“Si bajamos la guardia en derechos, retrocederemos”

Eleonora Esposito es una de las voces europeas más relevantes en el estudio de la violencia digital de género, la desinformación y el discurso de odio en Internet. En esta entrevista, abordamos con ella cómo la violencia, la desinformación y la falta de regulación efectiva están reconfigurando el debate sobre libertades y derechos sociales.

¿Qué derechos están en riesgo cuando se propaga información falsa?

Propagar información falsa o manipulada es una amenaza directa a los derechos  fundamentales. No solo distorsiona la realidad, sino que polariza muchísimo el debate público y limita la capacidad de las personas para tomar decisiones libres y bien fundamentadas. Los colectivos más vulnerables son los más afectados por este fenómeno. Son víctimas frecuentes de campañas de desinformación, de violencia digital, que busca desacreditarlas.

La información falsa procede a veces de discursos políticos. ¿Cómo se crea y difunde?

Hay políticos que usan la desinformación como arma política. Muchas veces se identifica, por ejemplo, China o Rusia como países que voluntariamente y de manera programada crean interferencias. A veces también es el usuario común y corriente, que de pronto tiene suerte y mucho éxito, aunque normalmente son las voces con más autoridad y poder las que pueden hacer que esta información falsa se propague.

¿Qué se puede hacer para combatir la desinformación?

Se está haciendo mucho. Una de las cosas en las que nos debemos enfocar es en el impacto. En vez de pensar si esto se hace deliberadamente, voluntariamente o no, hablamos de promover la alfabetización mediática: que los usuarios se acostumbren a intentar reconocer las noticias verídicas de las falsas, exigir más responsabilidad a los actores que difunden este contenido falso, incluyendo a los medios de comunicación. La ética del periodismo y de los medios de comunicación se ha perdido bastante, y se ha perdido porque la competencia de las redes sociales es algo muy difícil de gestionar para la prensa. Parte de la colaboración por parte de los medios a la difusión de desinformación está en el hecho de que este ambiente tan polarizado genera audiencia. La prensa puede gritar un poco, ser sensacionalista y buscar el título llamativo, y no necesariamente verificar las informaciones porque no hay tiempo. No hay voluntad para eliminar la desinformación porque esta genera mucha interacción o, como se dice técnicamente, engagement, en las redes sociales.

¿Qué impacto tiene la desinformación sobre los colectivos más vulnerables, en particular las mujeres y las minorías?

Refuerza los estereotipos, sigue legitimando la exclusión social y fomenta el odio. Incluso si las campañas de desinformación se corrigen, muchas veces las personas se quedan con la primera sensación. Psicológicamente, la tendencia es buscar las noticias que confirman lo que nosotros ya pensamos sobre un determinado hecho. Si ya tenemos unos prejuicios sobre una determinada minoría étnica o sexual y llega una noticia falsa que confirma nuestros estereotipos, de alguna forma la vamos a abrazar.

¿Se ha pensado en poner en marcha alguna campaña de información al revés? ¿Alguna manera de quitar ese odio, de buscar más paz?

Desde el punto de vista institucional, hay varias iniciativas. La más famosa y reciente es el código de conducta contra el discurso de odio. Es voluntario. Las plataformas se unen contra el odio. La cuestión es: ¿cuáles son esos discursos? Hablamos de los discursos con base étnica, racial, religiosa. Y ahora se ha intentado expandir un poco esto, hablando de los crímenes de odio basados en el género, la identidad de género, la orientación sexual. También hay una sociedad civil bastante activa. Por ejemplo, hay grupos u ONG que intentan hundir el discurso de odio con mensajes positivos o usando el sistema de reporte a  las plataformas. El problema es que hasta hoy las plataformas no lo paran. En teoría, no tendrían ningún interés en moderarlo. La Ley de Servicios Digitales quiere cambiar esto.

En sus investigaciones ha demostrado cómo la violencia digital tiene género. ¿Qué consecuencias políticas y sociales tiene este fenómeno para la participación igualitaria en la democracia?

