España no solo sobresale entre sus vecinos  europeos porque tiene una proporción más elevada de contratos de carácter temporal, sino que, si se observa cómo se distribuyen dichos contratos según su duración, se distingue, además, porque  abundan más los más cortos: es el país de la UE con un porcentaje más elevado de contratos de duración igual o inferior a los seis meses, y es, junto con Croacia,  el país con menos contratos de uno a dos años.

El Reino Unido ha dicho adiós a sus socios del club comunitario. Pero la salida de la Unión Europea materializada el 31 de enero pasado va a tener unos costes casi tan elevados para el país como todo el dinero con el que el país ha estado contribuyendo a las arcas comunes de la UE en los últimos 47 años. 

Ha hecho falta casi una década para que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en España haya vuelto a alcanzar niveles similares a los previos a la crisis, y casi roza los 15.000 millones de euros. Sobre todo, la evolución ha sido positiva por el tirón del sector privado, aunque en los dos últimos años también el sector público ha contribuido a la tendencia.

Las navieras mediterráneas  figuran en la lista de las compañías más contaminantes, junto con aerolíneas como Ryanair. Los barcos que navegaban a Europa y desde Europa emitieron en 2.018 .139 millones de toneladas de CO2. 

La población menor de 16 años es la que en España sufre una mayor privación material grave, que significa una falta relativa de bienes, recursos o servicios que   ampliamente extendidos en la sociedad a la que se pertenece. Era así en 2008 y seguía siendo así 10 años más tarde. 

Estados Unidos es el país del mundo con más personas millonarias, con un 40% del total. Y la cifra va en aumento (675.000 más en un año), según Crédit Suisse. España ocupa el décimo puesto, con 979.000 millonarios, un 470% más que en 2010 que se traduce en un 2% de la población millonaria mundial (con más de un millón de dólares). 

El funcionamiento de las transferencias sociales que ayudan a paliar la desigualdad de los hogares con rentas más bajas respecto de los que disfrutan de ingresos más elevados resulta ineficiente en España. En ello coinciden la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeos (OCDE). 

La obesidad se ha triplicado en el mundo en el último medio siglo. Es un reto no solo para la salud de las personas, sino debido a su coste económico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en los próximos 30 años, el sobrepeso será responsable del 70% del coste para tratar la diabetes, del 23% en el caso de las enfermedades cardiovasculares y del 9% en el del cáncer. 

Madrid y Barcelona figuran entre las 30 ciudades más seguras del mundo, según el último Safe Cities Index que publica The Economist Intelligence Unit. Este indicador global, en el que destaca Tokio y que mide la resiliencia urbana o capacidad de las ciudades para recuperarse de algún tipo de golpe o conmoción, tiene en cuenta distintos factores que, de hecho, funcionan como subíndices.

El índice de accesibilidad calcula la relación entre el poder adquisitivo real de un ciudadano medio y el poder teórico que esta necesita en teoría para comprar una vivienda media. La estimación parte de los ingresos brutos anuales según el Instituto Nacional de Estadística y deduce la parte máxima del salario destinada a costear una hipoteca.

Algunos países miembros de la Unión Europea ya han alcanzado los objetivos en materia de energías renovables que se fijaron de cara al año 2020. No es el caso de España, a tenor de los últimos datos compables entre países, correspondientes a 2017, de la Oficina Estadística de la UE (Eurostat). 

Uno de los quebraderos de cabeza de las personas que trabajan como autónomas es el tiempo que tardan en  cobrar un servicio. Cantabria, la Comunidad Valenciana y Baleares son las Administraciones que tardan más días en pagar a sus proveedores,  por encima del tope de 30 días fijado por ley, según  la Federación de Trabajadores Autónomos, con datos del primer semestre de 2019. 

Los países de la Unión Europea tienen realidades sociales, demográficas, económicas y laborales distintas. Aun así, los datos comparados sobre la influencia de  las políticas activas de empleo sobre el mercado de trabajo permiten concluir que la gestión de estas políticas en España logra resultados peores que otros países de la UE.