Rescate a cambio de gestión privada

Movilización contra la privatización del agua. La UE fuerza a Grecia y Portugal a vender sus empresas públicas, pero la presión social frena que Bruselas vaya más allá.

Utopía es una palabra merecedora de su origen etimológico griego. Al menos cuando uno se entera de iniciativas como la siguiente: a un grupo de ciudadanos de Tesalónica se le ha ocurrido dividir el valor de la compañía que gestiona el agua y el saneamiento de la segunda ciudad de Grecia entre el número de contadores del municipio.  Se trata de animar a cada familia griega a quedarse con un pedacito del 40% de Thessaloniki Water (EYATH) y convertir así a los usuarios del agua en copropietarios de la empresa. La parte en venta es el 40% del total y engloba  infraestructuras y mantenimiento. La gestión y facturación seguirá en manos del Estado.  Los promotores de la iniciativa, que supone pagar 136 euros por pedacito, no lo tienen fácil: sabido es que el país heleno sufre un duro castigo social y que los griegos viven empobrecidos, paradoja monumental de su salvación y rescate económicos por parte de la Unión Europea. Aun así, quienes intentan cooperativizar la compañía de agua insisten en que no intentan colocar un muerto, sino un negocio rentable que en 2010 ganó 12,4 millones de euros, y en 2011, otros 20,1 millones. También espera a su mejor postor la compañía que abastece de agua a Atenas (llamada EYDAP). ¿Por qué se venden ambas empresas? La privatización del agua es una de las obligadas condiciones impuestas a Grecia por  la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) a cambio de dinero para que el país pueda funcionar (110.000 millones primero y 130.000  después). 

La exigencia ha despertado protestas, aunque sea porque lo más parecido a una Constitución que existe en la UE, el Tratado de Lisboa, otorga a Bruselas un papel neutral por lo que respecta a si las empresas que gestionan un servicio deben ser públicas o privadas: los tratados no prejuzgan en modo alguno el modo del sistema de propiedad (los descreídos pueden leer el artículo 345). 

Al revuelo se le ha sumado la norma que la Comisión Europea ha estado cocinando para armonizar  por primera vez a escala europea las adjudicaciones en concesión en distintos ámbitos, que inicialmente incluían el agua. La iniciativa abría nuevas posibilidades al sector privado, ya que fijaba entre sus objetivos “el estímulo de la inversión privada” mediante “la colaboración público privada”,  insistía en el criterio de que las adjudicaciones se realizaran a favor de la opción que supusiera “una mejor ventaja económica global” y condicionaba en qué casos podían ofrecer el servicio los ayuntamientos.  

“La UE lleva años liberalizando sus servicios, pero hasta ahora el agua había quedado al margen. Con la directiva de concesiones estalló todo”,  se queja Pablo Sánchez, uno de los promotores de una iniciativa ciudadana europea en favor de que el agua sea considerada un bien público, un derecho humano, al que se se garantice el acceso de todos los ciudadanos, en línea con el reconocimiento que la ONU hizo hace unos años.  Hoy, solo el 10% de la población del mundo está abastecida de agua por la vía de operadores privados, según el Banco Mundial. 

La presión parece haber surtido efecto. El pasado 21 de junio, el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, anunció que el agua quedará excluida del nuevo marco que regula las concesiones. Barnier, que ya había insistido reiteradamente en que su intención “no había sido nunca privatizar los servicios de agua”, anunció sin embargo un paso atrás para “tranquilizar a los ciudadanos” que se sintieran enfadados porque les fueran a “privatizar el agua sin su permiso”. Barnier reconoció en un comunicado el eco de una protesta organizada por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (y apoyada en España por  Red Agua Pública) que hasta ahora  ha logrado 1,5 millones de firmas de adhesión por Internet, más 200.000 en papel. La campaña sigue adelante. “Estaremos contentos cuando se pase de las palabras a un acto legislativo votado, y además queremos que se legisle en positivo, no con exclusiones del agua. Queremos que ésta sea declarada un derecho humano”, insiste Sánchez. 

