Cañada Real: casi tres años sin luz

Cañada Real Galiana es el asentamiento o barrio en construcción más grande de España, con más de 8.000 habitantes. Sus orígenes se remontan a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, cuando se establecieron allí emigrantes procedentes, sobre todo, del sur del país. Hoy es una ciudad lineal de 14 kilómetros de longitud formada por seis sectores de gran diversidad étnica social y urbanística. En algunas zonas las casas son perfectamente habitables y están plenamente consolidadas, pero en otras abundan las infraviviendas y las calles están sin asfaltar.

A escasos 15 kilómetros de la Puerta del Sol, unas 4.000 personas—más de la mitad niños y adolescentes— viven desde octubre de 2020 sin luz por un corte de suministro efectuado por la compañía eléctrica Naturgy. Aunque los generadores y las placas solares ayudan a aliviar la situación, muchas familias llevan dos años y medio iluminando sus viviendas con velas, pasando frío y con dificultades para cocinar, lavar la ropa y asearse. Los más afectados son los sectores 5 y 6, ubicados en el extremo sur del barrio.

"Racismo institucional"

Ignacio Campoy, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III y miembro de la Plataforma Cívica por el Derecho a la Luz en Cañada Real, opina que estamos ante “una grave vulneración de los derechos humanos” y de la Constitución, pues se está castigando a personas que ya de por sí atravesaban una situación de vulnerabilidad por vivir en un barrio aislado del resto de la ciudad, rodeado de autovías y vertederos y sin apenas servicios. “El corte del suministro eléctrico es la manifestación más grave de la situación”, afirma Campoy.

Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría de Estudios Sociales (CAES) y de la asociación de vecinos Tabadol, sostiene que los habitantes de Cañada Real están siendo víctimas de mobbing inmobiliario. El economista Alejandro Inurrieta, profesor de la UNED y experto en vivienda, está de acuerdo. No es casualidad, subrayan ambos, que el corte del suministro eléctrico se produjera justo después de que el Ayuntamiento de Madrid reactivara el desarrollo de los nuevos barrios del sureste de la ciudad —Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros—, que había sido paralizado por la Administración de Manuela Carmena y donde ahora está prevista la construcción de más de 100.000 pisos. Rubio afirma que el actual gobierno municipal, encabezado por José Luis Rodríguez-Almeida, se ha puesto del lado de los bancos y las empresas constructoras con intereses en los nuevos desarrollos, que temen tener dificultades a la hora de vender los pisos a personas de clase media tan cerca de un barrio degradado y estigmatizado como Cañada Real.

Inurrieta añade otro factor: en su opinión, estamos ante un ejemplo de “racismo institucional” por parte de los ayuntamientos de Madrid y de Rivas, localidades donde se ubica Cañada Real, pues las personas afectadas por el corte del suministro eléctrico son principalmente gitanos y vecinos de origen rumano y marroquí. “Se quiere eliminar el asentamiento por intereses inmobiliarios y que la gente se vaya lo antes posible”, recalca.
La situación ha sido denunciada por personalidades y organizaciones como el relator de la ONU para pobreza extrema, el arzobispado de Madrid, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y Save the Children, pero la luz no ha vuelto. Los vecinos consiguieron llevar el caso hasta el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que instó a España a reestablecer el suministro antes del 15 de diciembre de 2022; de nuevo, sin éxito.

Enfermedades crónicas

El argumento de Naturgy para cortar el suministro fue la proliferación de enganches ilegales a la red eléctrica, presuntamente utilizados para el cultivo de marihuana en interior. En febrero de 2021 un juzgado de Madrid dio la razón a la compañía eléctrica y archivó la denuncia presentada por los vecinos.
¿Por qué las Administraciones no ponen una solución al problema? Para Ignacio Campoy, la responsabilidad la comparten los ayuntamientos de Madrid y Rivas, la Comunidad de Madrid, el Gobierno y la sociedad en general. Los vecinos denuncian que el Pacto Regional por la Cañada Real, firmado en 2017 por las tres administraciones —local, regional y estatal—para normalizar la situación en el barrio no se está cumpliendo.
Houda Akrikez, presidenta de la asociación Tabadol, pone de manifiesto que quienes más sufren la degradación del barrio y la falta de suministro eléctrico son las mujeres, las adolescentes y las niñas. “Nuestras hijas e hijos son tan válidos como los demás, son el futuro de la ciudad” afirma Akrikez, que en marzo participó en una jornada solidaria con Cañada Real organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. La líder vecinal alerta de que la situación está poniendo en riesgo la salud y acortando la vida de las personas, pues se han cronificado enfermedades como el reuma, la bronquitis, la depresión y la ansiedad, además de las quemaduras. “Queremos firmar un contrato con la compañía eléctrica y pagar nuestro suministro eléctrico como las demás familias”, asegura.
Al sector 6 no llegan los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), por lo que los jóvenes que ya han terminado la ESO y quieren seguir con sus estudios tienen que caminar una hora por descampados para llegar a la estación de metro de Los Berrocales y de allí a sus respectivos centros educativos. Khadija Ajahiou, estudiante y activista del colectivo Jóvenes en Acción de Cañada Real, llama la atención sobre las dificultades para estudiar en igualdad de condiciones con sus compañeros de instituto: 

“Siempre hemos estado un escalón por debajo y por vivir en este barrio no tenemos las mismas oportunidades”. Cuenta Khadija que en invierno tiene que estudiar a la luz de las velas, tapada con mantas y sin Internet. “Estudiar, que es nuestra única salvación para tener una vida digna, se está haciendo imposible”, se lamenta. Otra estudiante, Dyaa Ezzerouali, sostiene que sus compañeros la miran “de manera diferente” por vivir en la Cañada Real y recuerda que su familia tuvo que pasar Filomena —la mayor tormenta de nieve caída sobre Madrid en varias décadas, en enero de 2021— sin luz ni calefacción. La vivienda en la que vivía se incendió porque su abuela volcó sin querer una vela sobre la cama.

El realojo como solución

El realojo de los vecinos es la salida que defienden las Administraciones, pero no se conocen planes para llevarlo a cabo. Inurrieta opina que los realojos no son la solución, pues contribuyen al desarraigo de los vecinos. Con planes de realojo o sin ellos, los vecinos lo que quieren es “¡luz ya!”, como reza uno de los eslóganes más repetidos en sus manifestaciones de protesta. El abogado Javier Rubio cree que devolver la luz eléctrica es sencillamente una cuestión de voluntad. “Si hay un corte en el suministro en el barrio de Salamanca, sea por la razón que sea, no dejan a la gente sin luz dos años. Eso seguro”.