Europa padece de desunión eléctrica

El encarecimiento de la energía que padecen los consumidores y las empresas europeas ha estado principalmente generado por la guerra de Ucrania. En el caso del precio del gas en el mercado mayorista TTF, con sede en Países Bajos, superó en agosto pasado los 300 euros el MWh, cuando su coste medio en los años previos era inferior a los cinco euros. En el mismo mes el mercado de futuros de electricidad marcó también precios irracionales que rebasaron los 1.000 euros MWh en Francia y Alemania. 
 

"Complejo sistema normativo"
En este contexto, una reciente auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto al descubierto el mal funcionamiento del mercado eléctrico debido al retraso en el proceso de integración. La auditoría afirma: “La UE ha hecho pocos avances en su objetivo de conectar los mercados de electricidad y garantizar así el acceso a energía barata para empresas y ciudadanos”. Los auditores precisan: “Los retrasos para acoplar los mercados energéticos nacionales se acumulan por las insuficiencias en la gobernanza de la UE y el complejo sistema normativo para permitir el comercio transfronterizo, que frena la aplicación de normas del mercado”.
Los auditores responsabilizan en buena medida a la falta de diligencia del Ejecutivo comunitario. Así, señalan que la consecución del mercado interior de la electricidad "se ha visto obstaculizado por la elección de los instrumentos reguladores por parte de la Comisión, lo que ha conducido a la compleja arquitectura jurídica de normas comerciales transfronterizas y a retrasos en la ejecución”. Destacan que el plazo inicial de integración, fijado para 2014, va muy lento y que, a finales de 2021, siete años después ninguna de las directrices se había aplicado plenamente”.
 

Este enfoque contrasta radicalmente con el discurso oficial de la Comisión, que siempre destaca los grandes avances alcanzados en el mercado interior de la electricidad. La auditoría alcanza de lleno el debate sobre un nuevo diseño del mercado de electricidad. Se trata de una reforma impulsada por España y Francia, principalmente, que provocó la salida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un Consejo Europeo hasta lograr un tope al precio del gas para España y Portugal mediante la creación temporal del llamado Mercado Ibérico.
España y Francia empujan para que se modifique todo el diseño europeo basado en el sistema marginalista, que permite la obtención de grandes beneficios a los especuladores, e implica el enriquecimiento injusto de los productores de energías baratas (eólica, hidráulica y nuclear) que la cobran al precio de la supercara generada con gas. El margen de maniobra para España es muy pequeño si se tiene en cuenta que la Comisión considera que el actual sistema “ha proporcionado un eficiente y bien integrado mercado durante muchos años, lo que ha permitido a la UE recoger los beneficios económicos del mercado único de la energía”.  Además, el 13 de febrero siete países (Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Letonia) formaron un frente común contra cualquier cambio en el modelo actual al insistir en que la integración del mercado europeo de electricidad durante la pasada década ha proporcionado enormes beneficios para la UE, incluyendo bajos precios de los mercados mayoristas, mayor seguridad de suministro y permitiendo una integración a gran escala de la energía renovable.
Estas manifestaciones chocan frontalmente con las conclusiones de la auditoría del Tribunal de Cuentas.  La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía en alcanzar un acuerdo antes de que termine la legislatura europea en mayo de 2024.