¿Quién vigila al vigilante?
La Unión Europea destina cada vez más fondos a la agencia encargada del control de fronteras, entre críticas a su opacidad e ineficacia y denuncias de violación de derechos humanos
Una familia, formada por un matrimonio y cuatro niños de entre uno y seis años, llegó en una lancha neumática a la costa de la isla griega de Mylos en octubre de 2016. Procedentes de Siria, solicitaron acogerse a la protección internacional, destinada a los extranjeros que han salido de su país y no pueden volver a él porque hay una situación de violencia generalizada. Según su relato, 11 días después fueron expulsados a Turquía sin poder iniciar el proceso de asilo. El viaje de retorno lo realizaron en un avión, donde separaron a los padres de los menores, escoltados por guardias uniformados con el emblema de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
El asunto tomó especial relevancia cuando la familia, que hoy vive en Irak, denunció la actuación de la agencia al considerar que vulneró sus derechos fundamentales. Por primera vez, Frontex se sentaba en el banquillo por una devolución en caliente. La respuesta a esa denuncia se acaba de producir, y no ha sido la que esperaban los activistas en derechos humanos. En su resolución, emitida este septiembre, el Tribunal General de la UE...
