Accede sin límites desde 55 €/año

Suscríbete  o  Inicia sesión

Textos, espacios y webs poco accesibles

Cada vez hay más ascensores y rampas para la discapacidad física, pero aún queda un largo camino para la discapacidad intelectual

Comparte
Pertenece a la revista
Septiembre 2023 / 116
Libro y ordenadores sobre cabeza

Ilustración
Andrea Bosch

Cuando Hacienda envía un comunicado para pagar alguna cosa pendiente, no es necesariamente que no queramos entender de qué nos hablan. Es sencillamente que no se entiende. Tampoco se comprenden muchas veces los contratos con los bancos, las compraventas (aunque en teoría la notaría tiene que dejar claro que sí se entienda todo lo que se firma)y las comunicaciones de ayuntamientos, gobiernos regionales o el mismo gobierno central. Los textos jurídicos son especialmente difíciles de comprender. Tampoco se entienden, en ocasiones, asuntos más cotidianos: las indicaciones en las webs (especialmente las de trámites públicos), las indicaciones del metro o las que atañen a una central de trenes, dónde está el baño o cuál es el baño femenino y cuál el masculino, dónde está oncología —por ejemplo— en un hospital o una determinada habitación… y un largo etcétera. Son innumerables las veces en que los textos o los espacios no se entienden para el común de la gente. 

Todas estas dificultades se agrandan todavía más para las personas con discapacidad intelectual, para las personas mayores y para las personas migrantes que están aprendiendo un idioma.
Las dificultades de accesibilidad intelectual no son tan visibles como las que tienen que ver con la accesibilidad física —que aun y así no está implantada al 100% en España, y menos en países más pobres —. Y sin embargo, la accesibilidad de cualquier tipo debería estar asegurado por imperativo legal.

Normativa

Entender es un derecho que muchas veces se incumple pero que está explícito, en primer lugar, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de 2006. Este tratado establece obligaciones jurídicamente vinculantes ante cualquier acto de discriminación hacia las personas con discapacidad, incluida la discapacidad intelectual. En diciembre del año pasado el organismo multilateral dio un paso más específico, al aprobar una resolución que anima a “promover e incorporar la comunicación fácil de entender para la accesibilidad de las personas con discapacidad”.

La Unión Europea estableció en 2019 criterios concretos para el cumplimiento de los derechos las personas con discapacidad, en la Directiva sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, conocida como Acta Europea de Accesibilidad, que los países debían incluir en sus leyes en los dos años siguientes.

Y España aprobó en 2013 la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en diciembre de 2021 incorporó, después de mucha insistencia por parte de los grupos activistas, el derecho a la accesibilidad cognitiva. Esta nueva normativa establece la elaboración de estudios integrales, la creación de un centro estatal de accesibilidad cognitiva y plazos para que estos procesos se ejecuten.

“La accesibilidad cognitiva no solo beneficia a más de 270.000 personas con discapacidad intelectual en nuestro país”, explican desde Plena Inclusión España, una organización que agrupa a 940 entidades que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, entorno autista, parálisis cerebral y otras) y sus familias. “También es útil para otras 480.000 personas con problemas de salud mental o 8 millones y medio de personas mayores. A todas ellas hay que sumar otras y otros ciudadanos con trastornos del espectro de autismo, con dificultades para leer o con menos conocimientos de nuestro idioma. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de cada tres personas en el mundo pueden beneficiarse de este derecho ciudadano que facilita el acceso a otros derechos como son los de la educación, la información, la sanidad, etc”.

La importancia de validar el mensaje

Podemos pensar que un mensaje o un espacio es accesible cognitivamente porque nos parece obvio. Pero puede que otras personas no lo entiendan. La única manera de asegurarse de que el mensaje es entendido por todo el mundo es validándolo con personas con dificultades de comprensión. 

Existen organizaciones como el Grupo Cooperativo TEB (ver recuadro y notas aparte), donde hay equipos de validadores y validadoras con discapacidad intelectual y entrenamiento para validar, que corroboran que todos los textos, espacios o webs sean efectivamente accesibles. 

Además de ser un derecho, incluir criterios de accesibilidad cognitiva en empresas y administraciones es bueno para la misma entidad que emite los mensajes. Aunque todavía son pocas organizaciones, ya hay museos, hospitales, centros cívicos, empresas y gobiernos que han validado sus espacios y sus comunicaciones. Contratan los servicios de validación de accesibilidad cognitiva para garantizar la accesibilidad.

