El Estado se refuerza en el IBEX

Las alarmas saltaron a media tarde del 5 de septiembre, poco después del cierre de la Bolsa de Madrid, cuando el grupo saudí STC anunciaba su intención de comprar una participación del 9,9% en el capital de Telefónica. La operación, que aparentemente pilló por sorpresa a los directivos de la empresa y al Gobierno, situaba a la Saudi Telecom Company —participada al 64% por el Estado saudí y presidida por un miembro de la familia real—, como primer accionista de la mayor empresa tecnológica de España, superando a BBVA, Caixabank y el gigante estadounidense BlackRock.  

La respuesta del Gobierno llegó tres meses y medio después. El 19 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el regreso del Estado a Telefónica con la compra de un 10% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding que agrupa al grueso de las empresas con capital público. El Ejecutivo no estaba dispuesto a dejar en manos de una dictadura del golfo Pérsico una compañía estratégica con una participación muy destacada en proyectos clave para la defensa y la seguridad del país. “La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales”, afirmó el Ministerio de Hacienda, al que está adscrita la SEPI, tras hacerse pública la noticia.

Gestión independiente

Todo indica que el Gobierno no participará directamente en la gestión de Telefónica, que seguirá en manos profesionales, y que su papel se limitará a frenar el desembarco de cualquier agente considerado hostil. Se trata fundamentalmente de impedir que la empresa caiga en manos de algún fondo de capital riesgo que acabe despiezándola y vendiéndola en busca de plusvalías o de un fondo soberano de un país no europeo y no democrático, como Arabia Saudí, con un historial deplorable en el terreno de los derechos humanos. Una vez formalizada la compra, lo más probable es que el Ejecutivo trate de formar un núcleo estable de accionistas en Telefónica con dos bancos españoles, Caixabank y BBVA (el primero participado por el Estado y el segundo con orígenes públicos por haber surgido en parte Argentaria), que vele por el interés nacional en la compañía. 

La propia dirección de Telefónica no ve con malos ojos la operación si esta sirve para garantizar la independencia en la gestión y evitar algo parecido a lo sucedido con Vodafone España. El segundo operador de telecomunicaciones del país acaba de ser adquirido por el fondo británico Zegona, conocido por su estrategia de comprar empresas asumiendo los menores riesgos posibles –pagando incluso con créditos a nombre de las compañías adquiridas— para venderlas después con grandes plusvalías.

Pedro Sánchez expuso la posición del Gobierno durante su viaje a Davos, cónclave anual del capitalismo en los Alpes suizos. En una entrevista con la agencia de información financiera Bloomberg, el presidente del Gobierno aseguró que su intención es que el Estado incremente la colaboración con las grandes empresas españolas con el objetivo de “crear nuevas oportunidades” en sectores como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la defensa. Sánchez citó como ejemplos la entrada en Telefónica y los planes para reforzar otra empresa tecnológica con capital público, Indra, en la que el Gobierno retomó el control el verano pasado con una recomposición del núcleo duro de accionistas. “Es importante que reforcemos la relación público-privada para hacer frente a desafíos comunes”, dijo el presidente del Gobierno.

España era hasta ahora un caso raro en el mercado europeo de las telecomunicaciones, puesto que las grandes empresas del sector tienen participación pública en las principales economías de la Zona Euro, precisamente con el argumento de preservar los intereses nacionales. En Alemania, el Estado conserva una participación del 30% en Deutsche Telecom, mientras que el Gobierno francés controla el 22% de Orange, la antigua France Télécomm y en Italia está en manos públicas casi el 10% del grupo TIM, anteriormente conocido como Telecom Italia. Ocurre lo mismo, en mayor o menor medida, en Suiza, Bélgica, Noruega, Suecia, Austria y otros países (Véase gráfico). De no haberse producido la operación de Telefónica, se habría dado la extraña circunstancia de que el Estado francés estuviera presente en el mercado español de las telecomunicaciones gracias a la reciente fusión de Orange y la MásMóvil, mientras que el Estado español permanecía al margen. 

Nuevo paradigma

El regreso del Estado al capital de Telefónica, que se dispone a celebrar el centenario de su nacimiento (la compañía nació el 19 de abril de 1914), se enmarca en un proceso de recuperación de lo público como motor de la actividad económica tras las crisis de 2007-2008 y de la covid-19. Un cambio de paradigma que ha cristalizado en la mutualización de la deuda de los países de la Unión Europea y en el lanzamiento de los fondos Nex Generation EU para apoyar la salida de la crisis provocada por la pandemia y financiar la transición ecológica. En su discurso ante los inversores y empresarios en Davos, Sánchez habló de “un nuevo triángulo virtuoso” formado por el Estado, el sector privado y la sociedad civil capaz de “garantizar la prosperidad económica, aumentar el bienestar y la igualdad y asegurar la sostenibilidad medioambiental”.

