Una lacra social cronificada

Las numerosas cifras que avalan el buen comportamiento de la economía española (crecimiento y empleo, principalmente) quedan eclipsadas cuando se contrastan con la elevada tasa de pobreza infantil. La carencia de los recursos vitales necesarios, que afecta a 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes, es incontestable. Todos los organismos estadísticos públicos y privados, nacionales e internacionales coinciden en destacar esta grave lacra social que afecta a un tercio de los menores españoles. Lo verdaderamente preocupante es la ineficiencia de las políticas aplicadas para combatir el problema, que permanece estancado desde 2014 y en algunos indicadores desde 2008. Resulta notorio el contraste con otros países europeos que han logrado significativas mejoras en este ámbito. La realidad social española queda bien definida con las palabras de Raül Flores Martos, coordinador del IX Informe Foessa, al afirmar: “La pobreza se cronifica y se hace multidimensional, golpeando especialmente a la infancia y extendiéndose a las clases medias trabajadoras”.

Los cuatro principales indicadores de la pobreza —la tasa AROPE (el más amplio, que mide la proporción de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social), la tasa de pobreza (que calcula solo los aspectos monetarios), la pobreza y la carencia material extremas— proporcionan cifras verdaderamente alarmantes (veánse gráficos en la página 8). La realidad es que el 34,6% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años estaban en AROPE en 2024. Es una situación de precariedad que en la Unión Europea solo superaba Bulgaria (35,1%), según el 15º Informe El Estado de la Pobreza, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, (EAPN, por sus siglas en inglés).

Durante el mismo año, la tasa de pobreza infantil afectaba a 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que representa el 29,2% de los menores de edad. Este dato revela que España registró la tasa más elevada de pobreza infantil de toda la Unión.

Un lastre casi insuperable⁣
Especialmente preocupantes son los indicadores de pobreza y carencia material y social extremas, que afectan al 14,1% y 11,2%,respectivamente, de los menores de 18 años. El estudio La pobreza infantil en España: evolución reciente y políticas, elaborado por los investigadores Miguel Ángel Malo y Fernando Pinto, y publicado el pasado mes por Funcas, define la pobreza extrema como la situación en que se encuentran las personas cuyos ingresos están por debajo del 40% de la mediana de la población. El estudio cifra en 812.200 los niños que padecían carencias materiales graves en 2024, apoyándose en los datos de la Plataforma de Infancia.

La cronificación de la pobreza infantil es una de las observaciones que más se repiten en los distintos estudios. El de EAPN, elaborado con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), incluso registra un aumento de la pobreza infantil en los últimos años. Así, constata que la tasa del 27,3% de pobreza infantil registrada en 2008 ha aumentado hasta el 29,2% en 2024 (gráfico 5).

La cronificación de la tasa de pobreza general (menores y adultos) es especialmente preocupante porque apenas varió entre 2008 (19,8%) y 2024 (19,7%). Sin embargo, entre estos mismos años el PIB per cápita de los españoles registró una notable subida al pasar de los 24.192 euros en 2008 a los 30.968 euros en 2024, según El Estado de la Pobreza, 15º Informe 2025, de EAPN.

Por su parte, la tasa AROPE de los menores de 18 años, que descendió del 36,7% en 2014 al 34% en 2015, volvió a encaramarse hasta el 34,6% en 2024. El aumento de la pobreza infantil afecta también a comunidades autónomas con un elevado nivel de renta. En Cataluña, por ejemplo, la tasa AROPE infantil en 2024 fue del 34,7%, superior al 34,5% del conjunto de España y 10 puntos por encima a la media de la UE (24,2%).

El Consejo Económico y Social (CES) realizó en 2024 un profundo y extenso informe, Derechos, calidad de vida y atención a la infancia, en el que resaltó: “Vivir la infancia en desventaja socioeconómica supone un lastre muchas veces insuperable en las trayectorias vitales de las personas, alimentando la conocida transmisión intergeneracional de la pobreza, además de inequidad social e ineficiencia económica generadora de importantes costes colectivos”. El informe subrayó el fenómeno de la cronificación al señalar que las tasas de pobreza de la infancia “eran más elevadas que en otros países con nivel de renta similar o inferior, que se mantienen a lo largo del tiempo y se cronifican en un porcentaje de población infantil comparativamente alto”.

