La falta de vivienda tiene responsables
El problema de la falta de viviendas que padece hoy España no ha surgido de la noche a la mañana: es consecuencia de la dejación de obligaciones por parte de las administraciones —estatal, autonómica y municipal— durante muchos años
El grave problema de la falta de viviendas que padece hoy España no ha surgido de la noche a la mañana. Es consecuencia de la dejación de obligaciones por parte de las distintas administraciones —estatal, autonómica y municipal— durante muchos años.
“La vivienda es un asunto demasiado serio como para abandonarlo a manos del mercado”, señalaba recientemente en Le Monde Nathalie Appéré, alcaldesa socialista de Rennes (Francia). Las palabras de la edil francesa son un indicador de que el problema de la vivienda afecta seriamente también a otros países europeos como Francia, Irlanda y Reino Unido.
El 6 de febrero de 2013, en medio de otra profunda crisis de la vivienda, la abogada Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo General de Consumidores, manifestó en el Congreso de los Diputados: “La vivienda no es ni un lujo, ni un bien de inversión para los consumidores; es el reducto más íntimo en el que se desarrolla la persona humana… Despojarla de la vivienda es robar su dignidad, es traicionar nuestros valores básicos”. Sauquillo recordó la leyenda inscrita en el dintel de las puertas de las casas romanas: Parva domus magna quies (la casa es pequeña, pero la tranquilidad grande). “Así deseamos”, prosiguió la abogada, “que siga escribiéndose la historia de nuestras casas, la historia de nuestra sociedad: que haya una tranquilidad y una paz social. Y si no tomamos medidas, será difícil que seamos capaces de afrontarlo”.
Lamentablemente, no se tomaron las medidas y se abandonó la acción pública.
El vacío dejado por la falta de intervención de las administraciones ha sido ocupado por las distintas ramas de las finanzas, lo que ha generado el fenómeno conocido como financiarización de la vivienda. Es una realidad estudiada por numerosos expertos, como la arquitecta brasileña Raquel Rolnik en su obra La guerra de los lugares. Rolnik, relatora de la ONU para el Derecho a la Vivienda entre 2008 y 2014, censuró que la vivienda, más que una mercancía, se hubiera convertido en un activo financiero.
España es un ejemplo de libro de los efectos de este proceso de financiarización, que ha supuesto, además, el traspaso de bienes públicos a fondos especulativos. Un caso paradigmático fue la venta de 1.800 pisos sociales a Blackstone por parte del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Ana Botella.
A la liquidación progresiva del parque de vivienda social existente hay que añadir la práctica desaparición de la producción de viviendas de protección oficial. La construcción de viviendas protegidas ha caído a menos de 7.000 anuales, frente a las más de 60.000 de principios de siglo. Al mismo tiempo, la construcción de viviendas privadas, unas 90.000 al año, también resulta manifiestamente insuficiente para los 300.000 nuevos hogares que se constituyen cada año. El déficit acumulado supera las 600.000 viviendas, según el Banco de España.
Construir viviendas sociales es pues la tarea más urgente de la sociedad y la economía españolas. La vivienda es ya el tercer problema más importante para la ciudadanía, según el CIS. La espiral de los precios de alquiler y la escasez de inmuebles ha producido una profunda transformación del mercado. Los jóvenes ya no aspiran a conseguir un piso, sino una simple habitación que puede costar 500 euros mensuales. Es un fenómeno calificado por la economista Carme Trilla como “chabolismo vertical”. Los precios desorbitados de los alquileres constituyen un factor determinante de la pobreza. Un estudio del Banco de España indica que el 45% de las personas que viven en alquiler se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Una regulación más social del alquiler es otra tarea inaplazable. Y en esta regulación deben intervenir todas las partes. Los países más exitosos en materia de vivienda, como Austria y Holanda, tienen mercados muy bien regulados.
El malestar creado por las dificultades de acceso a un bien considerado un derecho fundamental en la Unión Europea está provocando una oleada de protestas y justas reivindicaciones en numerosas ciudades españolas. Aunque tarde, las autoridades han empezado a reaccionar. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha garantizado que prohibirá la venta de pisos públicos. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha comprometido a poner en el mercado 50.000 viviendas públicas hasta 2030. Son compromisos importantes cuya ejecución habrá que controlar estrictamente.
