La (buena) noticia de la semana es que el trílogo, una reunión conjunta de negociadores de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos, llegó el día de la Inmaculada Concepción a un acuerdo provisional sobre el borrador de la AI Act, el proyecto europeo de regulación de la inteligencia artificial. No se ha dado todavía a conocer el texto completo del acuerdo, que por otra parte se ha de someter a la aprobación formal del Parlamento y el Consejo, un proceso en el que puede todavía experimentar cambios. Es pues demasiado pronto para un análisis técnico del estado actual de la ley. Nada puede darse por acordado hasta que todo esté finalmente acordado.
Así y todo, la lectura atenta de los comunicados de prensa del Consejo y del Parlamento (distintos y publicados por separado), junto con el hecho de que solo se llegó a un acuerdo in extremis tras tres días de reuniones maratonianas, apunta a la existencia de posiciones no alineadas al respecto de la IA entre ambas instituciones, reflejo a su vez de discrepancias entre desarrolladores y usuarios, entre empresas y sociedad civil, así como entre gobiernos de distintos países.
Una de las cuestiones espinosas a la que se enfrentaban los negociadores era cómo encajar la oferta de productos y servicios de “propósito general”, como los basados en la IA Generativa, en una regulación basada en la identificación y tratamiento diferenciado de riesgos, que aplicaría restricciones más severas a las aplicaciones estimadas como de mayor riesgo, llegando incluso a prohibir algunas de ellas. La dificultad es que los grandes modelos de lenguaje, como el subyacente a ChatGPT y similares, pueden servir tanto de soporte a aplicaciones de bajo riesgo, como la ayuda a la redacción de ensayos estudiantiles, como para otras de alto riesgo, como la fabricación de imágenes pornográficas artificiales (deep fakes) o la generación a gran escala de contenidos diseñados para distorsionar procesos electorales.
Se añade a ello la evidencia de percepciones contrastadas acerca de los riesgos inherentes a la IA avanzada. Quienes tienen como prioridad la innovación tecnológica y el crecimiento económico tienden a considerar los avances potenciales de la IA generativa como una gran oportunidad. Así pues, aun aceptando que podría comportar algunos riesgos, se manifestaron en contra de una regulación específica. Por el contrario, el Parlamento europeo, sin llegar a cualificar a esta tecnología como de "alto riesgo" abogaba en junio por la aplicación de severas medidas de protección y control que aseguraran "un alto nivel de protección de los derechos fundamentales, la seguridad y la salud, la democracia y el respeto a la ley". Una postura que topó con la oposición frontal de países (Francia, Alemania, Italia) que aspiran a contar con empresas líderes en la IA avanzada. Para el representante de una de estas empresas, "la computación de unas cuantas transformaciones lineales, basadas en un cierto volumen de cálculo" no debería ser considerada como peligrosa. Así y todo, el convencimiento de quienes apuestan convencidos por los beneficios potenciales de la IA contrasta con su afirmación de que es demasiado pronto para concretar los riesgos que comporta.
El acuerdo final es un compromiso mediante el que se imponen a la comercialización de los mayores modelos de IA generativa ciertos requisitos de transparencia, a los que se añade la obligación de atenerse a códigos de conducta explícitos en el caso de que se perciban “riesgos sistémicos”. Se contemplan también excepciones para los modelos de menor tamaño, quedando exentos de regulación los modelos de código abierto. A diferencia de lo que sucede con otras tecnologías de alto riesgo, como las consideradas para determinadas técnicas genómicas. Según algunas filtraciones, el acuerdo provisional se refleja en un documento de un centenar de páginas. Mi impresión, incluso a falta de más detalles, es que los despachos de abogados y los lobistas se están frotando las manos de contento.