Nos ha costado reconocer que la violencia digital tiene género. No es solo una opinión, es un hecho respaldado por datos. Sabemos que las mujeres, sobre todo las que participan más en los espacios públicos —las periodistas, las activistas, las políticas—, son blanco de ataques que no se centran en sus ideas. Eso es muy importante: se centran en su género, se les acosa sexualmente, se les amenaza con violencia física, se les cuestiona la capacidad con base en estereotipos. Y esto tiene un objetivo muy claro, que es silenciarlas. Hay muchas mujeres que se autocensuran para evitar ser atacadas. Eso significa menos voces femeninas que influyen en la toma de decisiones, menos participación en la construcción de políticas públicas. Revierte, al final, en la democracia, porque están menos representadas. El miedo se convierte en barrera.

En las redes sociales una mujer se puede hacer pasar por un hombre...

Esto pasa muy a menudo en la comunidad de gamers. Durante muchísimos años no han querido que ellas jugaran a los videojuegos en línea. Se han hecho experimentos. Si entraban a estas habitaciones de juego con un nombre masculino nadie les acosaba, pero si entraban con un nombre femenino recibían muchísimos más abusos al día.

¿Qué responsabilidad tienen los Estados y las plataformas?

Todo el mundo tiene algo de responsabilidad. Los Estados deben proteger a su ciudadanía también en el ámbito digital.  Ahora se ha legislado en Europa contra la violencia en línea con perspectiva de género. Y hay que asegurar que se aplica.

Se necesita mucha inspección, que implica dinero...

Lo que se necesita también es formar. Los países de la Unión tienen hasta 2027 para implementar la nueva normativa europea. Pero también van a tener que formar a jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, para que se entienda cómo opera esta violencia. Se tiene que invertir en educación digital. Ahora los Estados miembros van a tener que recopilar datos.  Por otro lado, las plataformas ya no pueden seguir lavándose las manos diciendo: “Somos solo intermediarios”. Tienen una responsabilidad enorme, porque son quienes diseñan los algoritmos, moderan o no los contenidos, permiten que ciertos discursos tengan visibilidad. La Ley de Servicios Digitales tiene políticas claras para mitigar y sancionar el discurso de odio. El botón de reportar es super importante. Es un mecanismo de notificación y acción y la herramienta más poderosa y democrática que tenemos como usuarios.

¿Quién mira ese reporte?

Ahora se pide una rendición de cuentas.  Si se reporta contenido ilegal, dañino o violencia. ¿Quién lo va a gestionar? ¿Esta incidencia que se abre es de un ser humano? ¿Cuánto tiempo va a tardar una respuesta? ¿Quitamos el contenido o no? Si la respuesta es “no”, el usuario tiene la posibilidad de apelar esta decisión. Luego existe la posibilidad, por ejemplo, de hacer una evaluación por una tercera parte, que pueda decidir quién tiene razón. Y todo esto ¿ en cuánto tiempo se hace? Intentamos crear un protocolo porque hasta ahora estaba completamente en manos de la plataforma.

Supongo que mucha gente le da a reportar a cosas con las que simplemente no está de acuerdo.

Desafortunadamente puede pasar. Campañas, por ejemplo, contra grupos feministas, reportando contenidos que no son violentos ni están en contra de ninguna política de las plataformas ni de los Estados.

¿Todas las mujeres activistas o políticas reciben ciberacoso?

Son las que más reciben amenazas, pero hay un punto delicado: una mujer blanca de un partido conservador va a recibir acoso, pero encaja muchísimo mejor en el sistema del poder como lo conocemos. Una mujer más activista que hace campañas políticas sobre una mujer que viene de una minoría, por ejemplo, o una mujer que vela por los derechos de las personas transgénero es mucho más amenazante, y, por eso, también mucho más amenazada. Es una violencia muy interseccional, de género y clase.

