Negociación // El impuesto a los gigantes digitales se complica

  • Tienda Apple en el centro de Barcelona
    Andrea Bosch

    La idea de imponer una tasa mundial a los Google, Facebook y compañía es revolucionaria. Pasar de la teoría a la práctica no está siendo fácil.

    Las negociaciones prosiguen, hay tensiones, pero se avanza. Ese fue el mensaje que trasmitió el pasado 31 de enero Pascal Saint-Amas, negociador jefe de la OCDE, a propósito del proyecto de tributación de las actividades digitales de las multinacionales. Los principios, que se discuten en un marco inclusivo que reúne nada menos que a 137 países, son bastante revolucionarios. Pero pasar de la teoría a la práctica está resultando complicado. Sobre todo, cuando en las negociaciones interfieren los enfrentamientos políticos entre estadounidenses y europeos.

    A comienzos de 2019, los países del marco inclusivo pusieron sobre la mesa dos pilares de imposición a las multinacionales que trasformaban radicalmente el modo de tributación.

    Dos pilares

    Primer pilar: se puede someter a impuesto a una empresa aunque no tenga presencia física en el territorio donde realiza su actividad. Las llamadas GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) pueden prestar sus servicios al mercado feuropeo desde Irlanda (Google) o Luxemburgo (Amazon), pero el fisco francés o el español podrán someter a impuesto una parte de los beneficios desde el momento en que la actividad se desarrolle en sus respectivos territorios. Es un cambio gigantesco, porque las normas actuales establecen que solo se puede hacer tributar a una empresa si tiene presencia física en un territorio. De este modo, aunque los beneficios se transfieran artificialmente a paraísos fiscales, una parte volverá a los países donde la actividad ha tenido realmente lugar. ¿Cómo? Una fórmula determinará qué parte de los beneficios normales pueden ingresar las empresas en los paraísos fiscales. Los beneficios restantes se califican como residuales y un porcentaje de ellos, a determinar, volverá a los países en los que se ha hecho el negocio.

    3%: Es el gravamen aprobado por el Gobierno español sobre las grandes empresas digitales, la tasa Google, junto con otro gravamen del 0,2% sobre transacciones bursátiles

    Segundo pilar: se fija un umbral mínimo de imposición. Si una empresa utiliza los paraísos fiscales para lograr, por ejemplo, una tributación por sus beneficios del 2%, deberá pagar al fisco de su país de origen la diferencia entre ese 2% y el umbral mínimo impuesto, lo que restaría mucho atractivo a los paraísos fiscales.

     

    Llegar a un entendimiento

    Aunque los principios están establecidos, hay que llegar a un entendimiento sobre su aplicación. Y en este punto las cosas se complican. Algunas actividades están excluidas de entrada (las que tienen lugar entre empresas) o están incluidas por definición, pero se han sacado del perímetro (servicios financieros, tratados por otras políticas). En el caso de las actividades que sí están incluidas, el modo de división entre beneficios normales y residuales, así como el porcentaje de los beneficios residuales que volvería a ser reasignado (a las jurisdicciones de mercado) son variables fundamentales

    Según los expertos del Consejo de Análisis Económico francés , sobre la base de un margen normal del 12% y con el 20% de los beneficios residuales reasignados, Francia recaudaría un 0,1% más en su impuesto de sociedades… Un pequeño porcentaje de un pequeño porcentaje no puede dar gran cosa…

    En el caso del segundo pilar, con un umbral mínimo del 15% (las negociaciones giran más bien en torno a un 12,5% o un 13%), Francia tendría un 18% más de ingresos por impuestos de sociedades, del orden de 8.000 millones de euros, una bonita suma. Sin embargo, el pasado 13 de febrero, la OCDE publicó un estudio según el cual los Estados recuperarían globalmente el 4% del impuesto de sociedades, una exigua cantidad debida a las debilidades del pilar 1.

    Hay otros parámetros a definir. Algunos países (con Francia a la cabeza) piden un principio de diferenciación: los requisitos deberían ser más duros para los gigantes del sector digital que para las empresas que utilicen la tecnología digital sin que ello sea su trabajo principal (venta de bienes por Internet…). Pero a priori hay pocas posibilidades de lograrlo.

    Otros países (especialmente China) piden un principio de diferenciación regional: las autoridades chinas avanzan que las multinacionales tienen más márgenes en China, por lo que el país debería poder recuperar más base imponible. Habrá que regular este tema.

    Problemas en el Sur

    Aunque el principio de un umbral mínimo de imposición parece contar con el consenso, hay que negociar las modalidades. Algunos países del sur, y no precisamente los del montón, desean poder ganarse inversores ofreciendo condiciones fiscales favorables sin ser penalizados por ello. Y, por el contrario, otros reclaman ese umbral mínimo como un arma de resistencia frente a las empresas que presionan para lograr ventajas fiscales.

