(Des) gobernanza migratoria en el ‘Norte global’

La movilidad humana es un fenómeno complejo, heterogéneo e intrínsecamente vinculado a la historia de la Humanidad. Hoy, se calcula que más de 280 millones de personas son migrantes internacionales: pero en un mundo extraordinariamente móvil, el 94% de la población mundial reside habitualmente en su país de origen. Ciertamente, las pautas y características de los flujos migratorios han ido cambiando en las últimas décadas, y muchos más países se han convertido en puntos de origen, destino y tránsito migratorio, pero las migraciones, voluntarias o forzadas, siguen teniendo un marcado carácter regional. 

Así, es imprescindible examinar las respuestas que se articulan para su gestión. Los Estados son la piedra angular de la gobernanza migratoria. Las medidas que se disponen para articular la entrada, residencia y derechos de las personas extranjeras en un territorio son potestad estatal y de carácter discrecional. La única limitación que tienen proviene de los marcos internacionales, especialmente del compromiso de garantizar el acceso a aquellas personas que puedan solicitar asilo y protección internacional (derecho internacional).

No ceder soberanía

Dado que ceder en estos ámbitos podría representar una cesión de soberanía, los Estados se resisten a avanzar en la cooperación en materia migratoria, y los espacios de gobernanza compartida son muy escasos. Existen experiencias históricas de colaboración, pero el proceso de construcción de la política europea de inmigración y asilo es un ejemplo único de convergencia supranacional en materia de gestión migratoria. El hecho que la política europea de inmigración y asilo lleve más de veinte años en construcción da muestra de las dificultades de ceder competencias en estos ámbitos.

Hoy, cuando se analizan las políticas migratorias en la mayoría de los países del denominado Norte Global, las mismas funcionan como instrumentos de gestión, pero también contienen un importante carácter simbólico. Como instrumento de gestión, las políticas migratorias han ido derivando en políticas de control de fronteras.

Migraciones y seguridad

En las últimas décadas, el nexo seguridad-migraciones ha ido adquiriendo mayores dimensiones, dando paso a la securitización de la gobernanza migratoria. Se ha ido desarrollando una narrativa en la que la inmigración (irregular) se construye como una amenaza; y en la que se magnifica el peso de la entrada irregular de tal manera que esta acaba convirtiéndose en la norma, cuando es la excepción.

La irregularidad no es un problema de fronteras (de hecho, es un problema de vulneración de derechos), pero ha facilitado la securitización de la gobernanza migratoria, y la conversión del control de fronteras en el eje sobre el que pivota la misma. A su vez, este proceso ha permitido que las fronteras se conviertan en espacios especialmente inseguros para las personas migrantes.

La falta de debate sobre las vías regulares de la inmigración es una de las consecuencias de esta distorsión de los objetivos. Paradójicamente, en nombre de la “lucha contra la inmigración irregular” esta se ha convertido en estructural.

Este marco securitizado en el que se mueven los países del Norte Global se ha expandido a sus países vecinos. La colaboración entre países en materia migratoria se ha ido distorsionando, dejando atrás los espacios de cooperación migratoria habituales (acuerdos bilaterales de carácter laboral, acuerdos de protección de derechos, etc.) para centrar el diálogo bilateral en el control de las fronteras.

Este proceso de externalización transfiere el control y gestión de los flujos de los países de destino a los países vecinos, que son quienes se encargaran efectivamente del control de fronteras. Convertir la frontera sur de México en el lugar donde se impiden los accesos a Estados Unidos; trasladar a la frontera sur de Marruecos los controles migratorios de la población subsahariana que intenta llegar a Europa; o convertir a Turquía en gendarme de las fronteras de la UE ejemplifican esta externalización. 

Quién marca el ritmo

Los países destino apoyan con recursos varios que estos países desarrollen las acciones de control fronterizo lo más alejado posible de sus fronteras. Para conseguir estos acuerdos, se aceptan habitualmente las demandas de los países vecinos, con costes económicos, políticos y sociales no siempre evidentes ni transparentes, y estos países se convierten, de facto, en quienes acaban marcando el ritmo. Paradójicamente, y en nombre de la seguridad , la mayoría de los países del Norte Global ha ido cediendo, con costes elevados, la protección de sus fronteras a sus países vecinos.

Esta construcción de políticas migratorias ineficientes e ineficaces no tiene sentido si no se incorpora en el análisis su dimensión simbólica. Se usan las políticas migratorias para conformar, fortalecer o modificar, la construcción de la idea imaginada de comunidad . Así, estas políticas añaden una función performativa a su objetivo inicial, y buscan reforzar la idea de una comunidad autóctona protegida versus la otredad. La construcción de esta otredad, la atención a determinados fenómenos o el uso de un lenguaje bélico para referirse a los fenómenos migratorios consolidan la perspectiva securitizada que permite usar las políticas migratorias casi en exclusiva como elementos de discriminación y control.

En el Norte Global, las políticas migratorias, hoy, refuerzan el argumentario de ser un instrumento de protección ante una amenaza difusa. Se sigue abogando por políticas que (des)gestionan las migraciones y se minimizan los debates sobre vías legales y seguras para la movilidad. Las razones que deberían marcar las políticas migratorias quedan supeditas al control de fronteras.

Cuestión de democracia

Para cumplir con los mandatos de los Estados democráticos, parece necesario cambiar el paradigma migratorio. Debería superarse la mirada securitizada y externalizada, debatir las cuestiones que deberían regir el diseño de estas políticas y desactivarse la actual dimensión simbólica de las políticas de inmigración y asilo como escudo de protección contra la otredad. Hay que devolverles su encargo de gestionar la incorporación de las personas recién llegadas, y de transformar las mismas para que sean efectivamente integradoras. Luchar contra las desigualdades, la discriminación, la polarización y los discursos del odio son imperativos de los Estados democráticos que deben activarse aún más en estos momentos.