aznar (1996-2000), y en el segundo desempeñó los cargos de secretario de Estado de Seguridad y secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.
Al salir del Gobierno, entre 2005 y 2007 fue consejero de Instalaza, una compañía productora de minas antipersonas y bombas de racimo (ambas prohibidas posteriormente en España), de la que más tarde fue representante. En 2011 se descubrió que bombas de racimo fabricadas por Instalaza fueron utilizadas por el presidente libio Muamar el Gadafi contra tropas rebeldes en la ciudad de Misrata.
Se da la curiosa circunstancia de que tras la prohibición de ese tipo de bombas , Instalaza exigió al Gobierno español el pago de 60 millones de euros como compensación. En octubre de 2013, con Morenés ya al frente del Ministerio de Defensa, la Audiencia Nacional desestimó la petición.
El político y empresario vasco ha ocupado otros cargos en empresas del sector . En 2010 fue nombrado director general en España de MBDA, una multinacional dedicada a la fabricación de misiles, y posteriormente dirigió Segur Ibérica, que firmó varios contratos con el Gobierno para proteger a los barcos españoles en el Índico, cargo que abandonó para volver al Gobierno como ministro de Defensa.
Morenés ha tenido como mano derecha a Pedro Argüelles, que presidió la filial española de la multinacional estadounidense Boeing, suministradora de aviones y helicópteros a las Fuerzas Armadas Españolas, tras haber sido jefe de Gabinete en el Ministerio de Defensa del primer Gobierno de Aznar.
Foto destacada: Ibrahem Qasim
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