La transición energética se juega en las redes

La transición energética suele explicarse a través de los paneles solares, los aerogeneradores o el hidrógeno verde. Sin embargo, el verdadero desafío de los próximos años puede encontrarse en un elemento mucho menos visible: las redes eléctricas.

Durante décadas, el sistema energético se construyó alrededor de grandes centrales y una red diseñada para transportar electricidad desde unos pocos puntos de producción hasta millones de consumidores. La electrificación de la economía, el autoconsumo y el despliegue masivo de renovables están modificando profundamente ese modelo. La red deja de ser una infraestructura pasiva para convertirse en un activo estratégico.

El debate ya no consiste únicamente en producir electricidad renovable. La cuestión fundamental es cómo transportarla, almacenarla y gestionarla de forma eficiente, segura y socialmente justa.

La reciente autorización de la Comisión Europea para que España desarrolle un mecanismo de capacidad durante diez años, con un coste superior a los 9.000 millones de euros, ilustra la magnitud del reto. El sistema sigue necesitando mecanismos de respaldo mientras se despliegan las renovables. A ello se suman las restricciones técnicas, que superaron los 3.000 millones en 2025, y los 607 millones adicionales anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica para reforzar la red.

Estos datos plantean una pregunta incómoda: ¿estamos construyendo un nuevo sistema energético o manteniendo simultáneamente dos sistemas con costes crecientes para consumidores y empresas?

El apagón del 28 de abril de 2025 puso de manifiesto la importancia de esta cuestión. Más allá de las causas concretas del incidente, el episodio evidenció la necesidad de acelerar la adaptación de las infraestructuras eléctricas a una realidad cada vez más compleja y descentralizada.

Las transiciones energéticas no se miden en años, sino en décadas

Vaclav Smil ha demostrado que las grandes transiciones energéticas históricas han requerido entre cincuenta y setenta años, no por falta de tecnología, sino porque la sustitución de infraestructuras físicas masivas exige tiempo, capital y coordinación institucional sostenida. La red eléctrica actual es el resultado de decisiones tomadas hace décadas. Rediseñarla para integrar millones de puntos de generación distribuida y gestionar flujos bidireccionales es, en palabras del propio Smil, un desafío sin precedentes en velocidad e intensidad que exige una planificación pública de largo alcance.

La discusión afecta también al diseño del mercado eléctrico. El actual sistema marginalista fue concebido para un escenario dominado por combustibles fósiles, y cabe preguntarse si sigue siendo el más adecuado para garantizar precios estables, incentivar inversiones y distribuir equilibradamente los beneficios de la transición.

Pero el problema no es únicamente técnico o económico. Es también territorial y social.

Las comunidades autónomas que concentran buena parte del potencial renovable —Aragón, Extremadura, Castilla y León, Andalucía o Galicia— soportan una parte importante de las infraestructuras energéticas necesarias para el conjunto del país. Sin embargo, no siempre perciben que participan de forma suficiente en los beneficios económicos, industriales o fiscales derivados de esta transformación. La transición energética no puede convertirse en una nueva fuente de desequilibrios territoriales.

«Sin redes adecuadas no habrá transición energética; con ellas, puede abrirse una oportunidad histórica para impulsar un modelo de desarrollo más equilibrado, más resiliente y más democrático.»

Como advirtió Polanyi, cuando bienes esenciales quedan sometidos exclusivamente a la lógica del mercado, las sociedades reclaman nuevas formas de regulación. La energía es uno de esos bienes: su planificación no puede depender únicamente de señales económicas de corto plazo.

La cohesión social y territorial debe ser un criterio central de la transición. Las inversiones en redes deberían reducir desigualdades, favorecer la actividad económica en territorios periféricos y reforzar la soberanía energética europea en un contexto geopolítico incierto.

Una planificación integrada para un sistema en transformación

Resulta imprescindible avanzar hacia una planificación más transparente y participativa, capaz de coordinar generación, almacenamiento, transporte y distribución. Los operadores europeos de redes insisten en la necesidad de hojas de ruta integradas que permitan anticipar inversiones y evitar cuellos de botella. La Agencia Internacional de la Energía estima que para 2030 será necesario añadir o renovar más de 25 millones de kilómetros de líneas eléctricas, una cifra equivalente a toda la red construida durante el siglo XX.

La digitalización de las redes —contadores inteligentes, gestión avanzada de la energía, plataformas de flexibilidad— es condición necesaria pero no suficiente: requiere marcos regulatorios que permitan remunerar adecuadamente los servicios que prestan tanto los grandes operadores como los pequeños consumidores y las comunidades energéticas.

La transición energética exige más renovables, pero también mejores instituciones, mejores mecanismos de regulación y una visión estratégica de largo plazo. Se trata de decidir quién planifica, quién financia, quién asume los riesgos y cómo se distribuyen los beneficios.

Como recordaba John Kenneth Galbraith, la energía es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos del mercado.

Las redes eléctricas son el esqueleto de la nueva economía descarbonizada. De su diseño dependerán no solo la competitividad de nuestras empresas o la seguridad del suministro, sino también la capacidad de construir una transición que refuerce la cohesión territorial, reduzca desigualdades y acerque la energía a los ciudadanos. Sin redes adecuadas no habrá transición energética; con ellas, puede abrirse una oportunidad histórica para impulsar un modelo de desarrollo más equilibrado, más resiliente y más democrático.