Las organizaciones que trabajan para las personas con discapacidad intelectual también llevan a cabo cursos dirigidos al funcionariado y aequipos de atención al cliente para que puedan atender de manera eficaz a las personas con dificultad de comprensión. Contratar uno de estos servicios implica también dar la oportunidad a personas con discapacidad intelectual para que tengan un empleo remunerado.
Lectura fácil

La comunicación escrita es una de las formas más importantes de comunicar. Los textos que son accesibles para todas las personas — incluidas las que tienen una discapacidad intelectual— están escritos en lo que se denomina “lectura fácil”. 

Imagen
Constitución española en lectura fácil
Constitución Española en lectura fácil

No es lo mismo utilizar esta herramienta que escribir en un lenguaje claro. La lectura fácil es una metodología de escritura estudiada y desarrollada en base a las dificultades de las diferentes discapacidades intelectuales. “Las pautas tienen una mayor rigidez que las del lenguaje claro”, detallan en Plena Inclusión España. “Hay una Norma UNE de lectura fácil, y unas reglas europeas para hacer información fácil de leer y comprender (...). El proceso de la lectura fácil requiere formación específica y, sobre todo, validación de los documentos por personas con dificultades de comprensión. Es decir, a través de sesiones estructuradas, se comprueba que el documento es fácil de comprender”. Si un documento cumple las pautas y se valida, puede incorporar el logo azul europeo de la lectura fácil. Se trata de un sello de calidad que asegura la accesibilidad.

Validación de espacios

Los espacios también deben ser pensados en función de la comunicación accesible y validados. De hecho, ya hay cursos de arquitectura y diseño para incluir los criterios de accesibilidad cognitiva. Y profesionales que no hacen ningún trabajo que no incluya estos criterios. Así, por ejemplo, el edificio del mismo Grupo TEB, de 11.000 metros cuadrados, cuatro pisos y dos alas, con dos entradas diferenciadas, ha sido pensado y diseñado para que la búsqueda de los diferentes departamentos sea fácil de entender. El edificio es visitado diariamente por unas 300 personas con discapacidad intelectual. 

Personas del mismo grupo han analizado entornos como, por ejemplo, el Museo de Historia de Catalunya, para verificar que todo el recorrido sea fácil de entender. O las comunicaciones de los autobuses que recorren las calles de Barcelona.

Webs y aplicaciones informáticas

Muchísimas webs y programas informáticos ya incluyen en sus sistemas herramientas informáticas de acceso para personas ciegas, pero pocas tienen una validación de accesibilidad cognitiva. 
Además de corroborar que se entiendan los textos, vídeos, imágenes o sonidos, entre otros, se analiza la navegación. Que sea fácil de llegar a las páginas que se buscan. O que se entiendan los pasos a seguir. Como todo lo que tiene que ver con accesibilidad cognitiva, la validación es clave. Se hace mediante pruebas. Se pide a las personas validadoras que encuentren una web, o instalen una APP, y luego se pide encontrar información básica, formas de contacto o un contenido. Así puede corroborarse que la navegación es accesible.

Mucho camino por recorrer

Todas estas fórmulas de accesibilidad cognitiva son todavía muy poco conocidas. Tan poco como la misma discapacidad intelectual. Las personas que sufren una discapacidad intelectual no siempre son fáciles de detectar porque su dificultad no es necesariamente evidente a simple vista; menos algunos casos, como por ejemplo, el de las personas con síndrome de down. Corren la misma suerte que las personas que sufren una enfermedad mental. Al no ser reconocidas, como alguien que va en una silla de ruedas y su dificultad es evidente, todo lo que tiene que ver con su inclusión va un paso por detrás. 

La accesibilidad cognitiva permite que las personas que tengan una discapacidad intelectual puedan vivir una vida independiente y autónoma como la de cualquier otra persona. Pero todavía hace falta que más instituciones y más empresas trabajen para que ese objetivo sea una realidad. 

Proyecto FàcilMent

El Grupo cooperativo TEB impulsa al proyecto FàcilMent, en el que colabora esta revista. Consiste en la creación de un servicio integral de comunicación e información fácil para promover el acceso a la información de los colectivos con dificultades de comprensión lectora y facilitar su participación en la comunidad. Este servicio, financiado por la Generalitat de Catalunya a través de las ayudas a proyectos singulares para la generación de empleo,  da formación y trabajo a personas con discapacidad intelectual.

El proyecto tiene como objetivo ayudar a las empresas y administraciones a comunicarse de manera más clara. Para hacerlo, la cooperativa TEB se ha unido con Abacus, el Instituto Diversitas, L'Apostrof, Sepra, Suara Inserción y Red Ambiental. Con la colaboración de Critic, la Fundación Finanzas Éticas y Sambucus.

Entre otras cosas, han adaptado a lectura fácil el Estatuto de los Trabajadores, el convenio de trabajo de talleres para personas con discapacidad intelectual.