Julio Rodríguez López, ex presidente del Banco Hipotecario y miembro del colectivo Economistas Frente a la Crisis (EFC), recuerda que el dinero público contribuyó durante la pandemia a mantener la actividad económica financiando los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). “Comienza a asentarse la idea de que el Estado no sólo puede jugar un papel importante con una política fiscal que ayude a mantener la capacidad productiva, sino que debe ser más activo en el terreno de la política industrial”, afirma Rodríguez López. “Una de las lecciones que nos ha dejado la covid es que no todo se puede dejar en manos chinas y de países con mano de obra barata”.

El regreso de lo público se produce también en un nuevo contexto geopolítico, con guerras en Ucrania y Oriente Próximo y con China intensificando su rivalidad con EE UU con el objetivo de convertirse en la primera potencia mundial. Gracias al fuerte respaldo del Gobierno de Pekín, las empresas chinas llevan años expandiéndose por todo el mundo, especialmente en los campos de la agricultura, la tecnología y las grandes infraestructuras. También los países del Golfo Pérsico aprovechan los enormes beneficios que genera la extracción de gas y petróleo para ganar influencia comprando empresas estratégicas en múltiples sectores, particularmente en la energía y las telecomunicaciones. 

Para frenar el avance de China en el terreno militar y proteger la seguridad nacional, el Gobierno de EE UU ha puesto límites a las inversiones estadounidenses en empresas del gigante asiático que trabajen en actividades como la inteligencia artificial, los semiconductores más avanzados o la computación cuántica. También Alemania ha adoptado medidas de protección impidiendo que la naviera china Cosco se hiciera con una participación de control del puerto de Hamburgo y que dos empresas chinas comprasen sendas compañías alemanas de microprocesadores.

Oleada de privatizaciones

El Gobierno español no llevaba a cabo una gran operación en el mundo empresarial desde finales del siglo pasado, cuando comenzaron a privatizarse decenas de compañías públicas como Telefónica, Endesa, Repsol, Iberia o Tabacalera, la mayoría heredadas del conglomerado empresarial público creado por el franquismo. El proceso se inició con el socialista Felipe González en el poder, pero fue con José María Aznar en la Moncloa cuando se vendieron por completo y se colocó al frente a personas de máxima confianza del Partido Popular, que siguieron pilotando las compañías durante años.

Un cuarto de siglo después de su privatización total, Telefónica se dispone a sumarse a las 25 empresas controladas parcial o totalmente por la SEPI. Varias de estas compañías forman parte del IBEX 35, principal índice de la Bolsa española: la propia Telefónica, AIG (resultado de la fusión de Iberia con British Airways), Redeia (antes conocida como Red Eléctrica Española, operadora del sistema eléctrico nacional) y Enagás (gestora del transporte y almacenamiento de gas natural en España). Entre las demás destacan Ebro Foods y compañías no cotizadas como Correos, Hispasat, Airbus, RTVE, Enresa, Tragsa, la Agencia Efe o el Hipódromo de la Zarzuela.

Al margen de la SEPI, el Estado controla empresas clave en el sector del transporte como Renfe, Aena Adif, y Puertos del Estado. En el sector financiero, mantiene una participación del 17,3% en Caixabank, resultado de la fusión de esta entidad con Bankia en 2019 y del 100% del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Rodríguez López opina que el Gobierno no debe tener prisa en deshacerse de su parte del capital y apuesta por dotar al ICO de más medios y capital para ejercer como un banco público que financie vivienda pública de alquiler y apoye a las empresas. 

Los defensores de la participación pública en las empresas argumentan que esta no significa necesariamente que la gestión sea menos eficiente o que haya más corrupción, pero resaltan la importancia de que sus gestores trabajen sin interferencias. Jordi Mercader, que fue presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precursor de la SEPI) entre 1988 y 1990, opina que el Gobierno debe ceder el bastón de mando de las sociedades públicas a técnicos que no estén sometidos a los vaivenes políticos, pues cada vez que se cambia a la cúpula de una empresa tras unas elecciones se pierden conocimiento y experiencia vitales (véase artículo en la página siguiente).

Puertas giratorias 

Y es que las empresas públicas han sido utilizadas tradicionalmente para colocar a altos cargos del Gobierno que dejan la política, una costumbre conocida como puertas giratorias que no ha dejado de practicarse desde el retorno a la democracia por los partidos políticos. Por poner unos pocos ejemplos, el exministro de Ciencia Pedro Duque fue nombrado hace unas semanas presidente del operador de satélites Hispasat, y el ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, presidente de la Agencia Efe. Beatriz Corredor, ministra de Vivienda entre 2008 y 2010 con Jose Luis Rodríguez Zapatero, es la máxima ejecutiva de Redeia, mientras que en el Consejo de Administración de Enagás se sientan actualmente tres exministros, dos del PSOE (José Blanco y José Montilla) y una del PP (Ana Palacio), además de otros ex altos cargos.