España necesita una banca pública hoy

La actividad bancaria, y en especial el crédito, son imprescindibles para el desarrollo económico de un país. La banca privada, funcionando hoy como un oligopolio en España, no resulta satisfactoria para los ciudadanos, las pequeñas empresas y las entidades locales. Tampoco llega a financiar las inversiones estratégicas que requiere el nuevo modelo productivo sostenible que defiende la Unión Europea. Una mayor presencia de la banca pública contribuiría a un mejor funcionamiento de la economía española y de su sistema financiero. Urge una formulación política en este sentido.

Exclusión financiera
Luchar contra la exclusión financiera supone garantizar un acceso adecuado a los servicios bancarios básicos a toda la población. Nos referimos no solo a las personas vulnerables, cuya relación con los bancos es complicada, sino también a los emprendedores y autónomos. En España, la fuerte concentración bancaria de los últimos años ha conformado un oligopolio (en marzo de 2022, Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell copaban ya el 75% de los depósitos) y ha producido una fuerte exclusión financiera: el número de oficinas se ha reducido de 45.600 en 2008 a 20.421 en 2021, el número de cajeros ha pasado de 61.714 a 49.481 y más de 120.000 puestos de trabajo han desaparecido en este periodo de tiempo. Más de la mitad de los municipios de la España rural han quedado desatendidos y en las áreas metropolitanas abundan los barrios con  ninguna o escasas oficinas bancarias.  
Las pymes y los autónomos pagan unos tipos de interés muy superiores a los de las grandes empresas por préstamos de la misma cuantía. La exclusión viene también por la poca disposición de las entidades financieras a cumplir con la normativa. Por ejemplo, está incumpliendo la directiva europea al no anunciar las cuentas de pago básicas en sus establecimientos y poner todo tipo de impedimentos para concederlas. La legislación establece el derecho de acceso de toda persona a una cuenta bancaria básica pagando muy pocas comisiones, y los colectivos vulnerables, ninguna. Y si nos referimos a la colaboración entre la banca y el Ministerio de Asuntos Económicos para frenar la exclusión financiera, la banca solo se ha comprometido a asegurar la atención presencial o con cajero automático a los 250 municipios sin servicios mínimos de más de 500 habitantes. Y está por ver el alcance del Real Decreto Ley 19/2022 del Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los intereses en las hipotecas a interés variable sobre la vivienda habitual.
Respecto de la futura Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, solo una efectiva independencia de la autoridad y la defensa del cliente vulnerable se lograrán con una participación en su consejo rector de los colectivos afectados —trabajadores, asociaciones vecinales, de consumidores, de pensionistas, etc. — y una buena inspección que vele por el cumplimiento de la ley.
Los bancos españoles son los menos capitalizados de Europa, pero son los que más rentabilidad están obteniendo. Los aumentos de los tipos de interés del BCE se han trasladado a los préstamos, pero apenas se han elevado a los depósitos. Eso sí, según el último informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), 221  banqueros españoles ganaron más de un millón de euros en 2021, y uno de ellos recibió 14 millones, la retribución más alta de Europa. Sin embargo, y a pesar de sus beneficios récord en 2022 (cerca de 22.000 millones de euros), los grandes bancos han amenazado con acudir a los tribunales por el gravamen que ha entrado en vigor en 2023 sobre los elevados ingresos obtenidos por intereses y comisiones. 

¿Para qué una banca pública?
En general, en los países con presencia de banca pública esta dirige su financiación hacia las inversiones que favorecen un mayor desarrollo económico, en lugar de destinarlos a inversiones especulativas (criptomonedas, derivados, etc.). Además, como no necesita tener rentabilidades cercanas al 10% (coste del capital) para dar satisfacción a los accionistas, su actuación sería más prudente a la hora de conceder créditos. También deberá ofrecer sus servicios con criterios éticos, sostenibles, democráticos y con control social.  
Se considera, asimismo, que la banca pública puede ser un ancla de estabilidad del sistema financiero en tiempos de crisis, por su capacidad de actuar de forma contracíclica mediante préstamos a largo plazo e inmovilizaciones de liquidez. Su buen funcionamiento se consigue cuando los miembros de la dirección y de los trabajadores asumen la misión de servicio público y el consejo de administración realiza una correcta supervisión de la dirección y, en especial, del riesgo. Es imprescindible, también, el control parlamentario de su gestión.
España es un caso anómalo en la Unión Europea: han desaparecido, de hecho, las cajas de ahorro y la banca pública es prácticamente inexistente. Queda solo el 16,1% de participación en el capital de CaixaBank y el Instituto de Crédito oficial (ICO). Este último es un organismo del Gobierno más que un banco público que apoye la inversión. El saldo vivo de los préstamos del ICO no llega al 1% del total del conjunto del crédito del sistema bancario. El activo del ICO en 2019 (antes de la pandemia) era de solo de 32.000 millones de euros, cifra muy reducida frente a entidades públicas de crédito en Europa, como es el caso de los 449.000 millones de la Cassa Depositi e Prestiti italiana y de los 181.000 millones de la Caisse de Dépôts et Consignations en Francia.

Propuestas
Además de apoyar a las cooperativas de crédito, cajas rurales, finanzas éticas y solidarias y agencias financieras autonómicas, la propuesta de la Plataforma por una Banca Pública es la siguiente:

• El mantenimiento definitivo de la participación del Estado en CaixaBank (el 16,1% del capital), que, de momento, se mantendrá hasta diciembre de 2025. 
• El ICO debería transformarse en un banco de inversión con mayor peso dentro del sistema bancario. Los préstamos del ICO deben apoyar las inversiones en la agricultura, en la industria y la creación de un amplio parque de viviendas sociales, así como financiar las inversiones de los ayuntamientos. Los recursos prestables del ICO procederían de las emisiones de bonos en el mercado con garantía del Estado.  Para gestionar los préstamos a los proyectos derivados de dichas inversiones, el ICO necesitará más personal en su sede central. Para cumplir con la función de financiar los proyectos de transformación territorial y lucha contra la despoblación, sería imprescindible que tuviese presencia fuera de Madrid, al estilo del Bpifrance, creado en 2012 y que tiene 50 sucursales. Lo imprescindible a corto plazo es reforzar los recursos de todo tipo que en este momento dispone el ICO.
• Posible banco postal a partir de la red de Correos. La red de Correos no debe estar al servicio de las entidades privadas, sino realizar directamente las operaciones básicas que en su momento realizaba la Caja Postal, más las que le permite su condición de entidad de dinero electrónico (EDE). Para realizar nuevos servicios bancarios y promover proyectos contra la despoblación rural, podría utilizar a sus empleados como agentes financieros en sus más de 2.945 oficinas que están digitalizándose en las zonas rurales.