Valencia: dolor e indignación

El dolor y la indignación siguen marcando la vida de los ciudadanos del Levante español, principalmente en la Comunidad Valenciana, cuando se cumplen dos semanas de la peor inundación de este siglo. Las riadas del 29 de octubre, provocadas por una gota fría o dana (Depresión Aislada en Niveles Altos), han causado 222 fallecidos (214 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla–La Mancha y 1 en Andalucía), según fuentes del Gobierno, que periódicamente actualiza los datos. Los equipos de ayuda han rescatado a 36.080 personas, mientras todavía continúan las tareas de búsqueda para localizar a unos 50 desaparecidos. Se trata de una catástrofe humanitaria semejante a la sufrida por las inundaciones en julio de 2021 en Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que dejaron 220 muertos.

Las intensas precipitaciones, que en algunas poblaciones alcanzaron los 500 litros por metro cuadrado en un día —en la localidad valenciana de Turís ascendieron a 771 litros por metro cuadrado en 24 horas—, dan una idea de las riadas que han devastado a 78 municipios, 75 en de ellos en Valencia. Los caudales de agua y fango que provocaron el desbordamiento de los barrancos del Poyo, Pozalet y el río Magro arrasaron las poblaciones de Paiporta, Alfalfar, Picanya, Sedaví, Aldaia, Benetúser, Catarroja y Utiel, principalmente.

Las causas que provocaron un número tan elevado de víctimas fueron el retraso en alertar a la población y la falta de infraestructuras para desviar los caudales. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha indicado que el caudal de la rambla del Poyo, principal causante del desastre, registró un crecimiento sin precedentes en pocas horas en la tarde del 29 de octubre. Esta rambla, que atraviesa varias poblaciones afectadas y acostumbra a estar sin agua, superó el umbral de seguridad de 150 metros cúbicos por segundo a las 17.25 horas. A las 18.05, alcanzó los 993 m³/s, y a las 18.55, los 2.283 m³/s. Esta fue la última medición, porque el sensor fue arrastrado por las aguas. Técnicos de la CHJ estiman que con las aguas de otros barrancos, el aluvión que llegó a Paiporta pudo superar los 3.500 m³/s. Se trata de un caudal ocho veces mayor que la media del Ebro (414 m³/s) o del Nilo (2.830 m³/s). El municipio de Paiporta, con 29.000 habitantes, donde 70 vecinos perdieron la vida, quedó arrasado. En Massanassa y la pedanía valenciana de La Torre, perdieron la vida 17 y 11 personas, respectivamente.

Las autoridades de la Comunidad Valenciana no enviaron las alertas a las poblaciones afectadas hasta las 20.00 horas, dos horas y media más tarde de que se rebasaran los límites de seguridad.

La cuestión de fondo es la no realización de las infraestructuras para la protección de la población en una zona de elevado riesgo, que ha sufrido históricamente numerosas inundaciones. En 1957 (81 muertos), la gran riada de Valencia que obligó a desviar el Turia, y en 1982 (rotura de la presa de Tous, 40 muertos). En 2003 se aprobó el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana, (Patricova), pero las obras previstas para proteger la zona afectada mediante el desvío de caudales no se realizaron. La documentación sigue en los cajones de la Administración.

En las tareas de rescate de vidas humanas, recuperación y limpieza de las poblaciones, viviendas y negocios, han intervenido 8.500 militares, 2.100 de los cuales pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a miles de policías, guardias civiles y bomberos. Sin embargo, lo que ha supuesto un auténtico alivio moral y material ha sido la participación de más de 20.000 voluntarios procedentes de los pueblos vecinos y del resto de España. Junto a entidades como Cruz Roja y Cáritas, la intervención de estos miles de personas, mayoritariamente jóvenes, ha sido decisiva en las tareas de limpieza, distribución de alimentos y cuidado de mayores y enfermos.

La pérdida de tantas vidas humanas y la destrucción de viviendas y empresas ha provocado una oleada de indignación ciudadana por el retraso de la información oficial sobre lo que estaba ocurriendo. Las críticas se dirigen hacia Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que estuvo varias horas desaparecido durante los momentos críticos de la tarde del fatídico 29 de octubre. El presidente no se incorporó a la reunión del centro de emergencia hasta las 19.30. Unos diez días después de la catástrofe, trascendió que Mazón había estado en un almuerzo con una periodista que se prolongó hasta las seis de la tarde. Las críticas arrecian también contra Salomé Pradas, consejera de Justicia y responsable de las emergencias, que reconoció públicamente que ignoraba la existencia del sistema de alertas, del que no tuvo conocimiento hasta las 20.00 horas del día de la tragedia. “Recibimos la alerta cuando ya teníamos el agua al cuello”, han clamado los vecinos.

La indignación y rabia de los valencianos se materializó en una masiva manifestación convocada por medio centenar de entidades sociales y grupos cívicos el 9 de noviembre, a la que asistieron unas 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno. El lema principal fue “Mazón dimisión”. Los eslóganes vitoreados durante la marcha eran del tenor: “Mazón, cobarde, a las ocho, ya era tarde” y “Nosotros manchados de barro, vosotros manchados de sangre”.

El clima de malestar ya había estallado el pasado 3 de noviembre, durante la visita de los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio presidente de la Generalitat a Paiporta. Algunos vecinos y miembros de extrema derecha atacaron con barro a las autoridades. Pedro Sánchez fue golpeado con un palo y tuvo que ser retirado por su servicio de seguridad.

A medida que han ido pasando los días se tiene una idea más precisa de los cuantiosos daños económicos. El área afectada por las inundaciones supone el 32% del Producto Interior Bruto de la provincia de Valencia, que es de 67.551 millones de euros, según la Cámara de Comercio de Valencia. Se trata de una zona que tiene registradas 48.772 empresas, de las que 4.119 son industriales, 5.998 de construcción y 38.431 de servicios, según el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el sector agrario, el diluvio ha destruido 25.000 hectáreas de cultivos y causado pérdidas en cosechas de cítricos, caquis, aguacates y hortalizas superiores a los 1.000 millones de euros. El temporal recortará en dos décimas el crecimiento de la economía española, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El consorcio de compensación de seguros ya ha recibido 156.126 solicitudes. Las principales corresponden a vehículos, (92.779), viviendas, (50.679), comercios y almacenes (9.212) e industrias (2.731).

El Gobierno Central ha aprobado dos primeros paquetes de ayuda de 10.600 y 3.765 millones de euros, respectivamente. Incluyen entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas dañadas y 10.300 euros para cambiar o reparar muebles. Los trabajadores autónomos recibirán 5.000 euros y las pymes, entre 10.000 y 150.000. Las medidas ayudarán a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas. El Gobierno autónomo había pedido un total de 31.400 millones de euros. Dos semanas después de la desgracia existe un verdadero clamor para que se acelere la distribución de estas ayudas que son vitales para miles de familias.