Larry Fink no se encuentra en el top de las personas más ricas del mundo. Ocupa el puesto 2.478 en la lista que todos los años publica la revista Forbes, pues sólo tiene un patrimonio de 1.100 millones de dólares (200 veces menos que el más rico, Bernard Arnault). Sin embargo, Fink es el consejero delegado de Blackrock, el mayor fondo de inversión del mundo que maneja unos 10 billones de dólares, casi tanto como toda la riqueza de América Latina, el doble de la de África, o más de seis veces el PIB de España y sólo superados por el de Estados Unidos y China.
Junto a otros tres o cuatro grandes fondos de inversión, se podría decir que el fondo de Fink es el dueño efectivo en España, como en otros muchos países, de la banca, las compañías de seguros, constructoras, un buen número de grandes empresas industriales, transporte o comerciales, fábricas de armas… y, por supuesto, de los medios de comunicación más influyentes.
Sus inversiones sólo tienen un objetivo: aumentar continuamente sus beneficios a costa de lo que sea. Y ese “lo que sea” significa generalmente que lo que menos importa es mantener viva a medio o largo plazo la actividad de las empresas que adquiere o controla.
Y si les importa poco la vida de las empresas que adquieren, mucho menos les afecta lo que pase con la naturaleza a la hora de ganar dinero.
En 2020, Larry Fink afirmó que “el riesgo climático es riesgo de inversión” y que, por lo tanto, Blackrock iba a vigilar el comportamiento ambiental de las empresas en las que participaba para no invertir en las contaminantes. Pero esa idea no le duró mucho y pronto volvieron a las andadas, invirtiendo allí donde hubiera ganancias, con independencia de la contaminación que se produjera.
Blackrock, Vanguard, State Street y algunos otros fondos más controlan la principal cartera de inversiones en combustibles fósiles más contaminantes del mundo y diversos estudios han mostrado que es habitual que utilicen su influencia en los consejos de administración en los miles de empresas en donde participan para evitar que se tomen medidas que podrían frenar el cambio climático.
Por si hacía falta algo que confirmara su total ausencia de compromiso climático y que tan sólo buscan el beneficio inmediato, Larry Fink anunció hace unos días que creará un fondo que incluirá inversiones en criptomonedas.
El destrozo ambiental que hace la producción de estas últimas es brutal. Según un estudio reciente de Naciones Unidas, para producir bitcoins que sirven básicamente como activos para la especulación ha sido necesario utilizar la energía eléctrica que gasta un país de 230 millones de personas, como Pakistán. Para compensar la huella de carbono que generó sería necesario plantar 3.900 millones de árboles en una superficie equivalente a la de Países Bajos, Suiza o Dinamarca; y el gasto de agua realizado con ese exclusivo fin de especular equivale al necesario para satisfacer las necesidades actuales de agua doméstica de más de 300 millones de personas en las zonas rurales del África subsahariana (di más datos sobre lo que “cuestan” realmente las criptomonedas y su verdadera utilidad aquí).
Para hacer todo eso, incluso recurren al fraude. En 2021 se descubrió que Blackrock y otros fondos encargan la evaluación ambiental de sus inversiones a auditoras que utilizan métricas engañosas para disimular el daño climático real que producen.
Los causantes del extraordinario peligro ambiental al que nos enfrentamos y del destrozo de la naturaleza tienen nombres y apellidos y se sabe perfectamente cómo lo hacen. Lo sorprendente es que, en lugar de ponerlos en evidencia y detener a quienes lo provocan, se les permita controlar los medios de comunicación desde los que nos quieren hacer creer que sólo gracias a ellos podremos solucionar el problema.
Al capitalismo de nuestros días, revestido de conceptos como libertad de empresa, competencia, responsabilidad social, emprendimiento, progreso… se le podría aplicar lo que decía Ramón Pérez de Ayala sobre las estafas: “Cuando ya son enormes, toman nombre decente”.
