La urgencia por afrontar la pandemia, la crisis climática y el aumento de las desigualdades devuelve al Estado su papel de motor y árbitro de la actividad económica.

España se encuentra en mínimos en cuanto a inversión pública en infraestructuras, el 2,2% del PIB. La presión para reducir el déficit impedirá que el panorama cambie por lo menos durante el próximo año.