El dique progresista aguanta en España

La izquierda salió viva en España de las elecciones europeas del 9-J, que la derecha había planteado como el plebiscito definitivo para hacer caer al Gobierno progresista. El Partido Popular (PP) creció 14 puntos —venía de muy abajo— y se impuso, pero el PSOE aguantó y ambos partidos apenas quedaron separados por dos eurodiputados y cuatro puntos porcentuales, lejos de los 10 puntos que llegaron a augurar algunos sondeos.

Pese a que el PP trató de imponer, desde la misma noche electoral, una lectura de los comicios europeos únicamente en clave nacional, y reivindicó haber ganado el supuesto “plebiscito”, la realidad es que ni siquiera en este marco podía arrogarse un triunfo concluyente: la diferencia fue todavía más ajustada si se analiza a partir de bloques.

El porcentaje de votos obtenidos por la suma de formaciones que en su momento apoyaron la investidura de Pedro Sánchez alcanzó el 47,18%. Por su parte, el bloque plebiscitario, formado por el PP, Vox y la nueva agrupación ultra Se Acabó La Fiesta (SALF), que comparten una visión que pone en duda la legitimidad del Ejecutivo por su supuesta supeditación a los “golpistas” independentistas, obtuvo en total el 49,1% (véase gráfico): una diferencia demasiado raquítica para poder arrogarse una victoria en los términos plebiscitarios que ellos mismos habían fijado.

Además, la participación ni siquiera llegó al 50%, en los niveles habituales de unas elecciones europeas en España, más de 10 puntos por debajo que en 2019, cuando coincidieron con las municipales y autonómicas en algunas comunidades.

Extrema derecha

Los comicios se celebraron en un contexto europeo de ola conservadora que en España se dio con una intensidad menor. El crecimiento de la extrema derecha fue ciertamente sensible, al pasar del 6,21% al 14,21% en conjunto, pero al coste de escindirse en dos formaciones —Vox y SALF—, lo que dejó a la formación de Santiago Abascal por debajo del 10%, muy lejos de sus expectativas y de sus pares internacionales.

También con respecto al auge de la extrema derecha, España es por ahora una excepción, sobre todo si se la compara con países tan cercanos como Francia e Italia. En el primero, el 9-J la extrema derecha se encaramó en conjunto hasta el 37%, con el partido de Marine Le Pen a las puertas del poder tras la sorpresiva disolución de la Audiencia Nacional; mientras que en Italia rozó el 38%, con su principal polo, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, muy asentado en el poder.

El hecho de que la izquierda pudiera capear el doble temporal el 9-J —marco plebiscitario y ola derechista en todo el continente— no significa que sus resultados hayan sido buenos y que salga fortalecida. Más bien al contrario: crecen los frentes de incertidumbre.

El resultado del propio PSOE, que lidera el Gobierno y que aguantó mucho mejor de lo que auguraban los sondeos, se explica sobre todo por el crecimiento en Cataluña, donde la amnistía tiene un apoyo mayoritario. Pero en casi todo el resto de comunidades retrocede: sin Cataluña, la brecha con el PP el 9-J alcanzaría los siete puntos.

Además, el aguante del PSOE se explica, en parte, por la concentración hacia sus siglas del voto útil de la izquierda, impulsado no solo por su espíritu de conquista, sino también por la cruenta batalla en el espacio de la izquierda alternativa ante el pulso entre Sumar y Podemos. Esta pugna se dirimió el 9-J por los pelos a favor de Sumar, pero con apenas un eurodiputado de diferencia y con un escenario de pesadilla para la formación de Yolanda Díaz: Podemos no solo ha sobrevivido, sino que le pisa los talones y hasta le adelantó en una comunidad tan significativa como Cataluña, donde sin ninguna estructura quedó por encima de los comunes de Ada Colau, núcleo duro de Sumar.

El pésimo resultado de Sumar forzó la renuncia de Díaz a liderar su movimiento político, que entra en un terreno de gran incertidumbre, y a concentrarse en sus atribuciones en la vicepresidencia. Pero este esquema arroja nuevos interrogantes en la solidez del Ejecutivo, con su pata izquierda renqueante y con un Podemos más contestatario en el Congreso, como se ha visto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial: el partido de Ione Belarra coincidió en los mismos términos que ERC para expresar su enfado: “Supone un intento de regresar al bipartidismo”, dijo.

El mal resultado de los independentistas catalanes —entre Junts y ERC se dejaron por el camino más de 800.000 votos y 17 puntos porcentuales en Cataluña con respecto a 2019— también añade elementos potenciales de inestabilidad para el Ejecutivo, en la medida en que necesita a ambos para seguir a flote y, además, se cruza por el camino la delicada investidura en Cataluña. Tras las elecciones autonómicas adelantadas del pasado mayo, el socialista Salvador Illa tiene mejores cartas para ser investido presidente de la Generalitat, pero el enroque de Junts, que amaga con retirar el apoyo parlamentario a Sánchez si Carles Puigdemont no es restituido en Cataluña, y la crisis de ERC, inmersa en una pugna interna de consecuencias impredecibles, convierten la ecuación catalana en una incógnita por ahora inextricable, pero de efectos potenciales para el conjunto del país en función de cómo se resuelva.

Fecha límite

La fecha límite para llegar a un acuerdo de investidura en Cataluña es el 25 de agosto. De no alcanzarse, las elecciones se repetirán el 13 de octubre. Pero incluso si se llega a buen puerto, su potencial para desestabilizar al Gobierno central y la mayoría que lo sustenta es remarcable al pivotar las negociaciones sobre una “financiación singular” para Cataluña. No solo en las comunidades del PP se oye ya el redoblar de tambores de guerra: también en las socialistas —singularmente en Castilla-La Mancha— y en aliados de Sumar tan relevantes como Compromís y la Chunta Aragonesista.

Y, mientras tanto, sectores muy importantes del poder judicial están movilizados para frenar la amnistía; la esposa y el hermano del presidente del Gobierno han sido súbitamente imputados en extraños procedimientos impulsados por Manos Limpias, y el fiscal general del Estado se encuentra también al borde de la imputación.

El dique progresista aguantó el 9-J, pero el temporal aún no amaina.