¿Cuál es el equilibrio entre la lucha contra el odio y la libertad de expresión?

Me parece ridículo que pensemos que tenemos que elegir entre regulación y libertad de expresión. No comparto la idea de que cualquier intervención estatal o normativa es automáticamente censura. Creo que es una distorsión muy interesada, muchas veces impulsada por los que se benefician del caos del discurso de odio. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero se debe proteger a la sociedad de la incitación a la violencia, al acoso, a la degradación, a los discursos que buscan deshumanizar a los otros. En Europa hemos entendido que para que todas las voces puedan participar del debate democrático, es necesario garantizar que este espacio sea seguro y justo. Se está haciendo con la Ley de Servicios Digitales. Ir contra la desinformación, el contenido ilegal, proteger a los menores... Se habla de esta ley como que quiere controlar lo que la gente dice. No es así. Se trata de exigir responsabilidad a las plataformas por lo que amplifican, por cómo moderan o no. Y por cómo permiten que ciertos contenidos tóxicos se vuelvan virales por puro y único interés comercial.

Más gente enganchada a las redes significa, efectivamente, más dinero. Usted ha dicho que se ha avanzado mucho en la protección en el ciberacoso contra las mujeres, especialmente con la nueva normativa, pero también ha dicho que falta mucho por hacer.

Sobre todo es la implementación, no las leyes. Se tienen que aplicar con eficacia para que ese llegue a las víctimas. Hay que hacer que la justicia sea más rápida y más sensible al entorno digital. Hay que hacer una inversión continua en la formación, en la prevención, en el apoyo a las víctimas de abuso digital. Y, por supuesto, hay que  tener voluntad política, porque hemos visto que a nivel internacional  los equilibrios pueden cambiar.

Entiendo que hasta ahora la recopilación de datos de ciberviolencia de género era, o todavía es, un poco caótica.

Sí. Es un problema porque se usan datos administrativos para estudios de investigación. Son datos recopilados de diferentes maneras, en el hospital, la policía, etc. Y estos datos muchas veces no están desglosados o se recopilan de una manera distinta según la institución que los está juntando. Ha sido difícil reconocer esta forma de violencia como una forma de violencia de género.

Yo puedo tener un blog y gritar a los cuatro vientos lo que quiera, pero no lo va a ver nadie. Los algoritmos pueden ser muy poco democráticos.

Está claro que unas voces pueden tener más caja de resonancia que otras. El algoritmo se tiene que trabajar desde una perspectiva  interseccional, en el que se estudie si se está dando a todo el mundo la posibilidad de ser escuchado. Hay que garantizar más transparencia, con auditorías algorítmicas. La Ley de Servicios Digitales marca la pauta de una auditoría anual, y será relevante observar qué dinámicas y resultados empiezan a emerger.

¿Qué papel pueden tener el periodismo y la educación?

El periodismo debería cumplir más el papel de contrapeso del poder digital. Necesitamos medios que investiguen quién está detrás de las plataformas, que expongan los abusos de poder tecnológico, que pongan presión por la transparencia y visibilice realidades que los algoritmos ocultan. La educación es la primera línea de defensa. Hace falta entender cómo funcionan los algoritmos, cómo se recopilan y se usan nuestros datos, cómo se detecta la desinformación, cuáles son nuestros derechos y cómo se pueden ejercer. La gente no sabe que tiene derechos digitales ni cómo exigirlos. Eso es superurgente para niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades vulnerables, que se quedan fuera o no reciben formación adecuada.

¿Cómo ve el futuro?

Soy optimista, pero no ingenua. Las plataformas no se van a autorregular. Se tienen que priorizar los derechos por encima de los intereses económicos. Lo que hoy hemos conseguido —las leyes, el reconocimiento de los derechos digitales, los avances en la regulación— ha sido posible porque ha habido presión social, activismo, periodismo valiente, ciudadanía movilizada. Está claro: si bajamos la guardia en los derechos adquiridos, retrocedemos.