    Finalmente, el acuerdo entre los países miembros prevé fortalecer y hacer que sean obligatorios y vinculantes los procedimientos y decisiones que permitan a las multinacionales presentar una denuncia cuando consideren que son maltratadas fiscalmente. Los países africanos y latinoamericanos no son favorables porque les hace pensar en los tribunales de arbitraje de comercio e inversión ante los que las grandes empresas acuden a litigar sobre las decisiones políticas que ellos toman y les sacan auténticas fortunas. Aunque los mecanismos de resolución de litigios fiscales están mejor regulados y afectan, de hecho, esencialmente a los países ricos, hay que responder a esa inquietud dado que el arbitraje es obligatorio. En resumen, nada está ni mucho menos solucionado y "aún no estamos en la fase de puesta en marcha", admite con razón Pascal Saint-Amans.

    Las negociaciones iban bien hasta que aparecieron dos temas de tensión. Francia aprobó en julio de 2019 un impuesto nacional sobre las actividades digitales de las multinacionales denominada tasa GAFA, convirtiéndose en cabecilla de un movimiento que ha multiplicado las tasas nacionales (Reino Unido, Italia, España, Austria, India).

    Estados Unidos se ha molestado y su secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, soltó una bomba anunciando, el pasado 3 de diciembre, que solo las multinacionales que lo deseen entrarán en el nuevo sistema. ¿De que vale pasar meses negociando los parámetros de una tributación efectiva de las multinacionales si las más importantes, las estadounidenses, pueden eludirlo? A ello se añaden las amenazas de guerra comercial contra los países que establezcan una tasa nacional. Un ambiente nada tranquilizador…

    Indecisión estadounidense

    Según un observador, todo ello ha estado a punto de hundir las negociaciones. Pero las cosas se calmaron a principios de 2020. Francia e India han suspendido la retención de su impuesto hasta finales de año. EE UU debe volver a la mesa de negociaciones con precisiones sobre el modo en que las empresas optarían por entrar o no en el mecanismo. A dicho respecto, se les puede otorgar diferentes niveles de libertad… Y, además, los estadounidenses han dado a entender que las grandes empresas tecnológicas y varios laboratorios farmacéuticos habrían manifestado su intención de aplicar los nuevos principios. ¿Por qué? Porque prefieren nuevas reglas mundiales que la multiplicación de tasas nacionales.

    "Tenemos dificultades porque las cosas comienzan a ser concretas" Pascal Saint-Amans, negociador jefe de la OCDE

    En todo caso, la indecisión estadounidense parece ir para largo, aunque Washington ha reafirmado su apoyo a una solución multilateral. El resultado de las negociaciones estaba previsto para comienzos del mes de julio. Pero la epidemia de coronavirus y la proximidad de las elecciones presidenciales en EE UU, en noviembre, dificulta las decisiones políticas gubernamentales y su ratificación por el Congreso. No hay que excluir, pues, un aplazamiento de las decisiones al primer semestre de 2021.

    Después de haber avanzado varias alternativas para el primer pilar, estas han quedado reducidas a una, cuyos parámetros hay que negociar. Es normal que una serie de tensiones políticas retrasen la conclusión: "Tenemos dificultades porque las cosas comienzan a ser concretas", dice Pascal Saint-Amans.

    No deja de ser cierto. Habrá, pues, que tener paciencia. Pese a que los principios revolucionarios están ahí, la revolución tendrá que esperar. Pero la irritación de las sociedades civiles frente a unas empresas que no pagan la parte de los impuestos que en justicia les corrresponde aumenta, y a los gobiernos les interesa llevar este proyecto a buen puerto: no hay plan B.

    Aplicaciones de Google en un teléfono móvil con sistema Android. Foto: Getty

     

    España tiene ya tasa Google y tasa Tobin

    A la espera de que se concrete un tributo digital global en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Gobierno español quiso dejar clara su posición y aprobó en febrero la llamada tasa Google, que grava con un 3% los ingresos que generan los servicios de intermediación digitales, la venta de datos de usuarios y la publicidad por Internet. La propuesta está en línea con la que en su día hizo la Comisión Europea para una UE dividida, y no se liquidará hasta diciembre. Se aplica a empresas digitales con un negocio anual de 750 millones de euros o más y si en España supera los 3 millones. El Ejecutivo ha rebajado su estimación de recaudación anual de 1.200 a 968 millones de euros, en parte por la lentificación económica, pero la previsión no incluye el efecto del coronavirus. Junto con este gravamen, España ha aprobado una tasa del 0,2% sobre la compraventa de acciones de compañías españolas con un valor bursátil de más de 1.000 milones.

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