Lecciones de una nueva debacle

En apenas diez días el mundo financiero global ha sufrido una nueva debacle cada vez más contagiosa. El terremoto sacudió primero en Estados Unidos pero seis días después las réplicas alcanzaron a la banca suiza. Esta vez todo empezó el viernes 10 de marzo con la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank, la 16º entidad financiera más grande de Estados Unidos (209.000 millones de dólares en activos). Dos días después siguió sus pasos Signature Bank, el mayor banco estadounidense de clientes con criptomonedas, con unos activos de 110.000 millones de dólares. El viernes 17 el contagio y la inestabilidad hundieron el First Republic, el 14º banco del país, (213.000 millones de dólares activos), a pesar de haber recibido el día antes una transfusión de urgencia de 70.000 millones de dólares de sus competidores y de la Reserva Federal.

La crisis traspasó el Atlántico y el jueves 16 de marzo, el gigante bancario suizo Credit Suisse, ya muy desprestigiado por su trayectoria de malas prácticas, tras sufrir una caída de su cotización del 24%, se vio obligado a pedir ayuda al banco central helvético. La crisis suiza se ha saldado por el momento con la adquisición del banco dañado por su competidor UBS, por 3.000 millones de francos suizos euros, (un valor similar en euros), tras recibir 9.000 millones de francos suizos en garantía públicas para asegurar futuras pérdidas. Credit Suisse, con unos activos de 530.000 millones de euros, tiene unos 50.000 empleados y había registrado el peor historial por su mala conducta las numerosas sanciones de las autoridades de varios países.

Las intervenciones públicas en Estados Unidos y Suiza no han logrado despejar las dudas sobre el sector financiero cada vez más concentrado y que ha significado cuantiosas pérdidas. Los seis grandes bancos de Nueva York han perdido 165.000 millones de dólares de su valor en bolsa. Los europeos han sufrido pérdidas próximas al 15% de su valor. En el caso de la banca española el deterioro de su capitalización bursátil supera los 24.000 millones de euros.

La razón de fondo de la crisis financiera estadounidense hay que buscarla en la desregulación aplicada por las autoridades que debilitaron el control sobre las entidades bancarias menos grandes. En 2018, bajo el mandato de Donald Trump, se ablandaron las reglas establecidas en la ley Dodd–Frank, que había fijado normas más estrictas para evitar una nueva debacle financiera. Entre los defensores de un enfoque menos exigente destacó Jerome Powell, el actual presidente de la Reserva Federal.

La senadora demócrata Elisabeth Warren, impulsora de una regulación más eficiente tras la crisis financiera de 2008 y de la Oficina de Protección Financiera a los Consumidores, ha responsabilizado a “la peligrosa desregulación bancaria de la era Trump” como causa principal del colapso del SVB. La senadora ha concentrado buena parte de sus críticas en Greg Becker, máximo directivo del banco californiano, y otros directivos a los que ha acusado de haber presionado a las autoridades para lograr reglas más débiles. Al mismo tiempo, la senadora por Massachusetts ha exigido al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que renuncie a participar en el informe sobre la quiebra del SVB, la segunda más grave desde la de Washington Mutual en 2008.

En relación a la causa más próxima de la crisis bancaria actual, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, responsabiliza a “los incrementos importantes y acelerados de los tipos de interés que decidió Powell”. En su opinión, era previsible que los cambios drásticos de los precios de los activos iban a generar problemas en el sistema financiero. Stiglitz se refería a la caída que sufren los bonos de deuda pública de manera simultánea cuando aumentan los tipos de interés. Los inversores quieren deshacerse de los títulos de bajo rendimiento o incluso negativo para adquirir los nuevos valores de las emisiones de deuda con mayores rendimientos. Los tipos de interés han aumentado significativamente hasta el 4,50%, desde el 0% en 2015.

La realidad es que el SVB no funcionaba como un banco normal, sino que sus clientes eran grandes inversores, muchos millonarios, vinculados a las empresas tecnológicas. La mayor parte de los depósitos del banco estaban invertidos en deuda pública. A consecuencia de la fuerte subida de los tipos de interés, con el efecto inverso que comportaba la devaluación de los bonos, el banco registró una depreciación de 21.000 millones de dólares en la valoración de su cartera. Tras la venta de un paquete de deuda devaluada tuvo que registrar unas pérdidas de 1.800 millones de dólares. El conocimiento de estos datos provocó una caída de las acciones de un 60% el jueves 9 de marzo y en un día la entidad registró una retirada de depósitos de más de 40.000 millones de dólares.

