Presupuestos contra la desigualdad
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 presentados por el Gobierno de coalición constituye una herramienta imprescindible para revertir los desastres causados por la pandemia y sus secuelas económicas y sociales. El aumento de la pobreza, la desigualdad y la precariedad laboral requieren fuertes medidas de choque para que de verdad nadie se quede atrás en la salida de la crisis.
En 2020, las condiciones de vida de los más vulnerables empeoraron. Los ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social volvieron a aumentar hasta representar el 27% de la población.
Las cuentas presentadas por el Ejecutivo de izquierdas contienen el gasto social y la inversión pública más elevados de la historia. Los recursos dedicados a servicios sociales representan el 55,7% del total y la inversión pública supera los 43.000 millones de euros. Un proyecto tan ambicioso solo ha sido posible gracias a la inyección de 27.663 millones de euros de los fondos europeos que recibirá España en 2022. La mayor parte de estos recursos de la Unión se destinarán inversiones.
El total de fondos europeos que recibirá este país entre 2021 y 2026 asciende a 140.000 millones de euros, la mitad de los cuales son subvenciones a fondo perdido y el resto en créditos blandos. No es un dinero caído del cielo sino una muestra efectiva de la solidaridad europea. Estos recursos estarán condicionados a importantes reformas, que afectan sobre todo a los derechos de los trabajadores y de los pensionistas y habrá que negociar con inteligencia.
Las cuentas afrontan el reto de un crecimiento económico inferior al previsto
El Gobierno no debe ceder a la presión para rebajar los objetivos sociales
Estos Presupuestos suponen un giro radical respecto a los aprobados durante los últimos años por los gobiernos del PP. Las diferencias se muestran sobre todo en dos áreas fundamentales de las políticas de gastos: pensiones y vivienda. Los recursos dedicados a pensiones se elevarán a 171.165 millones de euros, el 4,8% más que este año. El aumento ha sido posible gracias a una transferencia récord del Estado al sistema público de pensiones de 36.276 millones de euros, el 16,4% más que el ejercicio anterior, lo que permite estabilizar el sistema y que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo.
Apoyo a los jóvenes
En relación con la vivienda, el cambio resulta extraordinario. Las cuentas de 2022 destinan a ese capítulo 2.489 millones de euros, una cifra que multiplica por cinco la asignación de algunos años de los Presupuestos de Mariano Rajoy.
Hay también medidas específicas de apoyo a los jóvenes, como el bono al alquiler —con una dotación de 200 millones de euros— y el bono cultural joven, de 210 millones de euros.
Estos ambiciosos Presupuestos se enfrentan, sin embargo, a serios desafíos. En primer lugar, desde
su elaboración han aumentado las incertidumbres económicas. Las cuentas se redactaron con
unas previsiones de crecimiento de la economía del 6,5% en 2021 y el 7% en 2022. El consenso de
analistas rebaja el crecimiento de estos dos años al 5,6% y 6,1%, respectivamente. También se pueden producir desviaciones por las previsiones del precio del petróleo. El Gobierno prevé que a finales de 2022 se sitúe en 60,4 euros el barril, el 16% menos que en el presente ejercicio. Otro riesgo significativo son las previsiones de ingresos tributarios, estimadas en el 8,2%.
La aprobación de los presupuestos dependerá también de los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ambos grupos exigen un acuerdo sobre inversiones ferroviarias. ERC demanda, además, que se blinde la protección de la lengua catalana en el contexto de la ley del audiovisual.
Todos estos retos no deberían significar que se dejaran de ejecutar las inversiones previstas o que se rebajara el compromiso social de los Presupuestos.
Hay que tener en cuenta que también han aparecido serios riesgos para la población más vulnerable. El aumento del precio internacional del gas, que se ha multiplicado por siete respecto a antes de la crisis, está empujando al alza peligrosamente el precio de la electricidad y del gas que pagan los consumidores. Hay bastantes probabilidades de que el encarecimiento de estos bienes de primera necesidad se prolongue durante el invierno.
El Gobierno no debería ceder a las presiones que se puedan plantear y rebajar los objetivos sociales
de las cuentas propuestas, que son vitales para que millones de ciudadanos puedan sobrevivir.
