La austeridad amplía las grietas de la UE
Rigor: La inflexibilidad de Bruselas con los objetivos de déficit genera cada vez más resistencia en varios Estados miembros.
CORRALITO Colas para sacar 120 euros ante el Banco Nacional en Atenas en 2015. FOTO: VASILIS VERVERIDIS
La Comisión Europea ha empezado 2016 esgrimiendo de nuevo el látigo fetichista del déficit. La exigencia de rigor presupuestario ha agravado la fractura entre los países acreedores del Norte y los deudores del Sur que tras la crisis económica han tenido más dificultades para equilibrar sus cuentas. Sin embargo, cada vez son más los Estados que se resisten a seguir por la senda de la austeridad exigida por Bruselas, que ha empobrecido a amplias capas de la población de varios países. La realidad es que la Comisión Europea tropieza cada vez con más dificultades para imponer su política. Si Bruselas no flexibiliza su posición, las grietas que ha abierto la austeridad pueden conducir a una fragmentación de la Unión.
Los ciudadanos de varios países, sobre todo los del Sur, son cada vez más reacios a aceptar sumisamente unas políticas que han deteriorado seriamente sus condiciones de vida. Las implacables recetas de la Unión Europea están derribando gobiernos conservadores como ha ocurrido en Portugal y hacen muy difícil que la derecha siga gobernando en Madrid. El Gobierno del socialista portugués António Costa ya ha realizado los primeros gestos. Ha subido el salario mínimo el 5%, hasta 618 euros al mes; ha aumentado los sueldos de los trabajadores públicos, ha actualizado las pensiones e incrementado levemente los subsidios sociales. Son cambios muy pequeños, pero suponen un gesto de ruptura frente al dogmatismo de Bruselas.
Las demandas por una interpretación más flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esgrimidas en solitario durante varios años por Grecia, están cobrando fuerza en Portugal, Italia, Francia y España. Por otra parte, el aumento del gasto público para atender a los refugiados y los costes en seguridad y defensa por la amenaza terrorista, van a hacer cada vez más difícil que la Comisión Europea mantenga una postura intransigente.
La cuestión de fondo, sin embargo, es que la austeridad no ha funcionado y no ha servido para que la economía europea despegue. El desastre financiero europeo ha sido remediado, al menos temporalmente, gracias a las medidas extraordinarias adoptadas por Mario Draghi desde el Banco Cenral Europeo (BCE). La austeridad, en todo caso, ha sido contraproducente para animar el crecimiento.
En 2010, el premio Nobel de Economía Joseph Sitglitz advirtió en su libro Freefall que sin una respuesta adecuada para hacer frente a la Gran Recesión el mundo corría el riesgo de deslizarse hacia lo que él llamaba “el gran malestar”. A principios de este año Stiglitz ha comentado que “desgraciadamente”, los hechos le han dado la razón. “No hicimos lo que era necesario y hemos terminado precisamente en lo que yo temía”. En su opinión, “la única cura por el malestar del mundo es aumentar la demanda agregada”. Esto se traduce en “inversiones del Gobierno”, refiriéndose concretamente a aumentar el “gasto en infraestructuras, educación, tecnología, medio ambiente y facilitar las transformaciones estructurales que son necesarias en cada rincón del mundo”.
La austeridad no ha servido para que la economía despegue
Stiglitz propone estimular la demanda para curar el malestar
Un instrumento de política fiscal sería un seguro de paro europeo
Stiglitz afirma: “Los obstáculos a los que se enfrenta la economía mundial no tienen su raíz en la economía, sino en la política y la ideología”. Quizá el ejemplo más palmario de esta realidad es la que vive la Unión Europea.
La falta de una política fiscal en la zona euro, además de impedir que el euro disponga de un soporte fundamental, supone también un serio obstáculo para implementar políticas que estimulen la demanda y el crecimiento como las aplicadas por el presidente F. D. Roosevelt en los años treinta en Estados Unidos.
Un reciente estudio de Europe G, grupo de opinión sobre economía política, que dirige el catedrático de Hacienda Pública Antoni Castells, ha analizado los graves inconvenientes que comporta la falta de política fiscal en la zona euro. El informe considera que la ausencia de mecanismos fiscales de carácter estabilizador en la zona euro “explica, en parte, la gravedad e intensidad de las políticas de austeridad aplicadas en algunos países”.
