Evitar un doble castigo a los supervivientes del cáncer

El análisis de la efectividad del derecho al olvido oncológico fue uno de los asuntos principales de los debates del IV Foro anual de la Fundación Finanzas y Salud (Finsalud), celebrado el pasado 13 de noviembre en Madrid. La discusión se centró en el riesgo de discriminación de los enfermos que han superado un cáncer por las dificultades que pueden encontrar en la contratación de un crédito o un seguro. El objetivo es “evitar que los enfermos que han superado la enfermedad sufran un doble castigo”, en palabras del abogado Pablo Franquet, patrono de la Fundación. 

Durante la jornada se analizaron también diversas cuestiones relativas a la Unión de Ahorros e Inversión, propuesta por el Informe Letta, que supone cambiar la mentalidad de ciudadano transformándole de ahorrador en inversor y la creciente preocupación por la extensión del fraude financiero. La sesión finalizó con la entrega del V Premio Finsalud a investigadores de las Universidades de Lleida y Zaragoza por su trabajo sobre la exclusión financiera rural y urbana.

El profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III, Fernando Zunzunegui, presidente de Finsalud, abrió la jornada con una reflexión sobre la creciente relevancia de la exclusión y discriminación financiera. Recordó que “vivimos en una sociedad financiera en la que si no tienes acceso a una cuenta o a un crédito estás excluido socialmente”. La fundación, que tiene entre sus fines, “mejorar la salud y el bienestar financiero, fomentar el crédito y la innovación responsable”, realizó en 2017 una investigación que reveló los daños a la salud de la comercialización de ciertos productos como las participaciones preferentes y las hipotecas multidivisas.

El Foro abordó el grave riesgo de discriminación financiera que padecen los 1,6 millones de españoles supervivientes de un cáncer. Pablo Franquet, abogado especializado en litigios bancarios y socio de Fieldfisher, destacó la relevancia del nuevo derecho establecido en la ley del olvido oncológico de 2023. Explicó que “después de cinco años de haber finalizado un tratamiento radical de cáncer, sin recaída posterior, no te pueden negar un crédito, rechazar un seguro o aplicar un recargo por haber sufrido la enfermedad”. Y recordó que superados los cinco años, “nadie tiene que responder a un banco o a una aseguradora sobre esta enfermedad y cualquier cláusula en un contrato que suponga una renuncia de este derecho es nula”. “Hay que evitar un doble castigo a estos enfermos” apostilló.

José Manuel Ribera, catedrático emérito de Geriatría de la Universidad Complutense y presidente honorario de Finsalud, puso el acento en la necesidad de dar a conocer este nuevo derecho “porque todavía queda un largo camino que recorrer para lograr que sea realmente efectivo y completar su desarrollo”.

Finsalud y la fundación oncológica Alivia España han acordado la realización conjunta de un informe para verificar el cumplimiento efectivo de esta ley y la forma de ampliar su alcance. Asensio Rodríguez, director Ejecutivo de Alivia, calificó de “valiente” la ley española que ha establecido unos derechos efectivos cinco años después de haber superado la enfermedad, más protectores que los 10 años que recomendaba el Parlamento Europeo. La profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Marta Ortega, especializada en Economía de la Salud, consideró fundamental “comparar la situación actual de estas personas y la existente antes de la nueva legislación”. “Queremos ver”, precisó, “qué ocurre realmente cuando una persona que ha superado un cáncer pide un crédito”.

Las consecuencias de la creación de una Unión de Ahorros e Inversiones, que propone el Informe Letta fueron analizadas en la segunda sesión. José Manuel Gómez de Miguel, ex jefe de Regulación y Transparencia del Banco de España, planteó los desafíos que suponen la movilización de 33 billones de euros del ahorro privado europeo y la conversión de los ahorradores en inversores. Josep Soler, consejero ejecutivo de EFPA Asesores Financieros, destacó las dificultades para construir una verdadera Unión de Ahorros e Inversión a la vista de las “muy tibias” respuestas dadas por los Estados a los informes Draghi y Letta. El experto en asesoría financiera señaló que “el gran problema que tenemos es que el ahorro sigue manteniendo una actitud muy conservadora lo que impide sacarle todo el provecho posible”.

Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director ejecutivo del Observatorio de Finanzas de FUNCAS, destacó que las dificultades existentes en Europa para completar la Unión Bancaria y la Unión de mercados de Capitales son evidentes. Recordó que los intentos de crear campeones europeos “no han funcionado mucho” y la oposición de Alemania tanto para crear el seguro de depósitos europeo de la Unión Bancaria como el rechazo a que el banco italiano UniCredit adquiera el Commerzbank han sido evidentes.

Por su parte, Paz Gómez, psicóloga especializada en comportamiento financiero explicó que después de la Covid va a haber mucho más ahorro. En su opinión es necesario que se desarrollen nuevas formas de ahorro más productivo para lo cual será prioritario que los mercados y productos sean más transparentes.

El tercer debate analizó el preocupante aumento del fraude financiero y sus consecuencias para el bienestar de las personas. El economista Pau Monserrat, socio director de Futur legal y consejero del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, fue muy explícito sobre el problema existente. “Cuando hablamos de fraude financiero”, explicó, “estamos hablando de no perder los ahorros”. Y advirtió de que “el gran peligro de los ciudadanos es el teléfono móvil”.

El fraude financiero afecta especialmente a los mayores. Según Gloria Veiga, presidenta de la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC), “los mayores de 65 años somos nueve millones de personas y todos hemos sufrido algún tipo de fraude”. Señaló que con las nuevas tecnologías  “para los bancos es muy cómodo que nos lo hagamos todo los clientes”. Y en este sentido consideró que “las entidades tendrían que tener un lucro cesante”.

El capitán de la Guardia Civil,Javier Sánchez proporcionó consejos prácticos ante la realidad de los delitos cibernéticos: “Recopilar la máxima información y las circunstancias del fraude; acudir a la comisaría más próxima que se tenga; destruir todos los recibos y desconfiar de cualquier petición de datos”. Indicó que las denuncias había disminuido un poco el último año.

En la misma percepción de un descenso muy pequeño de las denuncias y reclamaciones coincidió Helena Tejero, Directora General Adjunta de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España. De acuerdo con la información del supervisor, precisó que “las reclamaciones  más abundantes son las referidas a las tarjetas”. Y detalló que de cada 100 operaciones con tarjetas, en un 2,3% de los casos se había producido un fraude”. Tejero reconoció, no obstante, que un 56% de las peticiones fueron inadmitidas. Antes de su aceptación se comprueba si el cliente ha sido diligente.

Finalmente, el economista Roberto Serrano, patrono de Finsalud, hizo entrega del V premio Finsalud a investigadores de las Universidades de Lleida y Zaragoza por su trabajo Financial Exclusion, depopulation and ageing: An analysis based on panel data, (Exclusión financiera, despoblación y envejecimiento: Un análisis basados en datos de panel). El estudio revela que la exclusión financiera no es solo un asunto del mundo rural sino que afecta también a las poblaciones próximas a las grandes ciudades. Los profesores María Pilar Alonso, Pilar Gargallo, Carlos López–Escolano, Jesús Miguel y Manuel Salvador concluyen que además del fenómeno rural en la tipología de localidades sin sucursales hay municipios con poblaciones más jóvenes y oportunidades laborales que están localizadas cerca de centros con gran dinamismo. Esto contradice su sospecha inicial de que este tipo de exclusión existía solo en municipios muy pequeños, remotos y muy envejecidos”. “Este hecho demuestra que las medidas que se adopten para solucionar este tipo de exclusión deben adaptarse a las características sociodemográficas y territoriales de los municipios ya que sus necesidades de acceso bancario presumiblemente serán diferentes”.

Serrano explicó que en ediciones anteriores se habían galardonado estudios relativos a “las consecuencias biopsicosociales de los desahucios”; “la actividad bancaria como servicio de interés general” y “la vulnerabilidad financiera de los hogares” más pobres. Los trabajos están disponibles en la página web de Finsalud.