Giro de Europa
Bruselas, alentada por varios gobiernos, impulsa un sistema de retorno de inmigrantes que incluye enviarlos a centros extracomunitarios
Europa endurece a marchas forzadas su política de inmigración, reflejo de la derechización de buena parte de sus gobiernos y de sus instituciones comunes. A un año de que entre en vigor el Pacto Migratorio y de Asilo acordado después de una década de negociaciones —un acuerdo que refuerza las fronteras de la Unión Europea y que incluye cuotas de acogida de inmigrantes en los distintos países (o, a cambio, pagar 20.000 euros por persona)—, la Comisión Europea se ha propuesto acelerar las expulsiones de las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada.
Bruselas hace tiempo que subraya que únicamente el 20% de inmigrantes que tiene ya una orden para abandonar el país de la Unión se acaba yendo, según Eurostat, y busca lo que denomina "soluciones imaginativas" para que el porcentaje de expulsados aumente.
Su propuesta más llamativa parece inspirada en los centros de deportación a países terceros que intenta impulsar con Albania la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pese a la reticencia de los jueces y el estupor entre las organizaciones humanitarias. La principal diferencia es que el plan de Roma contempla expulsar a centros extracomunitarios mientras se tramita su petición de protección. La iniciativa del Gobierno de Ursula von der Leyen prevé que los países de la Unión solo puedan enviar a dichos centros a quienes tengan ya una respuesta negativa. Las familias con menores y los menores no acompañados no podrán quedar excluidos. La Comisión asegura que quiere fomentar el retorno "voluntario", pero el retorno será forzoso si no se coopera o se huye.
El filtro de los gobiernos
El nuevo sistema de retorno europeo deberá ahora pasar por los gobiernos y el Parlamento Europeo. La inmigración es un tema caliente que divide a la UE —España rechaza los centros extracomunitarios—, pero la mano dura gana adeptos. Hasta 17 de los gobiernos, liderados por Países Bajos y Austria, pidieron en octubre que se agilizaran las devoluciones de quienes vieran denegada su solicitud, y hace un año , una quincena —incluida Dinamarca, donde no gobierna la derecha— habló de externalizar la gestión migratoria a países terceros.
Según Frontex, la agencia de control de fronteras exteriores de la Unión, en 2024 la inmigración ilegal cayó el 39%, hasta las 239.000 llegadas. Es la cifra más baja desde 2021. El retroceso se produjo en las principales rutas, pero no en el caso de Canarias: las llegadas aumentaron el 18% el año pasado.
Por lo que respecta a las solicitudes de asilo en territorio de la Unión, en 2024 la cifra se redujo el 11%, y se quedó en 1.014.420, según la Agencia de Asilo de la Uunión (AEUE). El dato lleva dos años por encima del millón, solo superado ampliamente en la crisis migratoria de 2015 y 2016. "Europa ha tocado fondo", resumía Amnistía Internacional las críticas de las organizaciones humanitarias.
Países "seguros"
En esta línea, y en nombre de la "agilidad" y de la "eficacia", el Ejecutivo de Bruselas presentó en abril una lista de países de origen que considera "seguros" a la hora de filtrar las solicitudes. La lista, aún preliminar, incluye Túnez, India, Colombia, Bangladesh, Egipto, Kosovo y Marruecos. Las personas que procedan de estos países difícilmente obtendrán el asilo —aunque la Comisión asegura que se estudiarán las peticiones individualmente—. Cumplen, al menos sobre el papel, condiciones como no estar en guerra, no haber sido sancionados por la UE o tener una tasa de reconocimiento de solicitantes de asilo superior al 20%.
Si se viene de un país "seguro", el procedimiento administrativo se acorta a tres meses. La lista de Bruselas no quita que cada país de la UE pueda añadir otros países "seguros" a su propia lista.
