Economía y democracia

A veces creemos hablar de economía cuando hablamos de otras cosas. Y, a la inversa, más de una vez creemos hablar de otras cosas cuando, en realidad, hablamos de economía.

Me explico.

Durante la campaña presidencial francesa se ha subrayado el descontento de una gran parte de la población. Ese descontento, se dice, ha dado muchos votos a la ultraderecha de Marine Le Pen y no tantos votos, pero bastantes, a la izquierda populista de Jean-Luc Mélenchon. Y, por simplificar, se ha atribuido el descontento a causas económicas, lo cual solo es parcialmente cierto.

La transición hacia políticas energéticas más sostenibles daña en especial a la población rural y semiurbana, que no puede permitirse el lujo de usar tranvías y bicicletas como en las grandes ciudades y depende del denostado automóvil de gasóleo. Al mismo tiempo, los servicios públicos esenciales (sanidad, enseñanza) tienden a concentrarse en las áreas más urbanizadas. Eso genera un daño económico.

Sin embargo, el descontento va más allá. Quienes han votado contra el liberalismo de Emmanuel Macron, sobre todo desde la derecha extrema, se quejan de que no llegan a fin de mes y de que su vida es cada día más difícil. Pero se quejan aún más por la discriminación: perciben que el poder no les tiene en cuenta, que sus opiniones no valen. Hay, por tanto, un problema de representatividad.

Sin contrapeso a las  ideas liberales, quienes más tienen se imponen a los que tienen menos

Lo primero es la crisis de representatividad. De ella se derivan muchos otros problemas

La Constitución francesa otorga al presidente grandes poderes. Cuando esos poderes no pasan por el filtro de las instituciones intermediadoras, como viene sucediendo en Francia (la mayoría absoluta de Macron ha reducido la Asamblea Nacional a la condición de órgano dedicado a la adoración del presidente; los partidos tradicionales se han hundido y los nuevos están infrarrepresentados por el sistema electoral mayoritario; los sindicatos clásicos no dejan de perder influencia), el régimen constitucional adquiere formas autoritarias. Ciertas orientaciones ideológicas (europeísmo, libre comercio) se convierten en dogma porque no existen vías para discutirlas, matizarlas o corregirlas.

Pensamiento dominante

Ese autoritarismo (relativo, porque hablamos de una democracia con un Ejecutivo elefantiásico, pero también con tribunales independientes) tiene consecuencias económicas. La tecnocracia suele equivaler a la dictadura del pensamiento dominante. Cuando las ideas liberales carecen de contrapeso, como ocurrió en el Reino Unido de Margaret Thatcher, y como ocurre últimamente en Francia, se pone en marcha una revolución en la que quienes más tienen se imponen a los que tienen menos.

Hablamos de perjuicios económicos y, en realidad, nos referimos a la falta de canales de representación democrática. Hablamos de autoritarismo y ausencia de debate y acabamos desembocando en el perjuicio económico a los menos favorecidos por el turbocapitalismo.

Esto no es tan difícil de desempatar como el huevo y la gallina. En el caso que nos ocupa, extensible a otros países occidentales, lo primero es la crisis de representatividad. De ella se derivan muchos otros problemas.