Las comunidades autónomas piden paso
La fiscalidad medioambiental debería ser finalista y regionalizada para cumplir mejor con su misión. Urge aclarar el espacio normativo de cada Administración.
Las comunidades autónomas deberían desempeñar un papel clave en la nueva fiscalidad medioambiental que necesitamos para mitigar los efectos del cambio climático y facilitar la transición energética. Pero, para ello, necesitamos más autonomía financiera y aclarar mejor el papel de cada Administración.
Se consideran impuestos medioambientales el conjunto de figuras tributarias de carácter extrafiscal que someten a gravamen determinadas conductas perjudiciales para el medio ambiente y que se fundamentan en el principio creado por el derecho comunitario de «quien contamina paga».
Todas ellas buscan un cambio en el comportamiento tanto en el consumidor como en el productor, de modo que aquellos productos o servicios más contaminantes sean más caros y se apueste por alternativas más alineadas con la transición ecológica.
A pesar de las recomendaciones de las instituciones europeas y del FMI para aumentar estos impuestos, en España la recaudación fiscal por los tributos medioambientales se sitúa muy lejos de la media de la UE: el 1,8% del PIB frente al 2,4%.
Sin embargo, tanto en el Plan de Recuperación y Resiliencia...