Las cúpulas judiciales son las principales aliadas de la banca y constituyen el principal instrumento para retrasar la aplicación del derecho europeo, mucho más protector de los ciudadanos en sus relaciones con las entidades financieras. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un dictamen el pasado marzo en el que se oponía al anteproyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para resolver extrajudicialmente los conflictos entre los bancos y sus clientes. El CGPJ, que lleva cinco años caducado, considera que el Gobierno “no puede crear instancias administrativas para resolver coactivamente controversias entre particulares regidas por el derecho privado, ya que ello comporta la invasión del espacio que la Constitución reserva en exclusiva al Poder Judicial”, una oposición con la que coincide la banca.
El anteproyecto ya va con mucho retraso, pues trata de transponer una directiva europea de 2013. La norma que propone el Gobierno establece que las resoluciones de la autoridad tendrán carácter vinculante cuando el importe reclamado sea inferior...
