Okupas en sus propias casas
Es urgente aprobar una ley de vivienda que resuelva las necesidades del gran número de familias desahuciadas y ofrezca un techo asequible a los más jóvenes.
La okupación de viviendas está siendo objeto de una atención insistente por parte de determinados medios. Se presenta como un problema de inseguridad jurídica y una amenaza al derecho de propiedad. Sin embargo, se dan dos situaciones muy distintas. Por una parte están los allanamientos realizados por delincuentes, absolutamente condenables y que —como ha señalado el magistrado Diego Álvarez de Juan— se pueden resolver en 48 horas. Por otra parte, tenemos la ocupación de pisos por familias vulnerables desahuciadas con menores que se han refugiado donde han podido y que son la mayoría.
Las okupaciones de viviendas de entidades bancarias y fondos especulativos por parte de familias desahuciadas constituyen un drama social que sigue sin resolverse. En algunos casos estas personas son okupas en sus propias casas, en las que permanecen tras una ejecución hipotecaria que no terminó en la expulsión de la vivienda debido a las moratorias establecidas por el Gobierno para los más vulnerables, vigentes hasta 2024.
A pesar de las moratorias, la realidad es que unas 400.000 familias, la mayoría formadas por mujeres con niños, han sido expulsadas por los bancos o fondos de inversión desde 2008. Aunque el número de desahucios se ha reducido en los últimos años, hubo un fuerte repunte en 2021, y durante la primera mitad de 2022 han superado el promedio de los años 2017–2020.
Inmenso colectivo
La cuestión fundamental es que la mayor parte de los cientos de miles de familias que han sido desalojadas constituyen un inmenso colectivo que ha tenido de buscar desesperadamente una habitación para cobijarse. Su único apoyo han sido los servicios sociales de los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales que las han acogido temporalmente, pero que carecen de recursos para resolver sus necesidades de forma definitiva.
En esta historia hay una continuada responsabilidad de los bancos. Primero desahuciaron a cientos de miles de personas en base de una legislación hecha a su medida y unos contratos que la justicia europea ha condenado por abusivos. Después vendieron estas viviendas con fuertes rebajas a unos fondos especulativos rechazando que los desahuciados pudieran adquirirlos por el mismo precio. Fue el gran fallo del rescate bancario conceder cuantiosas ayudas públicas, de las que ya se han perdido 73.000 millones. Finalmente, algunas entidades están burlando la ley para desposeer de sus casas a familias necesitadas que no pueden pagar la hipoteca.
Los tribunales están condenando estas conductas. La Audiencia Provincial de Girona dictó en septiembre una sentencia contra una filial de Caixabank que intentó expulsar de su vivienda a unos pequeños empresarios, ya mayores, víctimas de la crisis económica. Los magistrados rechazaron el desahucio y reprocharon a la entidad que lo instó haber actuado con “temeridad, mala fe procesal e incurriendo en fraude de ley”. El banco, que había perdido una ejecución hipotecaria contra los propietarios tras apreciarse cláusulas abusivas en el contrato, optó por otra estrategia. Cedió la propiedad a su filial Buildingcenter, que posteriormente la transmitió a otra participada del grupo, Coral Homes, que solicitó el desahucio con un procedimiento distinto, un juicio por precario.
Según los magistrados, el fraude de ley consiste en plantear el desahucio mediante un procedimiento que no permite al demandado invocar los beneficios legales para las personas vulnerables que están previstos para las ejecuciones hipotecarias y no para los precarios. El “fraude de ley” se producía al dirigir el precario contra “unos ignorados ocupantes” cuando todas las sociedades del grupo bancario implicadas sabían perfectamente que los habitantes de la vivienda eran los mismos de siempre, sus antiguos propietarios. No es un caso aislado. Otras cuatro Audiencias, (Alicante, Barcelona, Sevilla y Cáceres) han dictaminado “fraude de ley” en casos similares contra las mismas entidades, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El comportamiento del banco es injustificable, además, porque pertenece en un 16% al Estado. La falta de viviendas está deteriorando el clima social. Es urgente aprobar una ley de vivienda que resuelva las necesidades de la inmensa bolsa de desahuciados y ofrezca equipamientos accesibles especialmente a los más jóvenes.
