Dana: por una reconstrucción inclusiva

La dana que devastó la comarca de L'Horta Sud, en Valencia, dejó mucho más que daños materiales: puso de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras comunidades frente al cambio climático y, de forma especialmente trágica, evidenció que las personas mayores siguen siendo las principales víctimas de un modelo territorial y social incapaz de proteger a quienes más deberían importar. La reconstrucción no puede ser la simple reposición de lo perdido, sino una oportunidad para corregir desigualdades, fortalecer el tejido comunitario y construir sociedades más resilientes. En este desafío, la economía social y la colaboración público-privada con vocación de interés general deben ocupar un lugar central.

La jornada celebrada el 25 de marzo de 2025 en la Universitat de València, organizada por IUDESCOOP, puso en evidencia que ni las soluciones tradicionales de mercado ni la respuesta exclusiva desde las administraciones son suficientes. La reconstrucción exige un nuevo enfoque en el que la proximidad, la participación democrática y el compromiso territorial que caracterizan a las entidades de economía social sean protagonistas de un modelo de recuperación más humano, sostenible y eficaz. Lejos de ser una opción complementaria, la economía social se presenta como un instrumento insustituible para recomponer los pueblos dañados, revitalizar su economía y reconstruir los vínculos comunitarios rotos por la catástrofe.

Cooperativas, asociaciones locales, fundaciones, entre otras, demostraron durante la emergencia su capacidad para actuar con rapidez, creatividad y arraigo. En la jornada se subrayó el papel esencial de iniciativas como las cooperativas de vivienda tradicionales o en régimen de cesión de uso, capaces de ofrecer acceso digno a la vivienda sin caer en dinámicas especulativas; o de las comunidades energéticas locales, que permiten democratizar el acceso a la energía, fortalecer la resiliencia económica y combatir la pobreza energética. Se destacó también la importancia de plataformas tecnológicas accesibles como INCARE, capaces de movilizar en tiempo real recursos humanos y materiales para facilitar la conexión entre necesidades y respuestas.

Respuesta ciudadana

Asimismo, se puso de relieve el papel crucial de la sociedad civil, que ante la magnitud de la emergencia supo autoorganizarse a través de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLERS). Estas iniciativas, surgidas de forma espontánea, demostraron que la ciudadanía no es un agente pasivo en las crisis, sino que puede liderar procesos de respuesta, recuperación y transformación desde la proximidad y el conocimiento directo del territorio. Los CLERS evidenciaron la necesidad de institucionalizar espacios de gobernanza compartida para afrontar futuros desafíos climáticos y sociales.

Más allá de las iniciativas concretas, la jornada dejó claro que es necesario repensar en profundidad la colaboración público-privada. No puede tratarse simplemente de transferir tareas al sector privado ni de reproducir modelos de gestión pensados para otros contextos. La colaboración debe orientarse al bien común, ser transparente, participativa y estar basada en una alianza estratégica entre administraciones públicas, economía social y ciudadanía organizada. La secretaria del Ayuntamiento de Catarroja lo expresó con claridad: los procedimientos administrativos actuales, concebidos para tiempos de normalidad, se muestran ineficaces ante una emergencia de esta magnitud. Para que la colaboración con el tercer sector sea posible en situaciones críticas, es imprescindible reformar los marcos normativos, diseñar convenios de colaboración, permitir la contratación pública socialmente responsable y movilizar los recursos necesarios. Sin instrumentos jurídicos adecuados, la voluntad política se queda atrapada en la burocracia, y quienes más lo necesitan pagan el precio.

Bienestar colectivo

La necesidad de replantear la colaboración público-privada invita también a profundizar en los principios y valores que sustentan la economía social y que la convierten en un aliado natural de las Administraciones. La primacía de la persona sobre el capital, la gestión democrática de las organizaciones, la solidaridad interna y externa, el compromiso con el desarrollo local y la sostenibilidad son los pilares sobre los que se edifica la economía social. Estos principios coinciden con los fundamentos éticos y jurídicos que rigen la actuación administrativa, cuyo fin último es la satisfacción del interés general. Mientras que el mercado tradicional persigue la maximización del beneficio económico, las entidades de la economía social orientan su actividad hacia el bienestar colectivo, la equidad y la cohesión social.

Esta coincidencia no es circunstancial, sino estructural: ambas esferas —la pública y la social— buscan dar respuestas sostenibles y solidarias a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables. Por ello, no solo es conveniente sino necesario fortalecer los mecanismos de colaboración reconociendo que comparten finalidades, valores y horizontes. Ello implica también asumir que los procedimientos jurídicos deben adaptarse para hacer posible esta alianza estratégica, otorgando a las entidades de la economía social el lugar que les corresponde en el diseño y ejecución de las políticas de reconstrucción y resiliencia. No se trata solo de gestionar más rápido o con menos coste, sino de reconstruir sobre bases más sólidas y justas, con las personas en el centro.

El desafío va mucho más allá de reconstruir infraestructuras. Se trata de reconstruir la confianza social, recomponer las redes comunitarias, diseñar territorios más seguros y garantizar derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, a la energía, a los cuidados. Y de aprender de los errores pasados para no repetirlos: evitar urbanismos que empujan a los más vulnerables a zonas de riesgo, planificar con criterios de resiliencia climática, y poner a las personas —especialmente a las más frágiles— en el centro de todas las decisiones.

Longevidad activa

En este contexto, la longevidad no puede seguir siendo un dato demográfico ignorado. La dana nos recuerda que nuestras ciudades y pueblos deben ser pensados desde la perspectiva de quienes envejecen en ellos. Apostar por la longevidad activa, por entornos accesibles, por redes de cuidados comunitarios, no es solo una cuestión de justicia social: es también una estrategia de resiliencia colectiva frente a las crisis futuras.

Reconstruir mejor implica mirar más allá de la catástrofe inmediata. Supone construir sociedades más justas, territorios más sostenibles y comunidades más cohesionadas. La economía social ofrece los valores, las estructuras y las prácticas necesarias para liderar esta transformación. Pero necesita apoyo decidido, marcos legales adecuados, financiación accesible y un lugar real en las estrategias públicas.

La dana nos ha mostrado que no basta con reaccionar: hay que repensar. No basta con reparar: hay que transformar la reconstrucción desde la economía social.