Menos deuda y beneficios sociales

Para entender la suspicacia de este movimiento sobre la posición real que mantenía Bruselas —que, ciertamente, no obligaba a privatizar en toda la UE, pero sí marcaba un camino—, merece la pena regresar a Grecia, y también a Águas de Portugal (AdP), compañía pública de otro país vecino rescatado por la troika.  Atención a  la argumentación de la siguiente  carta de Gabriele Giudice, jefe de unidad de la Comisión  para Grecia, con fecha del pasado 26 de septiembre: “La privatización de las empresas públicas contribuye a la reducción de la deuda pública (...) Tiene además el potencial de incrementar la eficiencia de las empresas y por extensión la competitividad de la economía en su conjunto, además de atraer inversión extranjera directa”, escribe Giudice. Y prosigue: “La Comisión cree que la privatización de las empresas de servicios públicos, incluidas las de agua, puede proporcionar beneficios a la sociedad si se hace con  cuidado”.  Ahí propone un “equilibrio entre el acceso justo e igual al agua, gas o electricidad, la buena calidad del servicio y el suministro sostenible desde el punto de vista financiero”, porque ve necesario un marco regulatorio que evite “abusos de los monopolios privados”.

Europa, donde conviven modelos privados como el del Reino Unido con privatizaciones prohibidas por la Constitución como en los Países Bajos, es hoy un escenario en el que luchan dos tendencias opuestas: presión de las autoridades por privatizar, con la espada de Damocles del déficit encima, y presión ciudadana por remunicipalizar. Hace dos años, los italianos frenaron en referéndum el fin de la gestión pública que perseguía el ex primer ministro Silvio Berlusconi: los municipios iban a estar obligados a convocar una subasta de sus servicios hídricos y a ponerlos en manos de empresas privadas. 

El modelo de asociación pública-privada con empresas mixtas, con sello francés, también ha quedado tocado después de que París, cuna de pesos pesados empresariales del agua, diera la campanada al remunicipalizar el servicio en 2010 y excluyera de la gestión a los gigantes Veolia y  Suez. El primer año logró un ahorro de 35 años y permitió reducir la tarifa en un 8%, lo cual ha inspirado a otras ciudades, por ejemplo, Burdeos. 

Berlín recupera el control

También Berlín intenta recuperar el control del suministro. El descontento ciudadano debido al encarecimiento de las tarifas, sobre todo a partir de 2007, culminó en una consulta popular en 2011 que obligó a las dos compañías que tenían el 49% de la Berliner Wasserbetriebe (BWB) —la alemana RWE y la francesa Suez— a divulgar el contenido de los contratos del agua de la ciudad desde 1999. El año pasado, el regulador concluyó que BWB debería recortar en un 20% los recargos entre 2012 y 2015. 

Más cerca, el pueblecito catalán de Arenys de Munt, gobernado por los alternativos y la CUP, canceló la concesión a una filial de Agbar para poner el servicio en manos de la empresa municipal Aigües d’Arenys.

Las empresas repiten a menudo, y es cierto, que por el agua se paga comparativamente poco en España. Pero  las comparaciones sin matices desdibujan la realidad. En Dinamarca u Holanda, donde el agua es pública, el recibo del agua es mucho más  caro que en otros países en los que el sector privado tiene un peso importante, como ocurre en España, donde el precio medio por metro cúbico es de 1,54 euros. En Copenhague, hablamos de 6,4 euros y en Amsterdam, de 4,8, según la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).  Sin embargo, el recibo  no incluye lo mismo. En Dinamarca o Francia, entra el pago de infraestructuras como depuradoras. En España, la financiación de éstas ha sido costeada en buena parte con fondos europeos. Indirectamente, hay subvención. El recibo tiene  margen de subida.

