Las reformas pendientes del BEI

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el gran banco público europeo. Se trata un gigante financiero con un potencial muy superior al que está desarrollando actualmente. Bajo el mandato de Nadia Calviño, su nueva presidenta, la entidad deberá experimentar una profunda transformación para satisfacer las nuevas necesidades europeas. La Unión ha encomendado al BEI que concentre sus actividades futuras en la financiación de aquellos proyectos encaminados la transición energética para luchar contra el cambio climático y, más recientemente, proporcionar recursos para la reconstrucción de Ucrania. Paralelamente, la entidad deberá corregir las graves deficiencias descubiertas en su funcionamiento, en las condiciones de trabajo y los malos comportamientos denunciados por el Parlamento Europeo, el Tribunal General de la UE y la Defensora del Pueblo.

El banco público, propiedad de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, es la entidad multilateral mayor del mundo, con unos activos de 544.588 millones de euros, superior a los 312.000 millones de euros del Banco Mundial. La institución ha sido clave para España, el país europeo que ha recibido el mayor volumen de financiación barata: 75.382 millones de euros, el 13,42 % del total, muy superior a peso de su economía y su población en la Unión. El banco emplea a unos 2.900 profesionales, la mayoría ingenieros, economistas y juristas.

El BEI es una de las instituciones más antiguas de la Unión. Fundado en 1958, un año después del Tratado de Roma, que constituyó la Comunidad Económica Europea, el BEI proporciona financiación a largo plazo para los grandes proyectos europeos como las redes de transporte y telecomunicaciones. La entidad debe dar prioridad a las inversiones que estimulen el crecimiento, el empleo, la cohesión económica y social y la protección del medio ambiente. Para lograr los objetivos climáticos de la Unión se necesitan inversiones de 1 billón de euros al año. Se estima que el BEI puede desempeñar un papel fundamental en este terreno atrayendo capital privado.

Llama la atención que en las publicaciones oficiales europeas y en las del propio banco apenas se menciona su naturaleza pública. Precisamente el carácter público del banco ha sido subrayado por Julio Rodríguez, vocal del Consejo Superior de Estadística y ex presidente del Banco Hipotecario, en  el artículo Un banco público, el Banco Europeo de Inversiones, publicado por Economistas frente a la Crisis. Para Rodríguez, “es tan normal que haya un banco público en la UE como el que siga habiendo bancos públicos en la mayor parte de países de dicha área económica”. “Lo que resulta atípico”, añade, “es el caso español, pues en España solo se aproxima a un banco público el Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo que sale a colación cada vez que el Gobierno le asigna cometidos dispares”. En este sentido, precisa que la cifra total de créditos del ICO suponía sólo el 0,8% de los préstamos de las entidades de crédito y que “la tendencia de los créditos del ICO en los últimos años es decreciente, tanto en el volumen del saldo vivo total como en la proporción en el conjunto de entidades de crédito”.

El ex presidente de la Caja de Ahorros de Granada subraya que el paso de la actual ministra de Economía al BEI ayudará a que se conozca “que puede haber bancos públicos que desarrollan una actividad destacada, que apoyan las políticas económicas de los gobiernos y encima tienen unas cuentas de resultados razonables”.
 

Para la profesora Aurora Martínez, miembro de la Plataforma Banca Pública, “es muy importante que el BEI y los bancos públicos en general sean conscientes del decrecimiento de las materias primas lo que les debería llevar a reorientar sus actividades y reducirlas en sectores, como la construcción y el turismo, y reorientarlas para consumir menos energía fósiles”. Martínez destaca que “lo más importante es el control de estas instituciones, especialmente en todo lo referente a la gobernanza de sus órganos de gobierno y a sus criterios de actuación”.

Acusaciones de acoso

Precisamente en relación a la transparencia y a la gobernanza, una resolución del Parlamento Europeo del pasado 12 de julio pasado expresa una dura crítica sobre el funcionamiento del BEI.  La resolución “expresa una vez más su profunda preocupación por las acusaciones de acoso, el entorno de trabajo y las condiciones de trabajo en el BEI”. En relación con estas malas conductas, añade que “la sentencia de 30 de marzo del Tribunal General de la Unión Europea sobre un caso de acoso del BEI en que se anuló la decisión del presidente del BEI que concluía que no había tenido lugar el acoso”, aunque “reconoce que el BEI ha realizado esfuerzos para abordar estas y otras cuestiones de personal pertinentes”.

De todas formas el Parlamento “insta al BEI a que garantice la implantación efectiva de una política de tolerancia cero ante todos los tipos de acoso, sin olvidar medidas preventivas y de protección, y mecanismos fiables de denuncia y de apoyo a las víctimas”.

Es injustificable que no exista ningún tipo de sindicato reconocido en el BEI y que la delegación de personal no tenga poder para actuar en las negociaciones. Ante esta realidad, el Parlamento Europeo pide a la dirección del BEI que cumpla como mínimo los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tales como de la libertad de asociación y el derecho a la a la negociación colectiva”.

En relación con los problemas de gobernanza, la Defensora del Pueblo emitió determinadas recomendaciones referentes a las actividades de antiguos miembros de su Comité de Dirección.
En relación a la estratega global del banco, los eurodiputados han señalado explícitamente su posición a favor de que el BEI aumente su capital para emprender un mayor volumen de operaciones. El capital suscrito del banco asciende actualmente a 248.800 millones de euros, aunque los Estados solo han desembolsado unos 22.000 millones. La entidad se ha ido capitalizando con los beneficios anuales debido a que no reparte dividendos. Sobre el capital del BEI, el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados que consideren una ampliación de capital con el fin de mantener y aumentar la su capacidad para actuar, “preservando al mismo tiempo su calificación crediticia”. El BEI tiene una calificación triple A, lo que le permite obtener recursos en los mercados de capitales en buenas condiciones y ofrecer financiación más barata que la banca privada.