Latinoamérica recupera el control estatal
América Latina. Después de las privatizaciones, la región ha vuelto a los Estados, aunque en algunos sitios la mercantilización ha tomado otras formas. El reto ahora es que el acceso al agua sea universal.
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Avances En 10 años, 70 millones de personas accedieron a servicios de agua. en América Latina. Faltan las zonas más pobres. FOTO: AYSA.
Buenas y malas noticias para América Latina en asuntos relacionados con el acceso al agua. Según los últimos datos del Banco Mundial, de 2012, el número de personas con servicio de agua en los centros urbanos aumentó en 70 millones en la última década.
Sin embargo, no es tiempo de fiesta ni mucho menos. La región del mundo que cuenta con el 31% de los recursos de agua dulce del planeta, tiene todavía a 100 millones de personas sin acceso a ningún tipo de saneamiento. En áreas rurales, el 40% de la población no puede acceder al agua potable. Además, solo el 20% de las aguas residuales reciben tratamiento, lo que deriva en contaminación de ríos y áreas costeras.
La Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua (Red Vida) explica que los servicios de agua y saneamiento están —en la mayoría de los casos— gestionados actualmente por el sector público. Pero el asunto no es tan sencillo y en muchos de esos casos el modelo de gestión es empresarial; es decir, está basado en la rentabilidad y no en garantizar el derecho al agua. Por eso, son las zonas más pobres y más rurales las que se quedan sin acceso.
“Estamos estudiando si realmente América Latina se está moviendo hacia una nueva política del agua”, explica José Esteban Castro, catedrático de Sociología y coordinador de Waterlat, una red de docencia, investigación y acción abocada al control, la gestión y los servicios del agua en América Latina. “La percepción es que no es exactamente así. El cambio real es muy difícil porque en Latinoamérica se ha desmantelado la capacidad de los Estados para la gestión pública y para la regulación efectiva. La inercia es muy fuerte. Por ejemplo, en algunos casos se han ido las empresas privadas pero continúan en los puestos de dirección las mismas personas que estaban en tiempos de la privatización, y en muchos casos siguen las mismas leyes e instituciones”.
Lo cierto es que los sistemas no son centrales y cada territorio, y en muchos casos cada municipio, gestiona el agua a su manera. “Cada uno lo hace como puede, y decide a qué da prioridad”, responde Diego Muñiz, portavoz de AYSA, la sociedad argentina con mayoría estatal y participada por los propios trabajadores que da servicio a 11 millones de personas. Argentina es el país latinoamericano que más ha privatizado en la década de los noventa y el que más ha estatalizado en los últimos años. “El Gobierno actual ha puesto como prioridad el acceso universal al agua y su saneamiento en 2019, con aportes del Estado y créditos internacionales que el Estado garantiza. Evidentemente, no somos una constructora, y las obras las hacen empresas privadas, muchas extranjeras. Pero se hace con dinero y control público. Cuando hay que expandir el servicio en segmentos de bajos ingresos el esquema privado no funciona. Otra cosa es que el Estado no coloque el agua como prioridad o que no tenga los recursos para subsidiar el servicio”.
En todo caso, en aquellos lugares más empobrecidos, donde no llegan los Estados, están buscando alternativas. Existen infinidad de sistemas de agua locales, gestionados por las propias comunidades rurales, que construyen sus propios acueductos y sus sistemas de saneamiento con muy poco apoyo (véase la columna de A. Marquisio).
En Bolivia querían cobrar un impuesto a la lluvia que cayera sobre la superficie de las casas
Hoy existen infinidad de sistemas de agua que gestionan las mismas comunidades
Por ejemplo, en la zona sur de la ciudad boliviana de Cochabamba, 180 sistemas comunitarios independientes proveen de agua a 300.000 personas. Les faltan, por supuesto, dinero y acceso a la innovación y a las nuevas tecnologías.
Cochabamba es uno de los lugares más emblemáticos en la lucha por el derecho al agua en América Latina. Allí se dio lo que se conoce como la guerra del agua.
Desde la década de los noventa, el Banco Mundial impulsaba muy agresivamente las privatizaciones en América Latina, agua incluida. Lo había logrado, primero en Chile (único país latinoamericano donde el agua aún se gestiona de forma totalmente privada, y en el que la población indígena parece no estar en el mapa). Luego en Argentina, donde el Gobierno presidido por Carlos Menem dio rienda suelta a las privatizaciones (la población cubierta por empresas privadas pasó de 0 al 70% entre1993 y1996). Pronto en otros países y, por fin, en Bolivia, donde estalló literalmente una guerra.
La radicalidad puede entenderse en Cochabamba. Allí, en 1999, el Gobierno de Hugo Banzer, presidente electo y ex dictador, cedió el monopolio del agua a la multinacional Betchel, junto a otras empresas entre la que estaba la española Abengoa. Actuaban bajo la marca Aguas del Tunari.
Betchel llegó a cobrar el 50% de un salario boliviano en agua. Pero eso no fue lo peor. También querían cobrar un impuesto a la lluvia que caía sobre las casas. Calcularon cuántos metros tenían las viviendas y cuánta lluvia podía caer por esa dimensión. En el año 2000 las manifestaciones fueron masivas, y la respuesta —con Banzer todavía al mando— fue sangrienta. Las protestas continuaron y a los tres meses el Gobierno se vio obligado a rescindir el contrato.
Comenzaban otros tiempos en América Latina. En 2001 caía el Gobierno argentino y las calles se llenaban de asambleas. El mismo año los bolivianos se reunían con otros latinoamericanos en el Primer Foro Social Mundial, en Porto Alegre. Hablando en ese foro, se dieron cuenta de que los problemas eran similares en toda América Latina, y que era preciso luchar por los derechos, como lo había hecho la gente de Cochabamba.
De todo el movimiento por un agua pública de América Latina, quizá uno de los casos más emblemáticos es el de Uruguay. En una asamblea en un barrio de la pequeña Ciudad de la Costa, un vecino llamado Emanueli propuso que se cambiara la constitución, y que el agua fuera pública, por ley, como un derecho humano fundamental. Fue una idea que disparó el cambio. En 2004, el 64,7% de la población uruguaya votó en un plebiscito a favor de la defensa del derecho al agua. El agua es en Uruguay, por ley, pública.
PARA SABER MAS:
Publicaciones:
- Agua. Alternativas a la privatización (capítulo sobre América Latina de Marcela Olivera: Food & Water Watch).
- Remunicipalización: El retorno del agua a manos públicas.
- Informe de Ingeniería Sin Fronteras: Con agua al cuello.
Webs:
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
- Por el acceso al agua, junto a las comunidades