Alto coste económico
Además del daño inmediato a la salud y al desarrollo que padecen los niños que sufren carencia de recursos, la pobreza infantil tiene un elevado coste económico para el conjunto de la sociedad. Un estudio referencial sobre esta materia, El coste de la pobreza Infantil en España (2022), del Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil, concluyó: “La pobreza infantil tiene un coste anual de, como mínimo, 63.079 millones de euros, lo que equivale a un 5,1% del producto interior bruto, (PIB)”. El trabajo, elaborado por un equipo de expertos dirigido por las profesoras Olga Cantó y Libertad González, concluyó: “Una persona que vivió en situación de pobreza en su adolescencia gana hoy 5.130 euros brutos anuales menos. Además, tiene una probabilidad de sufrir exceso de peso y depresión el 36% y el 12% superior, respectivamente”. 
 

La mayor parte de las pérdidas están relacionadas con la productividad laboral y se reflejan en los menores ingresos de los trabajadores afectados (57.000 millones de euros anuales), a las que hay que añadir las provocadas por el deterioro de la salud (6.079 millones de euros anuales). El informe también destaca la relación entre la pobreza infantil y las dificultades de acceso a la universidad. “Las personas que en su adolescencia estuvieron en situación de pobreza tienen el 28%  menos de probabilidades de alcanzar un nivel de estudios superior”, señala.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 ha actualizado los resultados del citado informe y estima que el coste de la pobreza infantil actualmente “se acercaría más a los 70.000 millones de euros anuales”.

Fuentes de este departamento precisan que otro estudio de la OCDE, The economic cost of costs of childhood socio–economic disadvantage in European OECD countries (El coste económico de las desventajas socioeconómicas infantiles en los países europeos de la OCDE), “estimó un coste equivalente al 4% del PIB en nuestro país. Esto supone unos 60.000 millones de euros”. La OCDE calculó un impacto adverso adicional a la salud y al empleo: la pérdida en recaudación fiscal que supone la pobreza infantil. El Ministerio estima estas pérdidas en unos 16.000 millones de euros anuales.

200 euros al mes por hijo
“Lo que nos indican todas las estimaciones, tanto las nacionales como las internacionales, es que el impacto económico negativo de la pobreza infantil es muy superior al coste de implementar un nuevo derecho de ciudadanía, la prestación universal por crianza”, sostienen desde el Ministerio que pilota Pablo Bustinduy (Sumar). “La medida que esperan todas las familias en España y que haría más para paliar la pobreza infantil son 200 euros al mes por hijo, independientemente de cómo se desarrolle. Hay varios mecanismos para ponerla en marcha. La Plataforma de Infancia, que agrupa las principales organizaciones nacionales e internacionales, propone una deducción reembolsable por hijo a cargo para todas las familias. 

“Si tenemos en cuenta un coste neto, puesto que ya invertimos en apoyo a la crianza mediante otras ayudas menos eficaces, es muy inferior al 1% del PIB. Ese 1% del PIB es, precisamente, la brecha de gasto en familias e infancia que nos separa de la media de la Unión Europea”, estima el Ministerio.

El estudio Más de mil millones de razones, elaborado por Unicef y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene que la universalidad es la mejor apuesta contra la pobreza infantil y citan los países que la aplican actualmente. En la UE, son Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, Austria, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Por su parte, Portugal, Italia, Chipre y Malta aplican un sistema cuasi-universal y solo España, República Checa, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Grecia carecen de una prestación universal. Estas prestaciones reducen la pobreza infantil en más de 10 puntos.

