Más poder para defender a los consumidores

El colectivo de juristas Grupo 51 han reclamado a las instituciones públicas que doten de mayor capacidad de actuación a los fiscales para conseguir una defensa más efectiva de los consumidores. La propuesta constituye uno de los puntos más relevantes del Manifiesto de Oviedo, divulgado en el marco del 8º Congreso de la Unión de Consumidores de Asturias, celebrado el pasado 22 de junio. La denominación del Grupo 51 proviene del artículo 51 de la Constitución Española, que establece que los “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. El registrador Carlos Ballugera, ex presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, es uno de los principales impulsores del grupo.

El Manifiesto de Oviedo propugna “la creación de una Fiscalía de Sala de Defensa de los Consumidores con su correspondiente estructura autonómica y provincial para que el Ministerio Fiscal pueda llevar a cabo de modo efectivo la función encomendada en el Artículo 124 de la Constitución en defensa del interés social y utilizar la amplia legitimación que las leyes le otorgan en defensa del interés general y en especial, de los más vulnerables”. El citado precepto de la Carta Magna española establece que el Ministerio Fiscal “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados”.

Estrechamente vinculado con esta propuesta que aspira a un mayor compromiso de las instituciones, el Manifiesto “reclama que tanto en la Abogacía del Estado como en los distintos Servicios Jurídicos de las Comunidades Autónomas, exista una Sección de Defensa de los Consumidores, suficientemente dotada y formada”.

El Grupo 51 considera “inaplazable la regulación del procedimiento de acciones de representación, especialmente en su fase de ejecución, con la necesaria adaptación del procedimiento testigo”. Hay que recordar que esta ley, que transpone una Directiva Europea de 2020, actualmente en el Congreso, lleva ya un considerable retraso, pues su plazo de transposición terminó el 25 de diciembre de 2022. Una normativa actualizada y eficiente de las demandas colectivas o acciones de representación, es especialmente urgente en un país que ha sufrido un importante colapso judicial ante el aluvión de demandas individuales notablemente repetitivas por abusos bancarios, que han superado las 860.000 reclamaciones desde 2017, por asuntos como las cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, vencimiento anticipado (ejecuciones hipotecarias), swaps, intereses o comisiones abusivas, principalmente.

El Manifiesto expresa su preocupación por los abusos cometidos por algunas aerolíneas y los cometidos a través de la ciberdelincuencia. En relación con los primeros, acoge con esperanza “la imposición de una importante multa a varias compañías aéreas por el cobro indebido del equipaje de mano” por parte del Ministerio de Consumo. Hay que recordar que el pasado mayo el ministerio impuso una sanción de 150 millones de euros a las compañías Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cobros irregulares.

En relación con aumento exponencial de los fraudes a través de la ciberdelincuencia, el Grupo 51 considera “urgente promulgar a nivel internacional un conjunto de “ciberderechos” que defiendan la posición de los consumidores”.