De acuerdo con un informe de American Economic Liberties Project, (AELP) entre el 90% y el 97% de sus depósitos no estaban cubiertos por el seguro de depósitos. Una situación bastante increíble que resulta difícil de justificar. En Estados Unidos los depósitos bancarios están garantizados por una agencia estatal (FDIC, por sus siglas en inglés) hasta 250.000 dólares. Según el mencionado informe, la razón por la que los inversores tuvieran su dinero en depósitos sin seguro alguno podría estar relacionada con acuerdos previos con el banco, que les habría facilitado financiación en condiciones ventajosas para la creación y desarrollo de sus compañías.

Garantizar todos los depósitos

Ante el temor a que la crisis contagiase a más bancos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden tomo la decisión de asegurar temporalmente todos los depósitos de SVB y Signature Bank, para evitar una catástrofe en el sector tecnológico y en las empresas de capital riesgo. La decisión de garantizar los depósitos de los millonarios sin límite alguno de la cuantía ha suscitado muchas críticas por considerar que estimulaba el riesgo moral. Stiglitz ha rechazado estas interpretaciones al considerar que los depositantes comunes y corrientes no gestionan el riesgo bancario y deberían poder confiar en que el sistema regulatorio garantiza los recursos financieros.

En relación con la garantía total de los depósitos, Antoni Garrido, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y experto en temas bancarios, ha precisado: “Las medidas extraordinarias (protección de la totalidad de los depositantes, concesión de préstamos a un año al sector bancario y aceptación como colateral de los mismos de la cartera de bonos que poseen las entidades valorada por su nominal en lugar de por su precio de mercado) adoptadas por las autoridades estadounidense tras la quiebra del SVB ponen de manifiesto que nos encontramos ante un problema”. El impacto de la subida de los tipos de interés sobre el activo y pasivo de los bancos, precisa, “afecta, en mayor o menor medida, a todas las entidades bancarias estadounidenses y, dada la similitud de la política seguida por el BCE, también a las europeas. De ahí pues que pese a disponer de mayores niveles de liquidez y ser menor el tamaño de sus carteras de títulos de deuda pública, los inversores hayan puesto en cuestión la solvencia de estas últimas”.

A la vista de las cada vez más frecuentes y necesarias intervenciones de los Estados para salvar a los bancos resultan muy pertinente las reflexiones de Martin Wolf, editorialista jefe de Financial Times: “A principios del siglo XX los gobiernos garantizaron los depósitos más pequeños. Luego, en la crisis financiera de 2007 a 2009, pusieron todos sus balances a disposición de los bancos. El sistema bancario en su conjunto se convirtió, sin ambigüedades, en una parte del Estado”.

La garantía de todos los depósitos sin límite de cuantía plantea al mismo tiempo muchas dudas. Es difícil no admitir que las posibles pérdidas vuelven a estar socializadas. Es cada vez más difícil establecer una barrera entre cuál es la parte privada y cuál la parte pública del sector financiero.

El caso de Credit Suisse es otra historia. El banco suizo, con 167 años de historia, es una entidad que se ha visto implicado en numerosos escándalos. En 2021 se vio afectado por el colapso de la la entidad británica Greensill y del fondo estadounidense Archegos, en los que tenía comprometidos más de 15.000 millones de euros. Anteriormente se vio obligado a pagar a las autoridades estadounidenses una multa de 2.600 millones de euros por asuntos relacionados con la evasión fiscal. En Francia tuvo que hacer frente a una sanción de 238 millones de euros también por evasión fiscal. La trayectoria del banco ha estado salpicada por condenas por malas prácticas e infracciones legales. La lista de sanciones y acuerdos para evitar penas mayores resulta bastante vergonzante.

El banco estaba ya hecho trizas a finales del año pasado como lo revelan las pérdidas registradas en 2022 que superaron los 7.300 millones de francos suizos. Sus accionistas han perdido cerca del 90% de su valor durante la última década y en los tres últimos meses del pasado año sus clientes retiraron fondos por un valor de 111.000 millones de francos suizos. La entidad había perdido toda posibilidad de recuperar un mínimo de reputación para seguir operando con normalidad.

En esta ocasión las crisis financieras de principios de 2023 se han resuelto con una doble receta: más ayudas públicas para evitar daños mayores y fusiones forzadas que redundan en una mayor concentración bancaria. Bancos más grandes y poderosos ya sabemos lo que significan:  mayores posibilidades de cometer abusos y más dificultad de control por parte de las autoridades. La constante apelación al sector público exige una nueva reflexión sobre si hay que seguir considerando a los bancos como entidades privadas que buscan maximizar sus beneficios a pesar de constatar que su actividad solo es viable gracias a los numerosos soportes y garantías públicas de todo tipo.