Todo por el beneficio

La base del negocio bancario es hacer trabajar el dinero que les entregan los ciudadanos. En el caso de las finanzas éticas, estos ahorros se invierten —vía préstamos— sobre todo en proyectos de impacto medioambiental, social y cultural positivo, mientras que la banca tradicional aporta la gasolina para que funcione la economía como la conocemos, que demasiado a menudo se asemeja al Far West, donde en la práctica todo está permitido con la única condición de que genere beneficios: también las actividades más perjudiciales para los seres humanos y el planeta, que se alimentan de financiación bancaria procedente, en última instancia, del dinero que la ciudadanía entrega a las entidades financieras.

El aumento de la concienciación social ha hecho que los activistas se organicen para poner la lupa sobre todo en tres prácticas especialmente perjudiciales: las que contribuyen al calentamiento global, a financiar la industria armamentística (y las guerras) y las que favorecen la elusión de impuestos, con epicentro en los paraísos fiscales, que por su opacidad son también la pieza clave en la mayoría de esquemas de corrupción.    

A pesar de las grandes promesas de mejora y de la creciente difusión de estándares internacionales para limitar estas prácticas, la realidad es que la gran banca sigue fomentándolas. Y en España destacan al respecto, y con mucha diferencia, sus dos entidades más globalizadas: Banco Santander y BBVA.

 

“Los grandes anuncios de la banca a menudo tienen que ver con el greenwashing [lavado de cara ambiental], pero sin acciones prácticas”, se lamenta Jaume Osete, activista ambiental vinculado a Extinction Rebellion y otras entidades implicadas en la lucha contra el calentamiento del planeta.

El informe internacional de referencia para fiscalizar el compromiso de la gran banca con los cambios que exige la situación de emergencia climática, Banking on climate chaos, así lo certifica: la financiación de las 60 grandes entidades financieras globales hacia proyectos de energías fósiles, responsables del calentamiento, fue en 2021 de 742.000 millones de dólares, por encima incluso de 2016, el primer año en que se supone que debían reducirse las emisiones según los Acuerdos de París.

Desde 2016, la financiación aportada por los 60 gigantes bancarios globales a estos proyectos de emisiones fósiles suma 4,6 billones de dólares. El listado, encabezado por cuatro entidades de EE UU —JP Morgan Chase, Citi, Wells Fargo y Bank of America—, incluye tres españolas, lideradas por el Banco Santander, con 42.913 millones desde 2016, y el BBVA, con 26.700, muy por encima de Caixabank (5.471 millones).

“Necesitamos incrementar la presión ciudadana para poner fin a esta situación escandalosa”, recalca Osete, quien advierte que “la reciente directiva europea que incluye el gas fósil y la energía nuclear dentro de la etiqueta verde dificulta todavía más el cambio”.Osete se muestra especialmente indignado por las campañas publicitarias de los propios bancos llamando a reducir la huella climática de la ciudadanía e incluso aportando herramientas para calcularla, sin tomarse en serio la propia.

 

Lo mismo sucede con la producción de armas y las guerras: detrás hay casi siempre un banco financiándolas. Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs, entidad de referencia en la fiscalización de la industria armamentística, es capaz incluso de precisar el nivel de implicación: “Al menos tres de cada cuatro armas no existirían si no fuera por los bancos”.

Esta estimación tan concreta es el resultado del análisis de los balances de las grandes empresas que fabrican armamento: según los cálculos de Calvo, el 75% es deuda, normalmente procedente de cuantiosos créditos sindicados, puesto que las inversiones requeridas suelen ser muy elevadas.

Banca Armada, la coalición de entidades pacifistas que denuncia la connivencia de los grandes bancos con la producción de armas y las guerras, acaba de lanzar una herramienta, con un formato que emula físicamente una tarjeta bancaria, que aporta información detallada sobre los préstamos a la industria militar de todas las entidades financieras de España, banco por banco*. Según esta aplicación, el líder de la “banca armada” en España es el BBVA, con 5.012 millones en préstamos, seguido del Banco Santander (3.296) y, a gran distancia, el Banco Sabadell (191).

BBVA y Banco Santander aparecen también destacados en el último informe de la campaña Don’t bank the bomb, promovido por una coalición internacional sobre los préstamos relacionados con las armas nucleares. El Santander es señalado dentro del top-10 de financiadores, con 6.238 millones de dólares, mientras que el BBVA queda muy cerca en la tabla, con 5.968 millones.

 

Ambos gigantes bancarios mantienen también una importante red de filiales en paraísos fiscales, según los criterios de redes internacionales de referencia como Tax Justice Network, como pone de manifiesto el último informe de Intermón Oxfam sobre el IBEX 35, el índice bursátil de las principales corporaciones españolas. El líder indiscutible de todo el índice en territorios offshore, opacos y de baja tributación es el Banco Santander, con 192 filiales, mientras que el BBVA es el siguiente banco, con 32.

El último informe del Observatorio de Responsabilidad Corporativa, que analiza exhaustivamente la información pública aportada por las empresas del IBEX, llama la atención sobre una filial de cada banco en territorios de baja tributación, que ayudan a perfilar mejor la importancia de estas oficinas: una simple sucursal del Banco Santander en las Islas Caimán fue capaz de generar nada menos que 612 millones de euros de beneficio neto en el ejercicio de 2020. Por su parte, una oficina del BBVA en Malta de apenas 15 empleados ha declarado 440 millones de euros de beneficios entre 2016 y 2019.

Múltiples estudios internacionales subrayan que los paraísos fiscales no solo rebajan la recaudación fiscal, sino que son fundamentales para los esquemas de corrupción gracias a su opacidad, que permiten ocultar los dueños reales de los vehículos financieros. Según la organización Transparencia Internacional, el 75% de los casos de corrupción en el mundo se produce a través de empresas registradas en paraísos fiscales.