Políticas públicas para la transformación

La economía de impacto (EI) parte de una idea bastante sencilla de enunciar, pero que puede resultar compleja de aplicar. Es, a la vez, un concepto, una etiqueta, un ecosistema y una moda; algo nuevo y, al mismo tiempo, no tanto.

El contexto de buena parte del Estado español tiene una larga historia de más de 100 años de desarrollo de organizaciones económicas, sobre todo en forma de cooperativas y mutualidades, con un impacto social positivo desde la economía social y solidaria (ESS).

En los últimos 20-30 años hemos visto emerger diferentes etiquetas en el terreno de prácticas económicas “alternativas” para promover nuevos relatos, instrumentos o ecosistemas que podían, por un lado, servir para abrir oportunidades innovadoras de transformación en la economía y el tejido empresarial o, por otro, simplemente alimentar dinámicas comunicativas o de marketing con poco cambio real y cierta tendencia a la caducidad de las modas.

Desde los actores públicos que se dedican a la promoción económica y el desarrollo local, como Barcelona Activa, se han ido siguiendo algunas de estas dinámicas, generando con más o menos intensidad una serie de servicios y programas, líneas de ayudas, eventos e informes específicos con la voluntad de alimentar estos potenciales vectores de cambio empresarial y económico. A veces, estas acciones desde la política pública han contribuido a una dinámica más comunicativa que de impacto; en otras sí que ha podido promover el crecimiento de ecosistemas con impacto real y vocación de continuidad.

Desde hace un tiempo, la EI emerge con cierta fuerza como un nuevo concepto o fenómeno en el ámbito internacional, y con un notable despliegue en forma de ecosistema en ciudades como Barcelona, lo que plantea de nuevo oportunidades y retos para las políticas públicas.

Oportunidades

En su versión más inspiradora, la EI  es un ámbito de la iniciativa privada que tiene la capacidad de movilizar en una parte del tejido emprendedor un compromiso sólido con el impacto social. Esta capacidad puede ayudar a afrontar los retos sociales y ambientales de la sociedad, aprovechando su capacidad de innovación y atracción de inversión y talento, así como el dinamismo de la iniciativa emprendedora y empresarial. Por tanto: amplía el universo de aliados de las Administraciones Públicas o de la ESS.

Al mismo tiempo, debemos seguir pensando cómo seguimos promoviendo la transformación de las dinámicas e impactos del tejido empresarial convencional, que mayoritariamente no se identifica con la EI ni forma parte de su ecosistema, pero que son los actores económicos que generan —especialmente las pymes— la mayor parte del empleo y de la actividad económica. Y es que más allá de otras consideraciones más profundas sobre el modelo económico, desde la política pública de promoción económica nos toca impulsar las dinámicas de transformación de la empresa convencional, ya sea bajo la etiqueta de la responsabilidad social corporativa (RSC) o de EI. Son transformaciones basadas en modelos sólidos, honestos y con impacto positivo verificable, medible y a largo plazo de modo que promueva transformaciones del sistema económico que necesitarán estar acompañadas de nuevos marcos regulatorios y de incentivos (o penalizaciones) cuando sea necesario.

Riesgos

Identifico de entrada un riesgo de carácter más sistémico si la EI se configura como un nuevo imaginario debilitador del ámbito público, partiendo de una simplificación según la cual el sector privado mercantil, en exclusiva, puede afrontar mejor los retos sociales y ambientales, en la misma línea que opera una parte de la RSC.

De este imaginario pueden alimentarse otros relatos que tienen una inercia histórica (y una fuerza renovada últimamente) que cuestionan la fiscalidad, el gasto público, los marcos regulatorios y las instituciones y políticas públicas en general y que, a menudo, también minusvaloran la economía social u otros tejidos no mercantiles.

Esto puede verse facilitado por depositar una confianza desproporcionada en las iniciativas voluntarias, las innovaciones tecnológicas o en cambios periféricos y no de la actividad central de las empresas infravalorando aspectos como la gobernanza y la propiedad de las organizaciones. Pero sobretodo es clave que las administraciones asumamos un papel proactivo y dinámico para evitar ese riesgo.

Por otro lado, hay otro riesgo de carácter más específico, que se ha etiquetado como impact washing, en el que la EI se conforma como un tejido empresarial de fuerte impacto comunicativo pero limitado impacto social, tanto en cantidad como en calidad y sostenibilidad en el tiempo de ese impacto, que desvía recursos e inversión pública y privada con sensibilidad social que podrían dirigirse a la ESS tradicional, las ONG, la filantropía o incluso al apoyo a iniciativas públicas.

Retos

Por tanto, estos riesgos y oportunidades plantean retos para la política pública. Por un lado, sobre cómo definir y evaluar de manera legalmente vinculante, desde la transparencia y la verificabilidad, especialmente si se plantean tratamientos fiscales o regulatorios específicos para la EI. También para guiar la atracción de recursos o capital con sensibilidad hacia los proyectos y empresas con mayor impacto. Esto pasa, entre otras cosas, por la homologación de sistemas de medición y evaluación sólidos que generen un terreno de juego confiable y transparente, que dificulten el impact washing.

En este sentido, surgen muchos temas relevantes en relación con la cantidad, la calidad y la sostenibilidad del impacto, que requieren ser explorados y que nos hablan del qué y también del cómo; que nos hablan de dimensiones ambientales, pero también sociales y de gobernanza, y que no son fáciles de medir y evaluar. Por ejemplo: preguntarnos por los modelos de generación y destino de los beneficios, así como las exigencias de rentabilidad convencional; por los modelos de venta del proyecto y, por tanto, de propiedad y de mantenimiento del impacto en el largo plazo; por las políticas de estas empresas con relación a condiciones de trabajo, de relación o elección de proveedores o las alianzas que establecen, o por las dinámicas de participación de personas trabajadoras, usuarias o clientes, etc.

Desde la política pública se debe poder promover ecosistemas de impacto que arrastren a una parte creciente de la iniciativa emprendedora y de la inversión sensible hacia modelos de impacto transformadores (sin limitarlo a modelos de startups tecnológicas). Y, por tanto, también se debe facilitar que ecosistemas de impacto que ya existen aunque con otras etiquetas y que tienen una solidez y una historia contrastada —como la economía social— no queden desplazados ni segregados de las nuevas dinámicas de inversión de impacto o de políticas públicas de promoción.