Excesos del neoliberalismo en España
Los excesos del neoliberalismo han ampliado el campo de explotación de los ciudadanos a nuevos ámbitos de la vida económica y social.
Comparte
Pertenece a la revista
Febrero 2023 / 110
Fotografía Getty images
Históricamente, la batalla por los derechos sociales se ha librado, sobre todo, en el mundo laboral. Las luchas de los partidos políticos progresistas y los sindicatos han logrado importantes avances en la mejora de las condiciones laborales. Lamentablemente, estos siguen sin aplicarse en muchos Estados y en determinados sectores de nuestro país.
La financiarización de la economía (dominio de las finanzas sobre las actividades productivas y de servicios) ha significado una extensión de los abusos de la banca y de las grandes corporaciones en los campos más insospechados. Junto con la explotación laboral, millones de ciudadanos han sido víctimas de graves fraudes que han provocado la pérdida de sus ahorros y de sus viviendas y un encarecimiento desorbitado de la electricidad, el gas y el agua.
Los costes para los contribuyentes del desastre financiero de 2008 han ascendido a 257.460 millones de euros hasta 2021 en los 16 países de la UE que han rescatado a sus bancos. España es el país que ha pagado la factura más elevada con 73.261 millones de euros. Los excesos del capitalismo han provocado una cadena inexorable de abusos con una extensa lista de perjudicados por la falta de una legislación protectora de los derechos de los ciudadanos como consumidores:
Primero. El mayor coste humano lo han pagado las 500.000 familias, muchas con niños, que fueron violentamente expulsadas de sus viviendas. Estos atropellos fueron facilitados por una legislación injusta que hasta 2019 permitió iniciar las ejecuciones hipotecarias con solo tres impagos de una hipoteca. Ahora se exigen, al menos, doce, aunque la mayoría de desahucios son por impago de alquiler.
Segundo. Los desahucios fueron ejecutados por bancos que habían concedido créditos de forma temeraria sin capital suficiente y que obtuvieron unos beneficios récord. El primer rescate de las entidades se hizo con el dinero de los ahorradores a los que habían colocado las preferentes, que soportaron unas pérdidas de 14.000 millones de euros.
Tercero. Luego vino la sangrante venta de los pisos de los desahuciados a los fondos buitre, a veces por la décima parte de su valor. Axis Corporate estima en 213.850 millones el valor de los inmuebles y préstamos vendidos por los bancos a los fondos buitre hasta 2021.
Cuarto. La injusticia se agravó porque en 2015 el Tribunal Supremo impidió a los desahuciados recuperar sus casas pagando las ínfimas cantidades abonadas por los fondos buitre. Fue una interpretación muy restrictiva del Código Civil (1.535), que permitía estas recuperaciones tal como habían interpretado varios jueces.
Quinto. Las moratorias de las ejecuciones hipotecarias decretadas por el Gobierno impidieron a las entidades efectuar muchos desahucios. Entonces, ciertos bancos trataron de expulsar a las familias mediante otros procedimientos como si fueran okupas, simulando desconocer la identidad de los ocupantes. Los tribunales han condenado estas conductas por fraude de ley.
Sexto. Una parte de las pérdidas corresponden a la Sareb, el llamado banco malo, que adquirió préstamos y viviendas a bajo precio esperando que con el tiempo se revalorizaría y proporcionarían una ganancia anual del 15%, según el Gobierno del PP. La realidad han sido unas pérdidas astronómicas (10.100 millones de patrimonio negativo) y un aumento de la deuda pública de 35.000 millones de euros. La factura de la Sareb sigue creciendo cada año. Más de 1.626 millones en 2021 y 715 millones en la primera mitad de 2022.