El plan B contra la austeridad
El instrumento más adecuado para establecer una sólida política fiscal sería reforzar el presupuesto comunitario y crear un Tesoro Europeo con capacidad para endeudarse, como ha señalado el profesor Castells. Esta vía, sin embargo, tiene muy pocas posibilidades de prosperar desde que en 2003, seis países contribuyentes netos (Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Austria y Suecia) se opusieron a que el presupuesto comunitario superara el 1% del PIB de la Unión.
Desde entonces se han buscado alternativas para crear instrumentos de política fiscal que puedan desempeñar una función estabilizadora y compensar a los países que sufran una recesión. Uno de los instrumentos barajados es el de un seguro de desempleo europeo. Se trata de un gasto muy sensible al ciclo económico que podría estar financiado por el impuesto de sociedades, también muy dependiente de la evolución de la economía.
Otra alternativa sería la creación de un fondo de transferencias de carácter estabilizador. Europe G considera que “la creación de este mecanismo europeo de carácter estabilizador es una cuestión prioritaria, tras la experiencia de la Gran Recesión, y su implementación podría ser un primer paso muy significativo en el avance hacia una auténtica unión fiscal, que no pivotara exclusivamente, como ocurre a día de hoy, en la disciplina presupuestaria de los Estados miembros”.
De todas formas, la UE, aunque reconoce la necesidad de este mecanismo estabilizador, no camina en esta dirección como reconoce el estudio. El documento de los cuatro presidentes, promovido por el ex presidente del Consejo Europeo Herman van Rompuy en 2012, proponía la creación de una fiscal capacity (fondo para contrarrestar choques fiscales) que debería empezar a instrumentarse en 2015. Sin embargo, el informe de los cinco presidentes impulsado por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, tres años después, ha supuesto un retroceso al establecer numerosas cautelas para crear un instrumento fiscal para estabilizar la economía y considerar que es una iniciativa a largo plazo que debería alcanzarse antes de 2026.
Mientras la Unión Europea, dominada por los Estados, titubea y es incapaz de avanzar en la política fiscal, los estragos de la austeridad siguen estando muy presentes en los países que más han sufrido la crisis. No se puede olvidar que desde el inicio de la crisis la economía griega se ha encogido un 24% y España, Portugal e Italia todavía no han alcanzado el nivel de riqueza de 2008.
En esta coyuntura es muy difícil que los Estados acepten sin rechistar las exigencias de Bruselas en materia de déficit. Los gobiernos suelen prometer cada año unos objetivos que son infringidos de manera bastante generalizada. España ha incumplido todos los objetivos de déficit desde 2009. En 2016, debería terminar el año con el 2,8% y finalizará en el 3,6%, según los analistas. Los compromisos de reducción del desequilibrio presupuestario tampoco se cumplirán en Francia ni en Italia.
Hasta ahora la resistencia de los ciudadanos a las medidas de austeridad ha sido neutralizada por la Comisión Europea y el BCE. Incluso los griegos, que eligieron un Gobierno antiausteridad que contó con el apoyo de un referéndum del 62%, tuvieron que pechar con las implacables imposiciones de Bruselas y Frankfurt.
La izquierda europea ha vuelto a movilizarse contra esta deriva autoritaria que prescinde de las voluntades populares expresadas en las urnas. Esta iniciativa se centra en el llamado Plan B contra la austeridad y por una Europa democrática que busca dar visibilidad a las propuestas que quieren acabar con la austeridad. El plan B promueve el cierre de los paraísos fiscales, una política fiscal justa, la remunicipalización de los servicios públicos, la apuesta por las energías renovables y la reforma o abolición del pacto fiscal. Entre sus impulsores figuran la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz; el lingüista Noam Chomsky; la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra; la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, el eurodiputado de esta formación Miguel Urban y el ex ministro de Economía de Grecia Yanis Varoufakis. Los impulsores celebrarán una reunión en Madrid los días 19, 20 y 21 de febrero para debatir sobre el futuro de Europa, en la que participarán destacados pensadores internacionales.