Pero eso no significa que en España la tarifa del agua no haya sufrido subidas espectaculares.  Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), considera la privatización “un sabotaje social a la economía ciudadana”. La privatización siempre comporta incrementos de tarifas (70% en Avilés, 30% en Huelva, 75% en La Unión —Murcia—). Los operadores replican que los costes reales no se estaban repercutiendo. Unos y otros dicen que echan en falta un regulador para el sector.

La organización de consumidores Facua concluyó que en 2012 las tarifas para las familias que consumen 10 metros cúbicos mensuales y un contador de 15 mm subieron casi el 5% de media. Pero la diferencia entre  lo que se paga en  una y otra ciudad supera el 300%. La OCU también critica tal diferencia. ¿Es justificable pagar 455 euros en Murcia por consumir 175 metros cúblicos al año  y 119 en Palencia (datos de la OCU)? La distancia del recurso hídrico y las infraestructuras condicionan el coste. Pero en una ciudad donde el agua es muy barata, Valladolid, ahora se paga el 9% más caro que antes de su privatización, subraya AEOPAS. El porcentaje de la población española abastecido por operadores privados se acerca al 57%. En 1996, el 63% recibía el suministro de entidades públicas, dominantes hasta 2010. España parece vivir ajena a la remunicipalización europea. 

Frágil control público

En plena crisis, la privatización del agua se ha convertido en una llave recaudatoria. “La construcción de instalaciones no está en expansión, pero sí la gestión privada del ciclo del agua. Las concesiones son fuente de ingresos para las administraciones y una fórmula de ingresos para optimizar la gestión y trasladar al sector privado el coste de las inversiones necesarias para mantener un buen servicio”, señalan en Acciona. 

“Se suele justificar a los privados por el know how y experiencia, y también con el argumento de la eficiencia, pero tratándose de un monopolio natural no compiten, y la eficiencia y las inversiones no siempre se cumplen. El control de las autoridades suele ser frágil.  Si no eres un experto, ¿cómo saber que está justificada una subida de tarifas según el  aumento de costes que dice la empresa?”, apunta el economista Jordi Roca. Las tarifas sociales y los cortes de suministro se prestan a enfoques distintos.

Población.  Un 57% de los españoles está abastecido de agua por empresas privadas

Negocio a la vista.  La reforma de la Administración sopla a favor de la privatización

Repercusión. Las subidas de tarifas tras la entrada de un privado son elevadas

Pero si a las empresas les interesa un mercado cautivo donde los clientes, en principio, pagan, a los municipios les interesa el canon que cobran.  Entidades como la Fundación Nueva Cultura del Agua, que preside Nuria Hernández-Mora, critican que el dinero del canon no suela ir a mejorar los servicios de agua, sino a cualquier otra necesidad del consistorio. Algunas adjudicaciones prevén alargar las concesiones de forma automática si se empieza alguna gran infraestructura al final de la anterior. 

La reforma de la Administración local también sopla a favor de la privatización, “con la pérdida de competencias de los [municipios] de menos de 20.000 [habitates] en favor de las diputaciones”, que pueden sacar paquetes de servicios a la venta, subraya Babiano. Fuentes empresariales replican, escépticas, que “el Gobierno no abrirá este melón”. Pero el marco dibujado persigue, en todo caso, favorecer “la iniciativa económica privada”.  

Los constructores, heridos tras la burbuja,han desarrollado boyantes negocios de servicios medioambientales (agua incluida) y los grupos de distribución de agua, que habían diversificado sus actividades, han vuelto al corazón de su negocio. El mercado privado español está dominado por dos grandes actores que responden a este esquema: FCC (via Aqualia) y Agbar. Controlan el 80%. En el público destaca el Canal Isabell II y empresas públicas como las de Sevilla o Bilbao. Cada concurso es una diana de recursos y contrarrecursos de unas contras. Ni siquera hace falta que se hayan presentado a la adjudicación. Marcan territorio.

REMUNICIPALIZACIÓN

París baja las tarifas tras echar a Suez y a Veolia

Alcalde de París, Bertrand Delanoë

PRESIDENTE DE NESTLÉ

“El agua tiene su precio”