Una investigación de la Comisión Europea, Investing in Children: The  Impact of EU Tax and Benefit Systems on Child Poverty and Inequality (Invertir en la infancia: el impacto de los sistemas fiscales y de prestaciones de la UE en la pobreza y la desigualdad infantil) indica que en Alemania la tasa de pobreza infantil ha caído a la mitad (del 30% al 15%) gracias a su Kindergeld (prestación por hijo) de 255 euros al mes. Este país y los nórdicos implementan esta medida desde hace más de medio siglo y nunca han cuestionado que su diseño sea universal. 

Los técnicos de derechos sociales indican que las prestaciones universales “permiten a todos los hogares acceder sin burocracia y sin que se genere un estigma social entre las familias que verdaderamente lo necesitan. Esto se observa en otros países con universalidad como Eslovaquia, Chequia y Austria, donde la tasa de pobreza infantil desciende entre la mitad y un tercio”. Añaden:  “En España y Portugal, nuestras ayudas segmentadas y no universales para la crianza apenas reducen el impacto de la pobreza infantil”.

Sobre este punto el informe Child Poverty: The cost Europe cannot Afford. Why investing in children is Europe’s urgent necessity and smartest economic choice (El coste que Europa no puede asumir. Por qué invertir en la infancia es una necesidad urgente para Europa y la opción económica más inteligente), de la ONG Save the Children, destaca: “Las transferencias sociales desempeñan un papel fundamental en la reducción de la pobreza en toda la UE, reduciendo la tasa de riesgo de pobreza del 33,2 % antes de las transferencias al 19,3 % después, lo que supone una caída media de 13,9 puntos porcentuales. Países como Polonia, Irlanda y Finlandia, que combinan un gasto social relativamente alto o bien focalizado, lograron la mayor reducción de la pobreza (más de 17 puntos porcentuales). Por el contrario, España y Rumanía, con un gasto general menor o una mayor dependencia de las prestaciones sujetas a la comprobación de recursos, mostraron un impacto mucho menor. Esto sugiere que no solo el nivel, sino también el diseño de los sistemas de protección social —en particular, el equilibrio entre el apoyo universal y el específico— influyen en la eficacia de la mitigación de la pobreza”. 

Desde un punto de vista estrictamente económico, los beneficios de las ayudas a los niños pobres han sido destacados por el profesor James Heckman, especialista en economía de la salud, de la educación y de la familia y galardonado con el el Premio Nobel en 2000. El economista estadounidense ha asegurado: “Realizar inversiones acertadas en programas destinados a niños desfavorecidos entre el nacimiento y hasta los 5 años produce beneficios muy superiores a los costes”.

En cualquier caso, el gasto en protección social dedicado a familia y niños en España (375 euros por habitante en 2022) es la mitad del de la UE  (715 euros por habitante), según Eurostat.

Ayudas a las guarderías
El profesor Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), coincide con la  necesidad de implementar una prestación universal para reducir la pobreza infantil. “Cuando realizamos el informe”, explica, “llegamos a la conclusión de que la mejor medida para atajar la pobreza infantil era una ayuda universal a todos los niños hasta los 3 años. Algunos proponían hasta los 6 años y otros hasta los 9 o 12 años. En el Consejo participan 60 representantes de sindicatos, patronales y otras entidades y en lo que llegamos a consenso es en la prestación universal, con independencia de la renta, de 0 a 3  años”.

“En el estudio llegamos a la conclusión de que había dos colectivos muy afectados por la pobreza infantil: las familias monomarentales y los hogares de los inmigrantes”, recuerda Costas, quien añade: “Creo que cuando se analiza este problema sería bueno tomar en consideración un concepto de familia más extenso. Habría que buscar la manera de compensar de alguna manera a los abuelos que dedican más del 30% de su pensión a ayudar a sus nietos ”. En la misma línea, considera relevante “avanzar en la idea de universalizar las guardería”.

El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar propugna “la implantación de una prestación  universal por crianza como ya están aplicando 17 países europeos”, ha señalado el ministro Bustundui. La medida está pendiente de los apoyos políticos necesarios. En la misma línea por primera vez se incluirán indicadores de pobreza en el cuadro macroeconómico del Gobierno.