Esta cadena indefinida de excesos ha deteriorado seriamente las condiciones de vida de los ciudadanos. El papel de asociaciones de consumidores, abogados y jueces está resultando decisivo para la protección de los ciudadanos en ámbitos cada vez más vitales. La aplicación del derecho europeo es cada día más determinante al forzar el cambio de la legislación más anacrónica. La realidad es que una economía tan financiarizada y con tantos perjudicados resulta insostenible. Es necesario intensificar su regulación para asegurar una economía respetuosa con los derechos de las personas como trabajadores y consumidores y del medio ambiente.
La financiarización de la economía (dominio de las finanzas sobre las actividades productivas y de servicios) ha significado una extensión de los abusos de la banca y de las grandes corporaciones en los campos más insospechados. Junto con la explotación laboral, millones de ciudadanos han sido víctimas de graves fraudes que han provocado la pérdida de sus ahorros y de sus viviendas y un encarecimiento desorbitado de la electricidad, el gas y el agua.
Los costes para los contribuyentes del desastre financiero de 2008 han ascendido a 257.460 millones de euros hasta 2021 en los 16 países de la UE que han rescatado a sus bancos. España es el país que ha pagado la factura más elevada con 73.261 millones de euros. Los excesos del capitalismo han provocado una cadena inexorable de abusos con una extensa lista de perjudicados por la falta de una legislación protectora de los derechos de los ciudadanos como consumidores:
Primero. El mayor coste humano lo han pagado las 500.000 familias, muchas con niños, que fueron violentamente expulsadas de sus viviendas. Estos atropellos fueron facilitados por una legislación injusta que hasta 2019 permitió iniciar las ejecuciones hipotecarias con solo tres impagos de una hipoteca. Ahora se exigen, al menos, doce, aunque la mayoría de desahucios son por impago de alquiler.
Segundo. Los desahucios fueron ejecutados por bancos que habían concedido créditos de forma temeraria sin capital suficiente y que obtuvieron unos beneficios récord. El primer rescate de las entidades se hizo con el dinero de los ahorradores a los que habían colocado las preferentes, que soportaron unas pérdidas de 14.000 millones de euros.
Tercero. Luego vino la sangrante venta de los pisos de los desahuciados a los fondos buitre, a veces por la décima parte de su valor. Axis Corporate estima en 213.850 millones el valor de los inmuebles y préstamos vendidos por los bancos a los fondos buitre hasta 2021.
Cuarto. La injusticia se agravó porque en 2015 el Tribunal Supremo impidió a los desahuciados recuperar sus casas pagando las ínfimas cantidades abonadas por los fondos buitre. Fue una interpretación muy restrictiva del Código Civil (1.535), que permitía estas recuperaciones tal como habían interpretado varios jueces.
Quinto. Las moratorias de las ejecuciones hipotecarias decretadas por el Gobierno impidieron a las entidades efectuar muchos desahucios. Entonces, ciertos bancos trataron de expulsar a las familias mediante otros procedimientos como si fueran okupas, simulando desconocer la identidad de los ocupantes. Los tribunales han condenado estas conductas por fraude de ley.
Sexto. Una parte de las pérdidas corresponden a la Sareb, el llamado banco malo, que adquirió préstamos y viviendas a bajo precio esperando que con el tiempo se revalorizaría y proporcionarían una ganancia anual del 15%, según el Gobierno del PP. La realidad han sido unas pérdidas astronómicas (10.100 millones de patrimonio negativo) y un aumento de la deuda pública de 35.000 millones de euros. La factura de la Sareb sigue creciendo cada año. Más de 1.626 millones en 2021 y 715 millones en la primera mitad de 2022.
Esta cadena indefinida de excesos ha deteriorado seriamente las condiciones de vida de los ciudadanos. El papel de asociaciones de consumidores, abogados y jueces está resultando decisivo para la protección de los ciudadanos en ámbitos cada vez más vitales. La aplicación del derecho europeo es cada día más determinante al forzar el cambio de la legislación más anacrónica. La realidad es que una economía tan financiarizada y con tantos perjudicados resulta insostenible. Es necesario intensificar su regulación para asegurar una economía respetuosa con los derechos de las personas como trabajadores y consumidores y del medio ambiente.
