El apagón eléctrico y sus responsables
Es preciso regular efectivamente el comportamiento de las empresas, mejorar la eficiencia de los supervisores y verificar si la legislación es la adecuada
El pasado 28 de abril España y Portugal registraron el mayor apagón eléctrico de su historia, que paralizó gran parte de su actividad económica, provocó múltiples trastornos en la vida de millones de ciudadanos y la imposibilidad de las comunicaciones telefónicas. Las más perjudicadas fueron las personas dependientes de aparatos eléctricos para garantizar su salud y los afectados por la paralización de los servicios ferroviarios. Unas 35.000 personas quedaron atrapadas en más de un centenar de trenes y tuvieron que ser rescatadas.
El corte de suministro eléctrico y la búsqueda de soluciones alternativas ha costado por el momento la pérdida de cinco vidas humanas. La patronal CEOE ha estimado el coste económico del apagón en 1.600 millones de euros, el 0,1% del PIB. El Gobierno ha rebajado esta cifra a la mitad. Tres días después del blackout todavía se desconocen oficialmente las causas del mismo.
Los hechos han puesto de relieve la grave inestabilidad del modelo eléctrico español. Aunque la recuperación prácticamente total de la energía se logró con notable rapidez en el plazo de 24 horas, el fallo de un servicio tan esencial deja al descubierto la falta de seguridad del sistema, del que dependen cada vez más actividades y servicios, sobre todo las relacionados con las comunicaciones. La radio fue el único medio disponible para que los ciudadanos pudieran recibir información, que el Gobierno proporcionó con excesivo retraso.
Los hechos ocurrieron en cinco segundos a las 12.33 horas del 28 de abril. Red Eléctrica España, (REE), la empresa que transporta la energía desde los centros de generación a los distintos puntos de consumo, registró una súbita caída de la producción de energía del 60%. La compañía privada, con un 20% de participación pública, descartó al día siguiente que los hechos ocurridos tuvieran relación con un ciberataque. En cualquier caso, la Audiencia Nacional ha abierto una investigación para averiguar si el accidente fue un acto de ciberterrorismo.
Un directivo de REE ha señalado que antes de que se registrara el fallo eléctrico se produjeron dos desconexiones de generación de la zona del suroeste del país. Otras fuentes relacionan el accidente con la intensa incorporación al sistema de energía fotovoltaica sin los sistemas de estabilización adecuados, circunstancia que varios expertos vinculan a la falta de inversiones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la decisión del Gobierno de abrir una investigación precisamente sobre las causas de estas extrañas desconexiones y el origen de fondo de la crisis sin descartar ninguna hipótesis. La investigación, en la que también participará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, (CNMC), será dirigida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
En relación con las posibles causas de lo ocurrido Sánchez, apuntó directamente al comportamiento de las empresas eléctricas: “Vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados” y advirtió de que lo que había pasado “no puede volver a ocurrir jamás”. El presidente del Gobierno reafirmó su compromiso “de llegar al fondo” de la causas de la crisis de la electricidad y pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que las autoridades europeas realizaran también una investigación por su cuenta. Bruselas se ha comprometido a realizar un informe en el plazo de seis meses.
El apagón eléctrico se ha registrado en pleno debate sobre el cierre de las centrales nucleares en España, que el Gobierno tiene previsto que se realice de forma escalonada entre 2027 y 2035. Una discusión en la que las compañías propietarias de las nucleares abogan por aplazar varios años la parada de estas industrias.
La crisis ha sido aprovechada por los partidarios de la energía nuclear para subrayar la necesidad de su mantenimiento. El Partido Popular se ha alineado con la posición de las empresas que defienden alargar la vida de las centrales. El presidente del Gobierno ha rechazado las informaciones que apuntaban a que una mayor presencia de las nucleares proporcionaría más seguridad al sistema al recordar que “durante esta crisis las centrales nucleares lejos de ser una solución han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables”. Precisó que en la recuperación del sistema han sido fundamentales las interconexiones con Francia y Marruecos, la activación las centrales de gas y las hidráulicas. Tras la crisis, la red francesa aumentó su transferencia de energía a España hasta 2.000 megavatios.
La crisis ha vuelto a poner en cuestión el funcionamiento del mercado eléctrico dominado por poderosas compañías en un sistema de práctico oligopolio. Compañías que deciden cuándo poner en marcha las distintas tecnologías en función del precio. En momentos de gran actividad de las renovables, (eólica y solar, sobre todo), como fue en el momento del apagón, proporcionaban el 70% de la energía. El precio de la electricidad era muy bajo, próximo a cero, lo que desincentivaba la producción de las tecnologías más caras. Las compañías tienen la obligación de asegurar unos mantenimientos mínimos y la disponibilidad de sus instalaciones para garantizar el suministro.
La investigación trata de averiguar las causas reales de las desconexiones iniciales y si estas obligaciones se cumplieron. Dados los enormes daños producidos por el apagón es preciso contar con una regulación que controle efectivamente el comportamiento de las empresas, la eficiencia de los supervisores y verificar si la legislación vigente es la adecuada. Sobre este punto, Sumar ha pedido el control público en un 100% de la red eléctrica.
A la espera de las conclusiones de las investigaciones en marcha, algunas lecciones parecen bastante claras: En primer lugar hay que potenciar la interconexión de España con la red europea a través de Francia. En 2020 debía ser del 10% según la regulación de la Unión pero actualmente no llega al 3%. En segundo lugar, hay que aumentar las inversiones para garantizar que la incorporación de las distintas energías asegure la estabilidad del sistema. En tercer lugar, en una sociedad cada vez más electrificada, hay que establecer mecanismos alternativos que protejan especialmente a las personas electrodependientes. La experiencia vivida estos días revela que el kit de protección que recomienda la Unión Europea a los hogares para disponer de unos recursos mínimos para sobrevivir 72 horas sin ayuda externa es muy acertada.
