La UE contra el 'greenwashing'

La nueva directiva europea contra el greenwashing (lavado de imagen verde), publicada en marzo, es un avance en los esfuerzos por evitar las falsas comunicaciones empresariales sobre su aportación a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, es solo un pequeño paso que, según organizaciones de consumidores, de responsabilidad social corporativa y ecologistas, está muy lejos de evitar las malas prácticas.

La directiva se centra básicamente en los etiquetados. Un estudio de la Comisión Europea concluyó que en el 37% de los casos las etiquetas incluían afirmaciones vagas como consciente, ecológico, sostenible, dando una impresión infundada de que un producto no tenía un impacto negativo en el medio ambiente. “Además, en el 59% de los casos, el comerciante no había proporcionado pruebas fácilmente accesibles”, subraya la Comisión.

La directiva establece unos criterios claros sobre el etiquetado y la inspección. Actualmente, hay 230 etiquetas de sostenibilidad y 100 de energía verde, pero no están todas verificadas por la UE.

Con Greenpeace, 20 organizaciones firmaron una carta dirigida al Ministerio de Consumo en la que piden que se cree un “observatorio para el control del lavado verde”, que llegue todavía más allá de la directiva y que sancione este tipo de prácticas en su conjunto, sin excepciones.

Desafección

Este lavado verde es, para Orencio Vazquez, muy contraproducente en términos de sensibilización sobre temas medioambientales. “He oído incluso a empresas justificarse diciendo: ‘nosotros difundimos, hacemos una labor de concienciación y no entendemos por qué se nos ataca’. Es exactamente lo contrario. Lo que generan es que la gente piense que todo es mentira, que todo el mundo hace lo que quiere y dice lo que quiere, y que, por tanto, no hay por qué hacerlo bien. No hace falta. Genera desafección. Ya todo da igual”. 

“¿Cómo puede ser que habiendo solo un 1,5% del algodón orgánico en el mundo se venda tanta ropa con el sello orgánico? No es creíble”, ejemplifica Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC y profesor universitario.

Poner orden en el caos es positivo, afirma la unión de consumidores OCU. “La legislación actual resultaba insuficiente para abordar adecuadamente las cuestiones relativas a la comunicación en materia de sostenibilidad”, explican. “Va a servir para reducir el número de etiquetas ecológicas y afirmaciones medioambientales infundadas. El procedimiento de certificación va a suponer una criba y unas reglas de juego comunes para todas las empresas. Cuando la fase de uso del producto tenga un impacto ambiental relevante, tendrá que incluir información al consumidor sobre cómo usarlo bien, algo que refuerza la necesidad de educación al consumidor que es una ya tradicional petición de la OCU. Además, la información y su justificación tendrán que estar disponibles, ya sea físicamente u online mediante un enlace web o código QR”.
 

Agujeros

Otro punto positivo, según la OCU, es que se requiere que las afirmaciones y etiquetas sean certificadas por terceros antes de ser utilizadas y que las etiquetas ambientales oficialmente reconocidas aparezcan en una lista de la Comisión. La directiva también propone sanciones disuasorias para las empresas que lo incumplan de, al menos, el 4% de la facturación anual.

Sin embargo no todo es positivo. De hecho, la misma OCU considera que la propuesta se queda corta en algunos aspectos como el carácter voluntario por parte de las empresas. Por otro lado, la propuesta no requiere un análisis completo del ciclo de vida para cada tipo de afirmación. Aunque sí exige que las afirmaciones estén respaldadas por evidencias científicas y especifiquen si se refieren al producto completo o solo a una parte, que se refieran a aspectos significativos desde una perspectiva del ciclo de vida y que aporten una mejora significativa. Para las afirmaciones relacionadas con el clima, exige que se diferencie entre afirmaciones de reducción de emisiones o solo las de compensación.

Otra de las cuestiones que en la práctica todavía no queda clara es cómo se va a regular. “Hasta el momento, la regulación que existe es insuficiente”, señalan en la OCU. “Las etiquetas que más conocen los consumidores son las de menor impacto ambiental. Por ejemplo, entre las etiquetas más conocidas por los consumidores figura el triángulo de flechas (Möbius), un sello con escaso valor para certificar la sostenibilidad de un envase.

¿Podemos denunciar desde la ciudadanía? Se puede, pero no es tan fácil, responde la OCU, porque “mientras no haya legislación que lo regule, es complicado ponerle freno”.

Greenpeace es todavía más contundente. “Lo que vemos es un fraude masivo”, dice Miguel Ángel Soto, biólogo y responsable de campañas de la organización ecologista. “No es solo el etiquetado, es que todo el IBEX está involucrado en un greenwashing que no se mide. Es un greenwashing y un socialwashing. Parece que todas las grandes empresas son ahora lo mejor, pero es que no es así. Por ejemplo, nadie le pone un freno al greenwashing financiero. Las grandes entidades financieras están acostumbradas a la desregulación y se les permite una rendición de cuentas maquillada en lo referente al impacto social y ambiental de su cartera de inversión y su presencia en paraísos fiscales (...). El cero neto es totalmente incompatible con la inversión continua en combustibles fósiles y, especialmente, con nuevas inversiones en prospección y exploración. Y, sin embargo, desde que se firmó el Acuerdo de París hasta 2020 la banca privada ha invertido 4,6 billones de dólares —casi cuatro veces el PIB español— en nuevos proyectos fósiles. De ellos, se calcula que 75.000 millones vendrían de los tres grandes bancos. Esas entidades —Santander, BBVA y Caixabank— financian el mayor proyecto de terminal de gas natural licuado del mundo en Luisiana (EE UU), Plaquemines LNG, con 21.000 millones de dólares. Por otro lado, está la contradicción, por parte de la misma Comisión, de decir que financiar estructuras de gas o nucleares sea, ahora mismo, una inversión verde. “La misma Comisión hace greenwashing”, culmina Soto.