Otra respuesta a la crisis hipotecaria

El acuerdo de principios que han alcanzado el Gobierno y los bancos para aliviar las dificultades de las familias hipotecadas por la reciente subida de los tipos de interés contrasta radicalmente con la implacable dureza que aplicaron el Ejecutivo de Mariano Rajoy y las entidades financieras en la crisis de 2012. Aunque hay todavía muchos detalles importantes por concretar y la banca todavía no había dado su visto bueno a finales de noviembre, el enfoque es frontalmente distinto al de hace una década. En 2012 las medidas adoptadas provocaron un aluvión de inapelables desahucios que han supuesto sufrimientos inconmensurables a más de 400.000 familias, algunas de las cuales siguen todavía padeciendo la persecución de los bancos y sus dramáticas consecuencias. Fue un sacrificio que se pudo evitar.

El acuerdo para ayudar a las familias hipotecadas es  encomiable

 

Las medidas elaboradas por Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, tienen un contenido muy concreto y pragmático. Por un lado, a las familias vulnerables, con rentas inferiores a  25.200 euros anuales, se les permitirá no pagar intereses durante cinco años, limitar el tipo de interés máximo y ampliar el plazo de amortización hasta 40 años. Así, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la subida de los tipos de interés verá reducido su recibo durante un periodo de cinco años de carencia en más del 50%, hasta 246 euros. Hay que recordar que el euríbor a un año, el índice generalmente utilizado en las hipotecas, ha registrado un aumento disparatado de tasas negativas en abril (- 0,237 %) al elevado tipo del pasado octubre (2,629%).

 

Las medidas amplían la protección a un segmento de familias de clase media con rentas de hasta 29.400 euros anuales. Podrán beneficiarse también las que dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar su préstamo por la vivienda en los casos en que su carga hipotecaria haya experimentado un aumento superior al 20%. Al mismo tiempo, se reducirán los gastos y comisiones para facilitar el cambio de las hipotecas de tipo fijo a variable. Se estima que las medidas podrían beneficiar a un millón de familias.

La gran incógnita del acuerdo es que se canalizará con una ampliación del Código de Buenas Prácticas, elaborado por el ministro de Economía de Rajoy, Luis de Guindos, en 2012. Es un código de adhesión voluntaria de los bancos, pero de obligado cumplimiento si lo suscriben.

La verdad es que el balance del Código de 2012 “para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos” ha sido bastante deplorable. Su denominación era ya todo un reconocimiento implícito de que había un problema serio de malas prácticas por parte de las entidades financieras.

Vale la pena recordar las principales medidas previstas entonces para remediar la situación de las personas en dificultades: reestructuración de la deuda pendiente (carencia de cinco años en la amortización, ampliación del plazo de amortización hasta 40 años y reducción del tipo de interés hasta euríbor + 0,25); quitas del capital pendiente; dación en pago que suponía la cancelación de todas las deudas a cambio de la entrega de la vivienda ,y derecho de alquiler en caso de ejecución de de la vivienda habitual.

 

El resultado de aquel código ha sido bastante penoso. Desde 2012 hasta finales de 2020, las entidades recibieron 125.927 solicitudes para su aplicación, de las que se aceptaron menos de la mitad, 60.194. La mayor parte de las medidas adoptadas fueron reestructuración de deudas (51.907), seguidas de las daciones en pago (8.272) y solamente se acordaron 15 quitas.

Un ejemplo del incumplimiento del código es que el Banco de España ha sancionado a varias entidades por no respetarlo. En 2018, el supervisor multó a Bankia, con mayoría de capital público, presidida entonces por José Ignacio Goirigolzarri (hoy al frente de Caixabank), con dos multas de cuatro millones de euros cada una por no haber atendido las peticiones de personas que pedían su aplicación. 

La iniciativa del Gobierno de coalicion PSOE-Unicas Podemos es encomiable, pero habrá que estar muy atentos a la respuesta efectiva de los bancos y los beneficiarios reales de las medidas. Y sobre todo, habrá que ver las probables compensaciones que recibirán las entidades financieras a cambio del acuerdo.