Vuelve el Estado social

  • Por (Director fundador y editorialista de Alternativas Económicas)
    Marzo 2020

    La pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2) ha contagiado a más de medio millón de personas y ha causado más de 21.000 muertes en todo el mundo en el momento de escribir estas líneas, el 26 de marzo de 2020. La expansión exponencial de la enfermedad hace difícil prever la magnitud del coste humano que puede alcanzar. Los Estados más afectados son China, (81.731 contagiados), que parece haber contenido la enfermedad; Italia (74.386); Estados Unidos (69.197), y España (56.188). Italia y España son los países que han sufrido más fallecidos con 7.503 y 4.098, respectivamente.

    Las medidas de confinamiento implementadas por los distintos países para reducir los contagios han provocado un tremendo parón económico. El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, ha comparado la actual debacle con el crac de 1929. Todo depende de la duración de la crisis. La recesión en la zona euro puede reducir el producto interior bruto (PIB) el 9%, que en España e Italia podría llegar al 10%, según Goldman Sachs. La crisis podría comportar la destrucción de hasta 25 millones de empleos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    La crisis debe propiciar un cambio radical en la sociedad

    Hay que poner a las personas por delante del beneficio económico

    La disposición de recursos financieros por parte de los bancos centrales y los Gobiernos han alcanzado unas cifras colosales sin precedentes. En EE UU la Reserva Federal acordó la compra de activos por 1, 5 billones de dólares y el Congreso y el Senado aprobaron un plan de estímulo económico de más de dos billones de dólares.

    En Europa el Banco Central Europeo (BCE) aprobó la compra de deuda pública y privada por un billón de euros. Pero el grueso de las políticas fiscales ha sido de ámbito nacional. Alemania avaló créditos a las empresas por un valor de 550.000 millones de euros. Francia y España avalarán 300.000 y 117.000 millones, respectivamente. El Gobierno de Berlín amplió, además, su presupuesto en 156.000 millones de euros.

    Es notable la ausencia de medidas relevantes por parte de la Unión Europea. La división interna entre países ricos y pobres ha impedido establecer una política solidaria común con instrumentos como los eurobonos, que permitirían abaratar el coste de la deuda. La Comisión Europea aprobó un paquete de ayudas por valor de 37.000 millones de euros claramente insuficiente.

    Esta crisis humanitaria, sin embargo, ha despertado una impresionante ola de solidaridad que ha salvado millones de vidas. Los ejemplos de heroicidad de médicos, enfermeras, cuidadores, trabajadores públicos y privados, que se han mantenido en sus puestos clave, se han convertido en los nuevos referentes morales. Son los valores que deberían inspirar la nueva sociedad que surja tras la crisis.

    La respuesta ciudadana supone la rehabilitación del humanismo y la importancia de los Estados. Ha cobrado especial importancia la necesidad de contar con potentes servicios públicos de salud para detener la extensión de esta pandemia y otras enfermedades. En la mente de todos están los irresponsables recortes en los presupuestos de Sanidad adoptados por los Gobiernos conservadores durante los últimos 20 años, que han limitado la capacidad de actuación.

    Después de la Segunda Guerra Mundial, que significó unos enormes sacrificios en vidas humanas, varios países establecieron potentes Estados de bienestar con especial atención a la salud, la educación y las pensiones. Fueron 30 años de progreso social y económico.

    A partir de la década de 1980, el capitalismo liberal priorizó la búsqueda de beneficios a costa de derechos sociales. El experimento ha supuesto una sociedad terriblemente desigual, la amenaza de destrucción del planeta y la incapacidad de contar con recursos suficientes para garantizar la salud de sus ciudadanos.

    La crisis debe propiciar un cambio radical en la sociedad que ponga a las personas por delante de los beneficios económicos. Esto exige una revalorización del poder del Estado democrático y sus competencias para lograr sus objetivos sociales, fundado en la justicia, la igualdad y el respeto al medio ambiente.

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